Clínicas de EE.UU. empiezan a trasladar embriones por temor a nuevas restricciones al aborto y su politización

Sabedor del impacto que puede tener en su campaña, Trump ha tratado de desmarcarse de las voces de su partido que defienden el establecimiento de restricciones al aborto de manera nacional, a través de legislación aprobada en el Congreso. También se ha distanciado durante el último mes del llamado Proyecto 2025, una agenda de gobierno diseñada por un grupo conservador en el que se instauraría una regulación muy estricta para el aborto.

Pero, al mismo tiempo, Trump tendrá en su contra algunos movimientos legislativos en estados republicanos contra la fecundación in vitro, que los demócratas aprovecharán como munición adicional. El pasado febrero, el Tribunal Supremo de Alabama determinó que los embriones son «niños no nacidos», lo que ha puesto en peligro a estos procesos de fertilidad en los que algunos embriones se desechan. Unos meses más tarde, los líderes de los Baptistas Sureños, la mayor congregación protestante de EE.UU., cuyos fieles son una de las bases electorales de Trump, establecieron su oposición a esa práctica y exigieron la protección de los «seres humanos embrionarios congelados». Desde entonces, el asunto ha provocado dudas en las clínicas de fecundación en Alabama sobre su situación y ha empujado a algunos clientes a trasladar los embriones desde estados de fuerte implantación republicana a otros más liberales.

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Javier Ansorena | Corresponsal en Nueva York

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La fecundación in vitro es una práctica muy popular en EE.UU., también entre los votantes republicanos. Su partido ha buscado dar garantías de que no irá contra ello e incluso que facilitará su acceso. Pero estos movimientos en territorios conservadores del país servirán para que los demócratas traten de movilizar al electorado en el puñado de estados que decidirán quién tendrá a partir del próximo enero las llaves de la Casa Blanca.

Al mismo tiempo, esta semana se han sumado dos nuevos miembros a los estados que celebrarán un referéndum para introducir protecciones al aborto en sus constituciones estatales. Se trata de Misuri y Arizona, donde las iniciativas de ciudadanos y activistas han recabado suficientes firmas para que el asunto se vote en noviembre.

Estos referéndums forman parte de la reacción a la sentencia del Tribunal Supremo del verano de 2022, en la que se eliminaron las protecciones federales en el acceso al aborto establecidas desde la década de 1970 con la decisión 'Roe v. Wade'. En esencia, los jueces establecían que la regulación del aborto es una cuestión estatal. La consecuencia es que decenas de estados de fuerte implantación republicana han aprobado leyes muy estrictas sobre aborto, incluida la prohibición de la práctica en más de una decena de ellos.

El germen de esa sentencia, que rompía décadas de precedente en el alto tribunal sobre el acceso al aborto, fue el reforzamiento de su mayoría conservadora durante la presidencia de Trump. El multimillonario prometió en 2016 a las bases conservadoras nominar a jueces de esa línea ideológica si llegaba a la Casa Blanca y cumplió: tuvo oportunidad de nominar a tres y procuró una mayoría conservadora, con seis jueces conservadores y tres liberales.

Trump celebró la sentencia pero, de puertas adentro, advirtió de que sería perjudicial para los republicanos en las urnas. No se equivocó: en las elecciones legislativas del otoño de 2022, su partido logró resultados por debajo de lo esperado. Y eso puede ser un aviso sobre lo que puede ocurrir este noviembre.

Desde ese año, varios estados han celebrado referéndums para que sus constituciones amparen el derecho al aborto. Ha ocurrido en estados progresistas, como California o Vermont; pero también en otros donde las fuerzas con los republicanos están igualadas, como Michigan; o que se inclinan hacia los republicanos, como Ohio. Incluso en territorios muy conservadores, como Kansas y Kentucky, los referéndums para eliminar el acceso al aborto en el texto constitucional han sido derrotados.

Las encuestas han demostrado que las prohibiciones totales de la interrupción voluntaria del embarazo son muy impopulares y la campaña de Harris responsabilizará a Trump de los cambios regulatorios tras la sentencia del Supremo. Sectores amplios de los votantes independientes y moderados, por los que ambos candidatos se tienen que pelear, consideran que debe ser una decisión personal de las mujeres .

El caso de Arizona tendrá una importancia especial. Es considerado uno de los siete estados que decidirán la elección, y ha vivido agitaciones fuertes durante el último año por la regulación del acceso al aborto. La pasada primavera, el Tribunal Supremo estatal determinó la entrada en vigor de una ley proveniente de la Guerra Civil estadounidense, a mediados del siglo XIX, que establecía una prohibición casi total del aborto, con la única excepción de salvar la vida de la madre.

De forma rápida, el poder legislativo del estado, que tiene mayoría republicana, repelió aquella ley. Pero el episodio motivó una campaña para incluir protecciones al aborto en el texto constitucional, y se ha demostrado como un asunto que moviliza a la ciudadanía. La propuesta para incluirlo en los referéndums de noviembre contó con 577.971 firmas, muy por encima de las 383.923 necesarias.

Harris ha pasado varias veces por Arizona el último año -incluida una visita la semana pasada ya como nominada demócrata a la presidencia- y el aborto ha sido una de sus prioridades para seducir al electorado.

La actual regulación en Arizona establece que se pueden practicar abortos hasta las 15 semanas de gestación. Tras ese periodo, hay excepción para salvar la vida de la madre, pero no para casos de violación o incesto. El referéndum establecería que el periodo se extiende hasta 24 semanas e incluye excepciones para «proteger la vida o la salud mental o física», de la madre.