Francisco Cárdenas, presidente de Aprodeme: «Unos pocos tienen bien montado el sistema de centros de menores en este país»

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Cárdenas traza una radiografía impactante de un modelo instaurado en el país, transferido a las autonomías y que se desentiende de los niños a los 18 años, porque «ya no son su competencia». Su conclusión es que «el sistema fracasa» estrepitosamente en su fin primigenio, la protección de los más débiles. «Se cometen errores gravísimos, se toman decisiones arbitrarias», dice, y refrenda sus palabras con testimonios.

Algunos de esos casos los ha llevado el abogado Enrique J. Vila, abanderado de la causa de los 'niños robados' en este país. Y esa pregunta planea sobre el libro. ¿Se siguen robando niños en la actualidad? «Aunque pueda parecer una problemática puntual», se mantiene a menores encerrados en centros gestionados «por unas pocas manos» con intereses espúreos, afirman los autores. «En el sentido de que arrancan de las manos por la vía forzada a los hijos y los separan de sus familias, la Administración sí nos roba a nuestros hijos», remacha el presidente de Aprodeme (Asociación para la Defensa del Menor).

¿Cuáles son los intereses ocultos que denuncian por parte de los grupos que gestionan los centros de menores?

Cada menor tutelado les reporta 4.000 euros al mes a estas empresas. El interés es tener los centros llenos. Esa es la cifra oficial, porque la realidad puede suponer inversiones mucho mayores. El sistema es muy complejo: el 80% de los centros están en manos privadas, de fundaciones, multinacionales y conglomerados, que reciben subvenciones de ayuntamientos o autonomías. Está privatizado por empresas que se presentan a concursos de millón y medio de euros. Este sector mueve cantidades importantes de dinero por entidades opacas, es tremendo. Pero el tema va más allá del dinero: son las secuelas que provocan en los niños. Y la Administración tiene un argumento de peso brutal a su favor: la defensa del interés superior del menor.

¿Cuál era su pretensión al aliarse con el letrado Vila?

El sistema ha de cambiar, no respeta los derechos más fundamentales. Es un sistema muy bien montado y es difícil que acepten desde las instituciones cualquier cambio. Lo que demostramos en el libro es que nadie lo controla. Hay sentencias judiciales que lo reconocen. Save the Children planteó la necesidad de revisar el modelo en 2017 y el Síndic de Greuges (Defensor del Pueblo), instó a su revisión. No se hizo nada.

Hay una tercera parte del libro que compara el sistema reglado en España con otros países. ¿Qué prueba ese ejercicio de derecho comparado?

Lo que concluye Célestine Villuendas, experta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Grenoble (Francia), que hizo este informe durante una estancia en Valencia, es que en España la Administración tiene el papel exclusivo de quitar la custodia a una madre que da, por ejemplo, positivo por cocaína o donde un técnico de servicios sociales determina que el niño vive en condiciones insalubres. Hay veces que un médico sospecha que una lesión es compatible con maltrato y el sistema ya se pone en marcha, con una incongruencia añadida y es que te fija un régimen de visitas: si fuese verdad que lo maltratas no tendría sentido que pudieses ver a tu hijo. Precariedad económica, marginalidad son motivos para quitarte a tu hijo, pero también te lo quitan por periodos de seis meses porque no tienes la casa en condiciones. A ciertas edades seis meses es una eternidad. Y las familias se esfuerzan mucho para recuperarlos en ese tiempo. En los países que analiza Célestine es un juez el que tiene la última palabra, no un técnico que por la vía administrativa hace una resolución. Los técnicos se posicionan como garantes de la felicidad del menor, pero al otro lado de la mesa está la familia. Y automáticamente se da por descontado que la familia hace las cosas mal, es la que se equivoca y no puede pleitear contra el Estado. El juez aquí no interviene para nada ni supervisa nada.

Usted preside Aprodeme desde que le quitaron la tutela de Gemma. ¿Qué ocurrió?

A mí me han destrozado la vida. Mi exmujer y yo estábamos separándonos y la adopción (en 2006) de nuestra hija Gemma aún no estaba consolidada. Entonces, si no estabas casado o eras pareja de hecho, no te aprobaban la adopción y nosotros estábamos «en conflicto familiar». Ese 12 de marzo de 2009 la decisión de un técnico nos cambió la vida para siempre. Peleamos durante años. En Aprodeme somos más de 1.200 familias, cada semana recibo decenas de llamadas. Me he reunido con políticos de todos los partidos y alucinan, participé en la Comisión de Infancia del Parlamento catalán y se aprobó una moción para estudiar la actividad de la Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat que aprobó quitarnos a Gemma. Se quedó ahí, parado.

«No nos sorprende nada lo que sucedió en Valencia o Baleares, pero nadie asume la responsabilidad»

Francisco Cárdenas

Presidente de Aprodeme (Asociación para la Defensa del Menor)

¿Por qué no la ha vuelto a ver?

Estuvo poco tiempo en un centro y se la dieron a otra familia acogedora. Este diciembre cumplirá 18 años y confío en que quiera verme. Eso, a mis 65 años, me mantiene en la lucha.

Dicen en el libro que «ocurre más de lo que pensamos», pero es difícil de creer que te puedan quitar a tu hijo como si nada...

Enrique Vila cifra en un 80% los casos que se podrían resolver de otro modo. Claro que hay personas que no pueden hacerse cargo de sus hijos o que no saben cuidarlos. Siempre pensamos en familias desestructuradas. Pero hay muchos casos en que el sistema no halla más solución que arrebatarte la custodia seis meses. Lo que decimos es que no se puede generar un problema creando otro, poniendo en riesgo al menor. Debería haber forenses explorando esos casos. Con un juez, la retirada se produciría en un 20% de las situaciones.

¿Les sorprenden los escándalos recientes que se han denunciado en centros valencianos o baleares?

Nada. Se producen y se han denunciado abusos, malos tratos, fugas (se escapan el 40% de los tutelados de larga duración)... No me extraña que pasen esas cosas, solo falta que a alguien se le vaya la mano ahí dentro. Lo grave es que ni presidentes de ejecutivos autonómicos ni nadie asume la responsabilidad. Como con las tutelas, la rectificación no existe.