La exabadesa de Belorado denuncia a Iceta por «abuso de poder y usurpación»
La decisión estaría encaminada a «obtener personalidad jurídica» propia de cara a un conflicto judicial con la Iglesia católica
El arzobispado de Burgos contesta que con esta demanda las monjas «han cerrado la puerta a todo diálogo» por lo que el caso parece abocado a la vía judicial
La Santa Sede toma el control de Belorado, destituye a la abadesa y «prohíbe» el acceso al monasterio al obispo excomulgado
El desafío del obispo excomulgado: «Seguiremos en Belorado, no reconocemos al Papa ni a Iceta»
La ya exabadesa de las clarisas de Belorado, sor Isabel de la Trinidad, ha presentado, a las 4 y 54 minutos de la madrugada de este jueves, una denuncia contra el obispo de Burgos, Mario Iceta, por «abuso de poder y usurpación de la representación» ante la Policía Nacional de Logroño, según ha podido conocer ABC de fuentes policiales. Se desconoce la razón por la que la religiosas han optado por la comisaría de Logroño, cuando Belorado se encuentra situado en la provincia de Burgos, pero de esta forma, la denuncia deberá ser remitida desde La Rioja hasta Castilla y León, para que allí se pueda dar curso a la posible investigación.
La denuncia responde al anuncio, hecho en Burgos este miércoles, de que el arzobispo de Burgos había sido nombrado por la Santa Sede como comisario pontificio para los tres conventos -Belorado, Orduña y Derio- controlados por las clarisas cismáticas. Sus primeras medidas fueron destituir a la abadesa -a la que le expiraba su mandato este miércoles 29 de mayo-, prohibir la presencia del obispo excomulgado, Pablo Rojas y su cura José Ceacero en los conventos de las clarisas y ordenar que se realice una auditoría e inventario de todos los bienes.
Ante ello, la respuesta de la abadesa ha llegado en menos de veinticuatro horas. Según fuentes policiales a las que ha tenido acceso ABC, el objetivo de las religiosas con esta denuncia sería «obtener personalidad jurídica», de cara a un conflicto legal con la Iglesia católica, representada en este caso por Iceta como comisario pontificio.
La interpretación policial es coherente con los argumentos que las monjas han sostenido desde que comenzó la crisis. Desde el primer momento han dejado claro que el monasterio es una institución 'sui iuris', es decir de derecho propio, y que por encima de la abadesa, que actuaba como superior mayor, sólo estaba la autoridad del Papa. Al romper con el Papa Francisco y la Iglesia católica y ponerse bajo la jurisdicción del excomulgado obispo Pablo Rojas, la abadesa reclamaba su independencia para administrar todos los bienes de la comunidad, que como demostró ABC la semana pasada superan los 10 millones de euros.
Sin embargo, con la decisión de Roma de nombrar comisario pontificio éste pasa a ser el superior mayor, por encima de la abadesa y su consejo, y tendría la potestad de control tanto de los bienes de la comunidad como de la acción pastoral en los conventos. De ahí que su primera decisión fuera encaminada a poner orden en las cuentas y clarificar ante el registro la propiedad de los bienes.
Ante ello, la abadesa ha denunciado «por violación del derecho fundamental de asociación y el principio de separación, libre separación voluntaria, así como también por abuso de poder y por usurpación de la representación legal por parte del señor Iceta», según ha explicado el cura-coctelero, José Ceacero, que actúa como representante de las religiosas ante los medios de comunicación.
«Han cerrado la puerta a cualquier diálogo»
Por su parte, el arzobispado de Burgos ha contestado con un comunicado en el que lamenta «esta posición de la comunidad» y anuncia que todo parece apuntar a que las monjas «han cerrado la puerta a cualquier diálogo», por lo «no nos queda otra vía que actuar en consecuencia». El texto comienza diciendo que se encuentran «a la espera de recibir la supuesta denuncia que José Ceacero ha mostrado ante los medios de comunicación» que «cuando se reciba, si es el caso, será estudiada por nuestros servicios jurídicos».
El comunicado también plantea la duda de si Ceacero, que ha sido quien ha atendido a los medios de comunicación que se congregaban ante la puerta del monasterio, ha actuado en nombre propio. «Al ser preguntado, José Ceacero no ha aclarado si habla en nombre propio y/o en nombre de la comunidad», explican, para añadir que «en el documento que ha mostrado a los medios, se puede leer el nombre de tres monjas, Laura García de Viedma Serrano (Sor Isabel), Susana Mateo Cruz (Sor Sión) y María Teresa Roca Peinado (Sor Paz), junto con el de José Ceacero».
La nota del arzobispado añade que «de ser así, con este gesto contundente, entendemos que las monjas cierran la puerta a cualquier diálogo, derivando todo al ámbito de la justicia», por lo que «lamentamos esta posición de la comunidad y no nos queda otra vía que actuar en consecuencia», concluyen.
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