Un informe independiente constata la instrumentalización política de la universidad catalana

La investigación, que fue encargada por la Dirección General de Investigación Parlamentaria y Servicios (EPRS, por sus siglas en inglés) de la Secretaría del Parlamento Europeo a cinco docentes noruegos, señala el alto grado de politización de los campus catalanes, sobre todo, a raíz del denominado 'procés', recogiendo los argumentos que presentó la UpC a la Eurocámara.

El estudio 'Situación de la libertad académica en los Estados miembros de la UE' reconoce que «la independencia catalana y las cuestiones políticas relacionadas con ella han influido en el comportamiento de liderazgo institucional de varias universidades de esta comunidad» .

«Los equipos de gobierno de varias universidades públicas han adoptado durante años posiciones políticas e ideológicas sobre temas sensibles a la independencia de Cataluña, lo que a su vez plantea preocupaciones por la libertad de expresión» , afirman los expertos en su informe. E incluyen algunos ejemplos que lo sustentan como la firma, en 2015, por parte de varias universidades públicas de un manifiesto a favor de la amnistía de los líderes independentistas encarcelados; el manifiesto firmado en 2019 por las universidades en apoyo a la secesión, documento que después fue librado al entonces presidente de la Generalitat; la negativa, por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) a reconocer en su directorio de asociaciones de estudiantes a la que representa a los alumnos constitucionalistas 'S'Ha Acabat!', o la carta que firmaron 800 docentes en 2019 para protestar por la falta de neutralidad de los rectores ante la sentencia del 'procés'.

En su lista de irregularidades detectadas en el sistema académico catalán figura también la «oposición» por parte de las universidades públicas a la sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), de diciembre de 2020, que obliga a impartir al menos un 25 por ciento de asignaturas en castellano en todo el sistema educativo público catalán.

Los expertos reflejan en su documento, que servirá a la Eurocámara en su investigación sobre esta cuestión, que académicos, estudiantes y autoridades estatales han criticado a las universidades catalanas por adoptar «lo que se ha considerado como posiciones ideológicas que desafían la neutralidad política de las universidades como instituciones públicas». «Otros académicos -añade el informe- han argumentado que las universidades en general, no solo las catalanas, están siendo copadas por partidos políticos, alienando la neutralidad institucional».

«Los académicos temen que esto conduzca a prácticas excluyentes e interferencias políticas que amenacen la libertad de expresión y una cultura universitaria de tolerancia y de debate abierto«, subrayan los profesores y recuerdan que »las universidades no solo se han enfrentado a académicos, sino también a autoridades electorales y judiciales».

Ante los tribunales, los centros se han escudado, según apuntan, en «la autonomía universitaria como defensa para expresar la opinión política». Sin embargo, los autores recuerdan que esa autonomía solo cubre «cuestiones de organización interna de los centros» y no a los posicionamientos de índole político.

El debate en Europa se produce apenas dos semanas después de que el Congreso apruebe la nueva ley educativa (LOSU) que, en una de las partes de su articulado que más debate político ha generado establece como una de las «funciones fundamentales» del claustro la de «analizar y debatir temáticas de especial trascendencia». Los independentistas ven en esa parte del redactado la forma de eludir sentencias judiciales como las que ya han condenado a universidades como la Politécnica de Cataluña (UPC), la de Barcelona (UB) o la Pompeu Fabra (UPF) por posicionarse a favor del 'procés'. El Tribunal Supremo (TS), por su parte, ha sido explícito al respecto: «Las universidades están sujetas al principio de neutralidad predicable a toda Administración pública».

El informe de los profesores noruegos Peter Maassen, Dennis Martinsen, Mari Elken, Jens Jungblut y Elisabeth Lackner, de la Universidad de Oslo (Noruega) ha sido enviado a la Eurocámara y servirá para completar la investigación sobre este asunto que están realizando a instancias de la plataforma Universitaris per la Convivència.

Tras la comparencia de UpC, la Comisión de Peticiones de la Eurocámara acordó enviar al Comisario Europeo de Justicia, Didier Reynerds, y al Gobierno español sendas cartas reclamando que «actúen» ante la situación.

«Desde Universitaris per la Convivència celebramos el interés que está mostrando el Parlamento Europeo por el trabajo que venimos desempeñando en defensa de una verdadera autonomía universitaria. Contábamos ya con el apoyo explícito del Defensor del Pueblo y de numerosas resoluciones judiciales, incluido el Tribunal Supremo. Ahora nuestras denuncias constan en un informe internacional independiente y la Comisión de Peticiones pedirá al Comisario Reynders que se incorporen al informe sobre el Estado de Derecho en Europa», explica en declaraciones a ABC la portavoz de Universitaris per la Convivència, la profesora Isabel Fernández Alonso.

«Queda claro que no estamos solos en nuestras reivindicaciones y esto nos anima a seguir batallando por la neutralidad política de los órganos de gobierno de nuestras universidades. Es decepcionante que la LOSU no recoja explícitamente este principio, pero esta norma no podrá ser nunca interpretada al margen de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España», concluye la docente.

En su informe, los profesores noruegos apuntan también la «creciente preocupación de la comunidad académica española por las diversas formas de corrupción» en las universidades españolas. Recuerdan, por ejemplo, el caso de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, que obtuvo su título de Máster en Derecho Autonómico por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de forma fraudulenta a través de la presunta comisión de varios delitos en 2019. El estudio documenta la dimisión, a raíz del escándalo, de Laura Nuño, subdirectora de la Facultad de Derecho Público de la universidad.

«En ese momento un grupo de 30 profesores había dado la alarma sobre la corrupción generalizada» en el sistema universitario español. Los docentes de la Universidad de Oslo recogen la opinión de algunos expertos sobre la cuestión como la catedrática de español en la Universidad de Lund (Suecia) y ex asesora del Ministerio de Educación de este país, Inger Enkvist, que advierte sobre el carácter autofinanciado de los másteres españoles que «genera una tentación de relajar los estándares». Manuel Villoria, profesor de la URJC, comentó que «estos casos específicos de mala práctica son casos aislados de la Facultad en cuestión, pero que apunta a un cuestión más amplia de garantía de calidad y gestión de los programas de máster españoles». Enkvist y Villoria coinciden en destacar en el informe «el entusiasmo de los políticos españoles por conseguir credenciales académicas para avanzar en sus carreras como políticos profesionales«.

Aunque en el documento solo se alude al caso de corrupción que salpica a la política del PP Cristina Cifuentes, en estos últimos años han sido denunciados casos similares que implican a Carmen Montón (PSOE), Pablo Casado (PP) y al presidente del Gobierno Pedro Sánchez (PSOE), este último destapado por este diario en 2018.

Los autores del documento aclaran que «está preparado y dirigido a los miembros y al personal del Parlamento Europeo como material de referencia para ayudarles en su labor parlamentaria« pero que su contenido »es responsabilidad exclusiva de sus autores y cualquier opinión aquí expresada debe no debe tomarse para representar una posición oficial de la institución«.