De la exclusión social a encontrar un empleo en la España vacía

Nada fue fácil a su llegada a España. En su país ella trabajaba como maestra de Primaria y su marido como policía, pero aquí, sin papeles, apenas pudo optar a algún empleo en negro. Primero un almacén, luego limpiado casas o cuidando de una anciana por 400 euros al mes. «No tenía otra opción, era lo único que me ofrecían», nos dice.

El confinamiento puso la puntilla a una difícil situación. Ya ni con malabares conseguían llegar a fin de mes. Así, ella, su marido y su hijo se convierten en tres de los más de dos millones y medio de personas que Cáritas atendió durante la pandemia.

Más allá de aquel primer auxilio de emergencia, su oportunidad llegó cuando en 2021 le ofrecieron incorporarse al restaurante El Buho, una empresa de inserción que Cáritas iba a abrir en Letur. Como emigrante, sin ninguna red familiar de apoyo, ni trabajo -ni ella ni su marido- con un niño pequeño y sin respaldo económico, su situación se encaminaba hacia la exclusión social.

Fue sincera: «Les dije que no sabía nada de hostelería pero que estaba dispuesta». Y hasta Letur que se fueron los tres. «En estos casos no se busca que sean capaces de desarrollar el trabajo desde un primer momento, sino que quieran seguir un proceso de aprendizaje que les permita insertarse en el mercado de trabajo», explican desde Cáritas.

Llegó a España en 2018 huyendo de la violencia en su Colombia natal. Tras varios empleos con sueldos mensuales de 400 euros, desde hace dos años es cocinera en un proyecto de Cáritas

Alejandra Abadía

Empleada de El Buho, en Letur

Alejandra es una de las 64.865 personas a las que Cáritas acompañó durante 2022 en sus planes de iniciativa de empleo. De ellas, una de cada cinco (12.807 en total) lograron acceder a un puesto de trabajo. Caritas destinó a todas sus iniciativas de empleo unos 35 millones de euros, lo que supone «una inversión media de 2.700 euros por persona que accede al empleo».

Y sí, en Cáritas hablan de «inversión, no de gasto», explica el director de Acción Social, Francisco Lorenzo. «Y no lo hacemos en términos metafóricos o poéticos sino porque para nosotros, cada recurso invertido supone un retorno en el medio-largo plazo desde el punto de vista social y también económico porque la persona no solo gana en autoestima, reconocimiento de su dignidad y acceso a sus derechos, sino que deja de percibir prestaciones, pasa a pagar impuestos y genera crecimiento económico por la vía del consumo», añade.

En concreto, las empresas de inserción son la respuesta de Cáritas para los eslabones más débiles en la cadena. Para acceder a ellas, es necesario que los servicios sociales certifiquen que la persona se encuentra en grave riesgo de exclusión social. Así, la mayoría de participantes son mujeres (un 64%), mayores de 45 años (39%) y con estudios básicos (38%). Los procedentes de países no comunitarios son ligeramente superiores (un 52%) a los nacionales.

«Detrás de ese perfil se dan multitud de situaciones asiladas o que se suman y que hay que ir superando para lograr el objetivo de inserción laboral. Nos encontramos con personas que carecen de competencias digitales, presentan dificultades de aprendizaje, escasa experiencia laboral o muchos problemas de conciliación familiar, además de graves carencias socioeconómicas, dificultades con el idioma y baja autoestima que lleva a la desmotivación», añade Lorenzo.

Aunque la mayoría de estos proyectos de inserción de Cáritas se encuentran en zonas urbanas, Cáritas Albacete ha apostado por las zonas rurales, con establecimientos de restauración y hospedaje en Elche de la Sierra, Nerpio, El Sahuco, además de en Letur, y con un vivero en Hellín. De esta forma, las iniciativas también contribuyen a la dinamización de la España vacía.

Así ocurrió con Alejandra. La llegada de su hijo contribuyó a sostener el colegio rural agrupado de Letur que, ahora con 22 alumnos, lucha cada año contra la amenaza de cierre por parte de la administración. También su experiencia ha contribuido a que su hermana y sobrino también hayan decidido residir en la localidad.

Pero el trabajo en una empresa de inserción tiene fecha de caducidad: el empleo sólo puede durar tres años. La mayoría no suelen cumplirlo, porque encuentra un trabajo antes. Alejandra, que ha aprovechado estos años para regularizar su residencia en España, confía que el oficio que ha aprendido le permita encontrar trabajo en otro establecimiento hostelero de la zona.

Después de tres años en los viveros, Francisco tiene dos ofertas de trabajo en las que continuar su vida laboral

Francisco Poveda, «El Pantera»

Empleado en Viveros El Sembrador, en Hellín

En similar situación se encuentra Francisco Poveda. Tiene 59 años y prefiere que le llamen «El Pantera», como cuando iba al colegio, el que abandonó sin ninguna titulación. «El estudio se me da muy muy mal», afirma con media sonrisa.

Poco sospechaba él que su reinserción en el mundo laboral pasaría por un programa de Formación Dual para conseguir un certificado de profesionalidad en actividades auxiliares de viveros y jardines. «Les decía trabajar sí, pero estudiar..., pero tanto insistieron que al final les dije que sí. Y me daba gusto verme ahí con mis compañeros, escribiendo otra vez con el lápiz», nos dice.

De ahí pasó a Viveros El Sembrador, la empresa de inserción que Cáritas ha implantado en unos antiguos viveros forestales del ICONA cedidos por el ayuntamiento de Hellín, el que trabajan más de quince personas. Ahora, sus tres años se agotan y Francisco ya maneja un par de empresas con las que continuar su vida laboral. «Primero pasaré unos días de descanso en Elche de la Sierra con mi hija y mi nieta y luego veré cual me conviene más», afirma optimista.