Europa aprueba hoy su primera ley de violencia de género en 70 años y la convierte en el eurodelito número 11

Al final, la respuesta va a ser un 'sí', pero con condiciones. Para algunos, incluso un 'sí' descafeinado. El Parlamento Europeo discutió ayer y ha votado este 24 de abril (con 522 votos a favor, 27 en contra y 72 abstenciones) tipificar la violencia de género como un nuevo eurodelito, pasando a integrar el artículo 83 (1) del Tratado de la Unión Europea donde ya se encuentran otros como el tráfico de armas, el terrorismo, el narcotráfico, el tráfico de personas y la ciberdelincuencia. Con su aprobación quedarán atrás dos años y medio de refriega entre las naciones, con una intensidad en las negociaciones como no se había vivido en años, han reconocido algunos de los intervinientes.

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Érika Montañés

«Para lo que había hasta ahora, estamos razonablemente satisfechas», afirma una de las cuatro eurodiputadas españolas presentes en las negociaciones

La carrera comenzó en septiembre de 2021 con un texto aprobado de inicio en el Europarlamento que pedía a la Comisión abordar con leyes específicas todos los tipos de violencia y discriminación basadas en el género (también contra personas LGTBIQ+). Se dieron de plazo dos años. Durante el segundo semestre de 2023, bajo presidencia española, no se consiguió que llegasen a buen puerto esas diatribas que han tenido al Parlamento y al Consejo de la Unión Europea enfrentados principalmente por la definición de violación y por el derecho a conceder asilo a las víctimas de esta lacra en cualesquiera de los países de la Unión.

Apremiados por una legislatura europea que ya expira, bajo presidencia belga sí llega hoy a Estrasburgo la propuesta al último Pleno del mandato. El pasado 6 de febrero, tal y como publicó este periódico, Parlamento y Consejo acordaron las bases de la que será la nueva (y primera) directiva comunitaria sobre este asunto.

«Esta vez no podíamos fallar», dice a ABC Soraya Rodríguez, una de las cuatro eurodiputadas españolas presentes en la negociación. Junto a ella, las otras tres representantes nacionales de la comisión de Derechos de las Mujeres e Igualdad de Género del Parlamento Europeo explicaron por qué el de hoy es «un logro histórico» para Europa, que reconocerá explícitamente en todas sus legislaciones que sí existe un tipo de violencia ejercida sobre la mujer. Es un paso de gigante para algunos Estados.

En un reciente desayuno organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España, la vicepresidenta de dicha comisión y eurodiputada de La Izquierda, María Eugenia Rodríguez Palop, celebró que en 70 años de historia los 27 se vayan a dotar ahora de una norma a escala general sobre la violencia machista. En virtud de esta directiva, la violencia de género (tanto la virtual, que está al alza, como la presencial) será tratada como un delito «particularmente grave» que afecta al conjunto de las ciudadanas europeas sin excepción y «con una dimensión transfronteriza», recoge la ponencia del texto.

Hay que tener en cuenta como punto de partida que existen numerosos países todavía que ni siquiera la computan como un tipo penal específico. Y esta norma fuerza esa estadística entre otras cosas, explicó a este diario Rodríguez Palop, para dimensionar el problema en el marco comunitario.

Pero, sobre todo, para lo que se pretende que la norma suponga un giro copernicano es para la persecución del delito, detallaron también Lina Gálvez (eurodiputada de Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas) y Rosa Estarás (del Partido Popular Europeo). En la práctica, la directiva se traducirá en un mejor acceso a la justicia, la protección y reparación de las víctimas, así como en determinar los derechos de indemnización, de custodia y de visita de los hijos y la cooperación entre los Estados miembros para intercambiar información y protocolos especializados. Como ejemplos, auxiliará con el asilo de una mujer maltratada en otro país de la UE diferente al suyo.

Por otra parte, como se adelantó ya al llegar a un acuerdo el 6 de febrero entre el Parlamento Europeo y el Consejo, la nueva legislación criminaliza el matrimonio forzado, la mutilación genital femenina y los ciberdelitos como la divulgación de material íntimo y el 'ciberflashing' (que es el envío de imágenes de los genitales en este caso de mujeres y niñas a través de servicios de mensajería).

El texto normativo asegura que «la falta de confianza en las autoridades policiales y el sistema judicial aún contribuye de manera importante a la infranotificación en algunos países»; así que la UE demanda a policías, jueces, forenses y médicos mayor especialización en el maltrato a la mujer. La norma quiere mejorar la toma de denuncias y recogida de pruebas y el acceso a los servicios sociosanitarios por parte de las mujeres, también en el contexto de países donde se niega la posibilidad de abortar en un supuesto legal. Se menciona en un apartado de la norma que la violencia sexual, ginecológica y obstétrica, y todas las prácticas nocivas sobre el cuerpo femenino constituyen formas de violencia contra las mujeres.

Este tratado obliga a modificar las legislaciones nacionales que no estén adaptadas a las nuevas medidas. La mayoría de ellas no son novedosas para marcos jurídicos como el español, si bien de los Veintisiete, seis (Bulgaria, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Chequia y Hungría) ni siquiera ratificaron en 2014 el Convenio de Estambul, que es el armazón que se dio el Consejo de Europa para prevenir la violencia contra las mujeres. Los 21 miembros que sí lo han aprobado adaptaron rápidamente sus leyes a conceptos como la violación.

A la postre fue su definición exacta –existen «múltiples», denunció de inicio la Eurocámara– el mayor escollo que enfrentó a los países hasta llegar aquí. Desde el Parlamento se defendió basarla en la ausencia de consentimiento, pero no se ha logrado. Encabezados por las locomotoras del continente, Alemania y Francia no dieron su brazo a torcer. Creen que «Europa no tiene base jurídica» suficiente para incorporar la violación como eurodelito y colocar el consentimiento como elemento constitutivo del mismo.

El bloque de países conservadores apoyó esa inclusión, asegura Estarás, aunque los hay de otras ideologías. Lo apoyan de hecho España, también Austria, Bélgica, Croacia, Chipre, Lituania, Italia, Luxemburgo, Suecia, Eslovenia, Finlandia y Polonia. Catorce de los 27 han modificado en los últimos años sus legislaciones para hacer explícita la noción de consentimiento. Estonia, Francia, Italia, Rumanía y Polonia no se han preocupado hasta el momento de regularlo.

Al final la violación basada en la falta de consentimiento está presente en el artículo 36 BIS como un 'considerando' (recomendaciones), con «la intención de sensibilizar», ultiman las eurodiputadas con tono agridulce. «Era un reto descomunal convencer a todos de que cambien sus códigos penales», asumen.

En la votación de hoy los partidos han suscrito que la Comisión realize un informe cada cinco años para determinar si la nueva norma y sus medidas deben someterse a revisión.