El Gobierno entierra el almacén nuclear de Villar de Cañas

La alternativa que el Gobierno propone a Villar de Cañas es la construcción de siete Almacenes Temporales Descentralizados (ATD) en la misma ubicación de las centrales nucleares, que además tendrán que cerrarse entre el año 2027 y el 2035. El coste de esta operación se calcula que superará los 20.000 millones de euros y será sufragado por los titulares de las instalaciones atómicas bajo el principio de 'quien contamina, paga'. A continuación, los residuos serán transportados definitivamente a un Almacén Geológico Profundo (AGP).

«El séptimo plan establece una hoja de ruta para que España pueda disponer de un AGP, asegurando un proceso previo de información y participación pública, a semejanza de los desarrollados en los países europeos que ya han decidido el emplazamiento de sus AGP, como Finlandia, Suecia, Suiza y Francia», informó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que dirige Teresa Ribera. De momento, no hay ubicación para dicho Almacén Geológico Profundo.

La estrategia del Gobierno español respecto a la energía nuclear choca con lo vivido en la Cumbre del Clima de Dubái de hace tan sólo unas semanas, cuando se acordó triplicar la instalación de las energías renovables a 2030 y acelerar tecnologías que sean limpias o bajas en carbono, entre las que se incluye la nuclear. El objetivo, en suma, es «reducir progresivamente» la energía basada en carbón.

«Hace 12 años Cospedal promovió la instalación de un cementerio nuclear en Castilla-La Mancha. Una decisión personal y partidista contra criterios técnicos y el sentir ciudadano. Hoy, por fin, el Gobierno actual entierra el ATC. Es un día de celebración para todos los que defendimos pararlo», escribió el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, en sus redes sociales. Mientras, el alcalde de Villar de Cañas, Alejandro Pernías, del PP, anunció que el Ayuntamiento está valorando recurrir al Tribunal Supremo, ya que se trata de una decisión «sin respaldo técnico ni científico». «Si esto no lo arregla la política, lo tendrán que arreglar los tribunales», añadió.

Para entender estas declaraciones, tanto de Page como del regidor conquense, hay que tener en cuenta que el Almacén Temporal Centralizado (ATC) siempre se ha visto como una cuestión política, nada técnica. En su momento, que el Gobierno de Rajoy eligiera este municipio (entre ocho pueblos candidatos en todo el país) se tomó como una 'victoria' de María Dolores de Cospedal, entonces presidenta de Castilla-La Mancha y también secretaria general del PP.

El proyecto supondría la inversión de más de 1.000 millones de euros en una comarca carcomida por la despoblación. Una gran mayoría de los vecinos de Villar de Cañas se entusiasmaron con el ATC; era como si les hubiera tocado la lotería. Hubo quien abrió un hostal, o un estudio de ingeniería y arquitectura, o una tienda de comestibles, o un bar o hasta una clínica dental. Y otros compraron terrenos «en previsión de...».

Al fin y al cabo, más de 200 personas trabajaron en mejorar las carreteras de acceso al pueblo. Incluso se levantaron tres grandes edificios que acogerían un vivero de empresas con auditorio incluido, unos laboratorios medioambientales y las oficinas de Enresa (la empresa pública que en España gestiona los residuos radiactivos). Sin embargo, faltaba lo más importante: el almacén nuclear.

En la acera de enfrente, Page ya había manifestado desde el primer minuto su oposición al ATC («basurero nuclear» era la expresión que utilizaba) y, al llegar al Gobierno autonómico en 2015, amplió la Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en la cercana Laguna del Hito. Una maniobra, sin duda, política, que paralizó las obras del proyecto. Así pasaron varios años en los que el Gobierno de Rajoy no hizo nada por reanudarlas y, cuando Pedro Sánchez aterrizó en La Moncloa gracias a una moción de censura, la nueva ministra dejó claro que entre sus planes no estaba Villar de Cañas.

En paralelo, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha falló en contra de Page y anuló la ZEPA porque «la única intención (...) no era proteger a las aves, sino paralizar un proyecto nacional que no interesaba políticamente al gobierno regional». En cualquier caso, un triunfo pírrico para los defensores del ATC, que con Teresa Ribera al frente de Transición Ecológica han visto pasar de largo esa lluvia de millones que se prometía en este rincón de La Mancha. Más o menos como 'Bienvenido, Mister Marshall'.