«Forzar el uso social de una lengua es ilegítimo e iliberal»

—El lingüista estadounidense Michael Krauss vaticinó a principios de los noventa que el 90% de las lenguas estaban condenadas a desaparecer en el medio o corto plazo. Con los años, otros lingüistas rebajaron sustancialmente estos cálculos. ¿Cree que la muerte de una lengua es una tragedia?

—No, no lo es. Las lenguas, por supuesto, no mueren más que en sentido figurado, pues no son organismos vivos. En realidad, la muerte de las lenguas es una forma de cambio social, un proceso de sustitución lingüística por el que los miembros de una población aprenden y usan cada vez más una segunda lengua: a medida que su uso se extiende, el idioma antes usado cae en desuso y al final deja de transmitirse a las nuevas generaciones. Indudablemente, todo el proceso de cambio responde a la utilidad relativa de ambas lenguas para satisfacer las necesidades comunicativas de los hablantes.

—¿Es siempre enriquecedora la pluralidad lingüística?

—Lo que sostengo en el libro es que no podemos conformarnos con repetir el mantra de que la diversidad lingüística nos enriquece, sino que hay que preguntarse de qué forma nos enriquece. Además, cuando hablamos de diversidad cultural o lingüística conviene fijarnos en los diferentes modos de representar esa diversidad. Pues la diversidad nos enriquece a través del contacto, la mezcla y la difusión; no de la mera yuxtaposición de comunidades culturalmente homogéneas pero cerradas o aisladas entre sí.

—En su libro habla de los diferentes tipos de valor que se aplican a las lenguas, el valor comunicativo, el valor como patrimonio cultural, o seña de identidad. ¿Cuándo se produce el conflicto? 

—Me interesaba analizar en el libro los diferentes valores que asignamos a las lenguas y señalar que puede darse conflictos entre esos diferentes aspectos valiosos de las lenguas. Pongo al principio el ejemplo del último hablante de chemehuevi para ilustrar esos conflictos que se dan de forma agudizada en el caso de las lenguas moribundas. De forma típica la tensión surge entre el valor simbólico de la lengua como herencia cultura y seña de identidad, por una parte, y su utilidad comunicativa, por otra.

—Los nacionalismos usan la lengua como marcador identitario ¿Qué riesgos conlleva eso en sociedades democráticas?

—Asociar lengua y nación es lo que define al nacionalismo lingüístico. Es lo que hacen los nacionalistas catalanes cuando afirman que el catalán es el 'pal de paller' de Cataluña; también lo dijo Salvador Illa en su toma de posesión, por cierto. El peligro de esa atribución esencialista es patente en una sociedad que tiene dos lenguas como la catalana: como poco, impide reconocer el pluralismo y la diversidad de la sociedad catalana, como sería natural.

—Precisamente, usted apunta en su obra que allí donde las lenguas se convierten en potentes marcadores identitarios, su coexistencia en un mismo espacio político es fuente de divisiones y conflictos políticos que alimentan aspiraciones secesionistas, ¿es eso lo que ocurre en Cataluña? 

—Por supuesto, allí donde el idioma se convierte en seña de identidad nacional cobra clara significación política, ya sea en Cataluña, Quebec o Bélgica. Para el nacionalista la lengua sirve como prueba de la existencia de un pueblo o nación aparte, culturalmente distinta. A partir de ello, concluye que ese pueblo tiene un derecho inalienable al autogobierno, incluso a un Estado propio. El nacionalista no sólo presenta reivindicaciones en defensa de la lengua, sino que la cree el alma de la nación. De ahí que el idioma juegue un papel crucial en el imaginario nacionalista y en las políticas de construcción nacional.

—Cataluña ha vertebrado a través de la lengua su proyecto nacionalista; la ha blindado en la escuela con una ley educativa propia (LEC 2009) que la perpetúa como única lengua vehicular en las aulas en detrimento del castellano, y que, según reconocen varias sentencias firmes, ha pasado a tener una «presencia residual» en el sistema educativo. ¿Atenta la inmersión contra la Constitución y contra los derechos de los castellanohablantes?

—Son los jueces los que han señalado que el español tiene una presencia residual en el sistema escolar de Cataluña. Y que por mandato constitucional ha de tener la condición de lengua vehicular en la enseñanza junto con el catalán. Los jueces no se inventan el mandato constitucional: ha sido el propio Tribunal Constitucional quien establece que las dos lenguas han de ser lenguas vehiculares. Siendo un mandato constitucional, fija límites al legislador autonómico. De ahí se deriva el derecho de los ciudadanos catalanes a recibir enseñanzas en ambas lenguas, puesto que son oficiales en la comunidad. Repito: es doctrina del Constitucional y es lamentable que los ciudadanos tengan que acudir a los tribunales en busca de amparo porque no se cumple.

—Los defensores de la inmersión, preocupados por la caída del uso social del catalán, han impulsado un plan para 'catalanizar' el ocio de los jóvenes, las relaciones sociales... ¿qué consecuencias puede tener desde el punto de vista lingüístico forzar el uso social de una lengua?

—Bueno, ante todo es ilegítimo. Los poderes públicos pueden fomentar el conocimiento de un idioma, otra cosa es imponer su uso social, que es un objetivo abiertamente iliberal. Antes me preguntaba por los riesgos del nacionalismo lingüístico y ahí está uno claro: tiene que recurrir a la ingeniera social masiva para que una sociedad plural acabe por encajar en el 'lecho de Procusto' –imponer opiniones sin tener en cuenta las alternativas– del nacionalismo, por la fuerza si es preciso.

—En este sentido, algunos lingüísticas coinciden en que la inmersiónde Cataluña es «una excepción en Europa» y en que «es incorrecto hablar de inmersión porque no hay respeto manifiesto hacia el resto de lenguas oficiales del sistema». ¿Lo comparte?

—Para empezar, la denominación no es correcta, pues la inmersión es un método para el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela, como pasa cuando uno envía a su hijo al Liceo Francés: no sólo estudia francés como asignatura, sino que todas las actividades y materiales escolares son en francés. En Cataluña, como es evidente, sólo hay inmersión para los alumnos hispanoparlantes, pero no para los catalanoparlantes, que reciben la enseñanza en su lengua materna. Eso crea de entrada una situación de discriminación claramente injusta, con todos los perjuicios que acarrea. Porque no es opcional, como el Liceo Francés, sino impuesto.

—Se ha comparado durante años el modelo lingüístico de Cataluña con el del Quebec ¿Son comparables?

—La comparación es instructiva porque las políticas lingüísticas de Quebec han sido un referente para el nacionalismo catalán. Sin embargo, en Quebec es impensable la inmersión obligatoria de los anglófonos, se vería como una clara violación de sus derechos lingüísticos. Piense que se trata de una provincia de mayoría francófona y donde sólo hay una lengua oficial, el francés. En Cataluña, en cambio, la mayoría de ciudadanos catalanes tiene el español como lengua materna y además ambos idiomas (catalán y español) son lenguas oficiales de la comunidad autónoma. Por eso, en realidad la mal llamada inmersión lingüística es una verdadera rareza en términos comparativos: dudo que encuentren un sistema educativo donde el alumno no pueda ser escolarizado o desarrollar una parte significativa de su currículo en una lengua que, además de ser oficial del país, es hablada por la mayoría de la población. Una anomalía.

—Por último, ¿cree que es posible en España un debate estrictamente pedagógico de las lenguas?

—Soy pesimista. Sin duda, es necesario un debate sobre cómo regular de manera justa y eficiente los derechos lingüísticos de las personas en una sociedad plural. Pero la calidad de las discusiones al respecto deja mucho que desear. En parte, el ruido y la furia son inevitable cuando se erige la lengua en tótem y tabú, como hacen los nacionalistas. Eso hace difícil tanto el debate como alcanzar compromisos razonables. Supongo que no he perdido del todo la esperanza si he escrito 'Contra Babel', cuyo objetivo es contribuir con argumentos y datos a una discusión serena y ecuánime sobre las lenguas.