El Gobierno ignora a 13 comunidades y acelera las cotizaciones para los becarios

Josefina G. Stegmann

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23/12/2023
Actualizado a las 14:04h.

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La ministra de Educación, Pilar Alegría, se levantó la pasada semana en mitad de la reunión que estaba celebrando con los consejeros del ramo de las 17 comunidades (la mayoría en presencial) para hacer un anuncio a la prensa. Iba a proponer a las comunidades (cuyos representantes la estaban esperando precisamente en otra sala) la prohibición de los móviles en Primaria y Secundaria. Los consejeros se enteraron por los medios porque, según cuentan algunos de los asistentes, ella se limitó a decirles que celebraría en enero una reunión para tratar el tema de los dispositivos en clase pero no fue a más. Alegría prefirió darle el titular a la prensa.

El problema no fue solo el lógico enfado de los consejeros -mayoritariamente del PP- sino que el motivo de la reunión de aquel día era otro y la ministra evitó centrarse en él. Se trataba de la reforma de la ley de la Seguridad Social que obligará a las empresas a cotizar por los becarios (alumnos universitarios y de Formación Profesional) a partir del 1 de enero. Solo los alumnos de FP afectados por la medida ascienden a 1.100.000 alumnos, según fuentes de Educación.

El PP sacó músculo antes de la reunión a las puerta del ministerio con una foto de grupo que de poco sirvió porque Alegría consiguió pulverizarla con el anuncio de los dispositivos móviles. «Gran jugada», reconocieron incluso algunas fuentes del PP. La cuestión es que el problema seguía sobre la mesa. Las regiones del PP pidieron, sin éxito, la derogación (en el caso de Madrid) o, al menos, la moratoria. Alegría no lo concedió. Cabe recalcar en cualquier caso que el Gobierno ya retrasó -hasta enero de 2024- la medida que estaba prevista para octubre de este año.

La petición de la prórroga no solo la hicieron las doce comunidades gobernadas por el PP sino también Cataluña. La petición se hizo directamente a la ministra el miércoles de la semana pasada en la Conferencia Sectorial de Educación, pero también hace tan solo dos días, en el encuentro de la secretaria general de Formación Profesional, Clara Sanz con los directores generales de FP de las comunidades y los directores provinciales de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). Tampoco hubo éxito.

Ahora, el Gobierno tiene una oportunidad de oro para hacerlo. ¿Cuál? El decreto de medidas urgentes que aprueba el martes que viene el Consejo de Ministros, al que ha tenido acceso ABC, y que abordará cuestiones relacionadas con la Seguridad Social -en concreto, el aplazamiento del pago de las cuotas a los afectados por el volcán de La Palma-. «El Gobierno puede prorrogar la entrada en vigor de las cuotas sociales de los becarios. Esta opción permitiría a los gobiernos autonómicos buscar una salida razonable para que los estudiantes puedan hacer sus prácticas y egresar», apunta Jorge Sainz, exsecretario general de Universidades.

El problema de las comunidades es, en cualquier caso, de gestión no de dinero -al menos de momento- ya que será la Seguridad Social la que asuma el 95 por ciento del coste, mientras que del 5 por ciento restante se hará cargo el Gobierno -aunque respecto a este último porcentaje responderá el Ejecutivo sólo el primer año-.

¿Cuáles son esos problemas de gestión? El día de la reunión con Alegría, la Comunidad de Madrid hizo llegar dudas, por ejemplo, de cómo cotizarán los Erasmus si no se encuentran en España o qué ocurrirá con los alumnos desempleados, ya que la realización de estas prácticas supondrá el freno en el cobro de la prestación económica. Pero en el último encuentro se encontraron con más frentes: «En la reunión del pasado jueves se cambió el criterio para que cada centro tuviera un código de cuenta de cotización y no como hasta ahora que cabía la opción de que haya uno por cada comunidad o provincia», dicen fuentes de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid. De hecho, solicitaron «hace dos meses un código y después de la reunión la Tesorería Provincial de Madrid nos llamó cambiando el criterio», añaden.

De lo mismo se queja Castilla y León: «En la reunión se incluyó la obligación de que cada centro educativo tenga un código de cuenta de cotización. Y en los encuentros anteriores se habló de un código de cotización por provincia. Cuestiones técnicas que complican, aún más, la gestión de la medida», dicen fuentes de la consejería castellanoleonesa que reconocen a este diario que les hacen «tragarse un sapo».

La Generalitat de Cataluña reconoce que pidió una moratoria «desde hace tiempo» porque entiende que «el ministerio no comunicó con suficiente oficialidad los cambios que se van a producir y cómo se van a gestionar», señalan fuentes del departamento de Educación. Añaden que tienen preparado «equipos» para hacer todas las gestiones.

Castilla-La Mancha lo ve de otra manera. «Respaldamos y asumimos la propuesta del ministerio y además llevamos tiempo trabajando en ello. Las consejerías les pasarán los datos de los alumnos a la Seguridad Social y esta creará un código de cuenta de cotización por cada centro educativo, por lo que la tarea no recae ni en los centros ni a las empresas».

Desde Navarra, con la consejería del PSOE como en Castilla-La Mancha, hay «apoyo absoluto respecto a la medida y las fechas. Ya hubo demora y eso nos permitió trabajar con intensidad para poner en marcha las herramientas necesarias», señalan fuentes de la consejería de Educación de Navarra. Desde Asturias señalan que «la consejería está trabajando ya en habilitar el código de cuenta de cotización por cada centro desde el momento en que tuvo la confirmación oficial en la última reunión de la Conferencia Sectorial sin que se haya producido ninguna incidencia».

ABC ha preguntado al Ministerio de Educación su opinión respecto as las críticas de las comunidades (sobre todo las del PP) y han preferido no hacer declaraciones.