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Educación, sobre el incumplimiento del 25%: «La Alta Inspección no tiene carácter policial»

El secretario de Estado, José Manuel Bar, intervino por primera vez en el Congreso y le dijo a Vox que «no pueden ustedes obligar al ministerio a hacer lo que no está establecido por ley»

Casi un tercio de los jóvenes españoles no tienen título de Bachillerato o FP Media, cualificación mínima para tener un empleo digno

El secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar (i), presenta el informe «Panorama de la Educación», junto con Abel Schumann (d), director del programa Indicators of Education Systems de la OCDE EFE
Josefina G. Stegmann

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El Ministerio de Educación ha vuelto a desentenderse una vez más respecto a la obligación que tiene la Alta Inspección de velar por el cumplimiento de la sentencia que obliga a garantizar un 25 por ciento de castellano en las aulas catalanas. En su primera comparecencia en el Congreso, el secretario de Estado de Educación, José Manuel Bar, le dijo a Vox que le «piden que incumpla la ley».

«¿Cómo me van a pedir que incumpla la norma para cumplir otra que no existe? Yo entiendo que a ustedes les gustaría que la Lomloe dijese otras cosas y que la Alta Inspección tuviese otras competencia,s pero resulta que no las tiene. Ni la Alta Inspección, ni la 'baja' (la ordinaria) tiene competencias ejecutivas. Son inspectores: supervisan, evalúan pero no ejecutan. Si quieren darle un carácter policial a la Alta Inspección tendrían que hacer otra ley». E insistió: «No puede estar el ministerio porque no es su competencia. No pueden ustedes obligar al ministerio a hacer lo que no está establecido por ley».

Sin embargo, Bar olvida que la LOE (modificada por la Lomloe), que fue aprobada por los socialistas, señala que a la inspección le corresponde «velar por el cumplimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos y deberes en materia de educación, así como de sus derechos lingüísticos, de acuerdo con las disposiciones aplicables».

Durante su intervención, Georgina Trías, de Vox, recriminó al Gobierno que no haya hecho nada por el cumplimiento de la sentencia del 25 por ciento. «Cuando los tribunales delegaron el 25 por ciento en la Alta Inspección lo lógico hubiera sido que. para preservar el derecho a escolarizar a los hijos en español, el Gobierno pusiera todos los mecanismos necesarios para solucionar tamaña conculcación de derechos. Pero el Gobierno no hace nada», reprochó.

«¿Cómo puede repetir la ministra una y otra vez que en España las sentencias se cumplen? No es verdad. Y además se desafía a los tribunales proclamando decretos y nuevas leyes para no cumplir lo que dicen las sentencias», agregó la diputada.

Sobre el tema se pronunció también Montserrat Bassa Coll, de ERC: «Estamos hartos de que la derecha politice de forma destructiva; el Parlament de Cataluña prefirió proteger con una ley el catalán en las escuelas, ya que debe ser y será la lengua vehicular en Cataluña, como el castellano lo es en Castilla. La lengua de enseñanza debe ser la propia». Bar no se pronunció sobre esta intervención, solo respondió a las preguntas de la diputada sobre la ley de enseñanzas artísticas.

Pactos de Estado «parciales»

Por su parte, la diputada Sara Giménez, de Cs, criticó los datos del informe de la OCDE conocido ayer, 'Education at a Glance'. Este advirtió de que casi un tercio de los jóvenes españoles no tiene título de Bachillerato o FP Media, cualificación mínima para tener un empleo digno. «¿Por qué no hay un pacto educativo? Ustedes (por el PSOE y el PP) se dedican a cambiar las leyes cada vez que llevan al Gobierno, pero no lo merecemos. Volvemos a reclamar ese Pacto de Estado por la Educación», reiteró.

Giménez señaló que los datos de abandono escolar «son preocupantes», pero reprochó que «se profundiza poco en el fracaso escolar que afecta a esos niños que no tienen ni la ESO», añadió. Bar se defendió diciendo que «en el año 2011 abandonaban de forma prematura el 26,3 por ciento de los alumnos; en 2015, el 20 por ciento; en 2021, el 13,3, cuando el promedio de la OCDE está en el 10. Hemos bajado en diez años más de diez puntos», enfatizó. Aunque también reconoció: «Sigue siendo una tasa alta y si lo comparamos con Europa tenemos que trabajar»

Respecto al gran pacto de Estado por la Educación, Bar le propuso: «Vayamos a pactos parciales, se lo digo a usted y también al PP. Si conseguimos ponernos de acuerdo en un gran pacto, al menos hagámoslo con una parte».

Por su parte, Inés Sabanés, del Grupo Plural, criticó que «gobiernos autonómicos como Madrid mantienen un sistema de selección de alumnos en nombre de la libertad que produce desigualdad». Algo con lo que coincidió Mari Luz Martínez Seijo, del PSOE.

Joan Mena, de Podemos, dijo que su partido tiene cuatro preceptos sobre los que ya le avisaron a Isabel Celaá y a Pilar Alegría que serían «vigilantes». Los preceptos son la apuesta por la educación pública y la extensión de la enseñanza 0-3 en el ámbito público para hacerla gratuita. En este sentido, Mena reprochó que «algunas comunidades como Andalucía pidieron que esta extensión se asociara a un aumento de los conciertos educativos». El diputado de Podemos también recordó otros preceptos como la «escuela inclusiva: hay que trabajar hasta que el alumnado que así lo solicite pueda estar escolarizado en un centro ordinario y ,por ultimo, se diseñó un currículo con educación sexual».

Por su parte, Óscar Clavell, del PP le dijo a Bar que ahora mismo es la «cabeza visible del ministerio porque tenemos una ministra desaparecida, que juega más a ser candidata en Aragón y ahora se dedica a insultar al líder del PP».

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