Goteo de casos de cambio de sexo para sortear las penas por violencia de género

Solo en este año, varios hombres han podido cambiar de sexo en el Registro Civil para sortear penas por violencia de género. En marzo, la Comunidad de Madrid alertaba al Ministerio de Igualdad de que seis varones que estaban registrados en el sistema VioGén por haber sido denunciados como presuntos agresores de mujeres habían conseguido cambiar su sexo. Todo gracias a que la ley sólo exige que la persona declare que se siente mujer. Además, tres de ellos habían pedido ser protegidos como las mujeres a las que ellos mismos habrían agredido, como víctimas de violencia de género. La actual ministra de Igualdad, Ana Redondo, declaró que tenía constancia del caso, pero que ninguna de las tres peticiones tuvieron que ser atendidas «por el momento».

En junio, Baleares pudo frenar el intento de un hombre que quiso cambiar de sexo antes de su sentencia por un delito de amenazas en el ámbito de violencia de género. El condenado discutió con su pareja sentimental y con ánimo de amedrentarla le dijo que si le contaba algo a los niños, los perdería y «tendría consecuencias». «Si hace falta te mato, pero a los niños no los ves más», la amenazó según consta en la resolución. Previamente a la sentencia, el procesado había solicitado la rectificación de sexo queriendo constar como mujer en el Registro Civil y con otro nombre. No obstante, la magistrada desestimó su solicitud. Fue el primer caso denegado en el archipiélago.

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ABC de Sevilla

«La utilización por parte del agresor de esta norma persigue el uso torticero que se pudiera hacer de una ley», ha dicho el abogado penalista José Antonio Sires

Ayer, al historial se añadía un hombre más. En concreto, un señor de Sevilla, maltratador reincidente, que se había cambiado de sexo para intentar evitar ser juzgado por violencia de género y así eludir la cárcel. Así lo denunció el abogado de la víctima, José Antonio Sires, que recordaba que el agresor estaba denunciado por delitos de lesiones, amenazas y maltrato familiar. La mujer rompió hace cinco años la relación sentimental que mantenía con su ex debido a malos tratos, tanto psicológicos como físicos, que sufrió durante más de diez años. El Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Sevilla había dictado en 2014 «varias órdenes de protección» en favor de la mujer, que el inculpado habría «quebrantado en numerosas ocasiones». Su defensa explicó en una nota de prensa que el denunciado fue condenado en 2019 a 15 meses de prisión por un delito de quebrantamiento de condena y por un delito adicional de amenazas; ordenando finalmente el 11 de septiembre de 2023 el Juzgado de lo Penal número tres «su ingreso inmediato en prisión».

Sin embargo, en agosto del año pasado, según el letrado, el inculpado habría formalizado un cambio de sexo, extremo que califica de «fraude de ley»; porque este hombre, «que cuenta con antecedentes penales en materia de violencia de género», busca ser enjuiciado por un tribunal penal y no por uno específico de violencia de género y, por ende, quiere «evitar las penas concretas para el hombre que ejerza violencia física o psicológica contra su mujer o exmujer». Por su parte, la defensa del inculpado ha solicitado un indulto. Tras ello, el pasado 13 de agosto, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer que conoce el caso, «ha dictado auto de inhibición a los Juzgados de Instrucción porque el sexo de la persona denuncia ha cambiado, siendo ahora el de mujer, y por ende, sobreviene falta de competencia objetiva».

En septiembre de 2023 trascendía el caso de Antonio Luis B.R., quien tras haber sido condenado a cárcel por violencia de género había acudido al Registro Civil y se había inscrito como mujer en virtud de la vigente ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y garantía de los derechos LGTBI, solicitando después ser indultado de sus penas de prisión al considerarse una persona «nueva».

Ayer también se supo que el ertzaina que intentó agredir el pasado sábado a su mujer y sus hijas con un cuchillo en el barrio de Txomin (San Sebastián) y que posteriormente se conoció que había modificado su sexo el pasado mes de noviembre, conforme a la ley Trans, no cambió su nombre tras registrarse como mujer. Mantuvo su nombre de hombre, pese a registrarse como mujer (algo a lo que no obliga la ley).

Por su parte, la Fiscalía insiste en que actualmente se le trata como si tuviera sexo femenino durante la Instrucción del caso. «Su sexo se corresponde al que ha elegido», trasladan a ABC desde la Fiscalía Provincial de Guipúzcoa, que investiga el caso. El Ministerio Público intenta que el Juzgado de Instrucción nº3, que le imputa un delito de amenazas graves, se inhiba de la causa en favor de un Juzgado sobre la Mujer, para que así pueda ser juzgado por violencia de género, elevando la posible pena contra el presunto agresor por agravante. Además, en ese caso, la víctima podría acceder a una serie de medidas de protección especiales, así como a un paquete de ayudas económicas, sanitarias y asistenciales.

En cuanto a un posible fraude de ley en el cambio de sexo, la Fiscalía no contempla presentar una demanda, que abriría un proceso civil independiente del caso penal que ahora está en manos del Juzgado de Instrucción nº 3. En tal caso, para solicitar la nulidad, se deberían encontrar datos objetivos suficientes para demostrar que la finalidad en el cambio de sexo se dio con un fin ilícito. Además, las fuentes de la investigación consultadas dicen no tener constancia de su supuesta vinculación con la extrema derecha, tal y como deslizó EH Bildu en un comunicado emitido el pasado lunes.

En él reclamaban a la Consejería de Seguridad medidas drásticas para terminar con el «fascismo» en el cuerpo y exigían la expulsión definitiva de la (ahora) ertzaina acusada.