Los farmacéuticos se rebelan contra la ley del aborto: «Nos obliga a dispensar la píldora, pero no contempla nuestra objeción de conciencia»

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha rubricado las dos ocasiones que ha presentado desde la sala de prensa de La Moncloa el que era hasta el pasado 30 de agosto un anteproyecto de ley que «el derecho al aborto será compatible con el derecho a la objeción de conciencia« del profesional sanitario que deba asistir a la mujer en esa intervención. Pero no se alude a los boticarios, cuando la ley sí les incluye en ese artículo 7 quinquies, que hace alusión a la «anticoncepción de urgencia» y que no es otra cosa que garantizar que todas las farmacias suministren a quienes la pidan y de forma gratuita la llamada 'píldora del día después'.

El texto del Ministerio de Igualdad recoge que «se considerarán adecuadas las existencias de métodos anticonceptivos de urgencia para la prestación del servicio en función de la demanda de cada oficina de farmacia». Esto significa que en del listado de medicamentos que obligatoriamente tienen que tener los boticarios se incluirá la píldora anticonceptiva desde la entrada en vigor de la ley.

Según fuentes consultadas por ABC del Consejo General de Colegios Farmaécuticos, «la redacción actual de la futura ley de interrupción voluntaria del embarazo no contempla expresamente la objeción de conciencia para la dispensación de la píldora del día después, aunque está amparada por el Tribunal Constitucional«. Por tanto, añaden: »Creemos que debe evitarse la judicialización y en el trámite parlamentario consideramos que el texto de la futura ley debe incluirla para una mayor seguridad jurídica de los farmacéuticos y mayores garantías para la ciudadanos para asegurar siempre su acceso a la píldora«.

Desde la Asociación Española de Farmacia Social (Aefas) critican abiertamente la cláusula que obliga a las oficinas de farmacia a dispensar de manera gratuita la píldora del día después, aunque haya, aseguran a este diario, "una minoría" de objetores en los establecimientos farmacéuticos. «Consideramos una irresponsabilidad ofrecer gratuitamente, y sin control, un producto aprobado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios para un uso excepcional en la anticoncepción», denuncia esta entidad, para agregar que la ley se posiciona «en contra de un uso racional del medicamento». A juicio de esta entidad, con posiciones conservadoras, la normativa propicia además «el abandono de otros métodos anticonceptivos más seguros, eficaces, y que suponen un menor riesgo para la salud de las adolescentes a partir de lops 16 años y para el embrión humano«.

Por otro lado, sostienen que establecer la obligatoriedad de la dispensación de la pastilla del día después bajo pena de multa es «un claro atentado a la libertad de conciencia del farmacéutico, reconocida por el Tribunal Constitucional en su Sentencia de 25 de junio de 2015 (dictada en el Recurso de Amparo núm. 412-2012)». «Dicha sentencia admitió el derecho a la objeción de conciencia de los farmacéuticos, vinculado al derecho fundamental a la libertad ideológica (art. 16.1 CE)», concluyen.

Otras fuentes consultadas en el sector aluden a la posibilidad de que la ley contemplase la creación de listas autonómicas de farmacéuticos objetores, de la misma manera que va a saberse qué hospitales tienen a sus facultativos objetores del aborto. Al existir en España más de 22.000 farmacias, 50.000 profesionales de la farmcia y otros 33.000 auxiliares, «claro que puede darse el caso de que haya objetores a suministrar la píldora del día después«, pero no significa que no se vaya a poder encontrar en un lugar próximo. Las mismas fuentes dicen que «España no es Suecia, donde hay una farmacia por cada diez kilómetros. Aquí, el derecho de la mujer va a estar plenamente garantizado».

Por otra parte, en la antigua ley del Medicamento, 'tuneada' en la actual Ley de Garantías y Usos Racional de los Medicamentos y Productos Sanitarios, aprobada por Real Decreto legislativo en julio de 2015 (RD 1/2015, de 24 de julio), se contemplan las multas pecuniarias y sanciones a las que se enfrentan los boticarios de no tener accesible alguno de los medicamentos de venta obligatoria. Esas sanciones van desde 90.000 hasta un millón de euros. No obstante, en la ley del aborto no se contempla esta penalización en su redactado actual. Sí expresa literalmente la necesidad de que todos los profesionales, incluidos los farmacéuticos, tengan al formación específica e idónea para informar sobre el uso de esa píldora anticonceptiva, que debe tomarse en las primeras 72 horas tras la relación sexual.