Descienden un 1,44% las víctimas por violencia de género en el segundo trimestre del año

Los principales indicadores de la violencia de género se mantuvieron estables durante el segundo trimestre de 2024, en unas cifras similares a las de hace un año, según el informe trimestral dado a conocer este miércoles 16 de octubre por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del Poder Judicial (CGPJ). El número de denuncias presentadas en los juzgados de violencia sobre la mujer aumentó un 4,79%, pero el de víctimas bajó un 1,44%. El número de órdenes de protección solicitadas fue muy similar al del segundo trimestre de 2023, pues se pidieron 12.674, apenas un 0,7% menos.

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Según los datos del CGPJ, entre abril y junio hubo en España un total de 46.135 mujeres víctimas y se presentaron 50.536 denuncias. El estudio muestra una disminución interanual del 3,6% en el número de órdenes de protección acordadas por los juzgados de violencia sobre la mujer y por los juzgados en funciones de guardia; en cuanto a las sentencias dictadas, fueron 16.962, un 10,1% más que hace un año; y, de ellas, el 80,27% fueron condenatorias.

Durante el segundo trimestre de 2024, los juzgados de violencia sobre la mujer de toda España recibieron un total de 50.536 denuncias, un 4,79% más que en el mismo periodo del año anterior, en el que se registraron 48.227. Las mujeres víctimas de la violencia machista fueron 46.135, un 1,44% menos que hace un año, cuando se contabilizaron 46.808.

Un trimestre más, dos de cada tres víctimas (el 62,82%) tienen nacionalidad española, mientras que el 37,18% restante proceden de otros países. El número de víctimas menores tuteladas ascendió a 141, una cifra un 3,6% más que la registrada en el mismo trimestre de 2023 (136).

La tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres disminuyó en relación con la del segundo trimestre de 2023 al situarse la media nacional en 18,5 frente a la media 19,2 de hace un año.

Por encima de la media nacional se situaron Baleares, con una ratio de 28,5 víctimas cada 10.000 mujeres; Comunidad Valenciana, con 24,1; Canarias, con 23,1; Murcia, con 22,4; Navarra, con 21,5; Andalucía, con 21,1; y Madrid con 19,4. Las tasas inferiores a la media nacional se contabilizaron en Castilla y León, con 11,9; La Rioja, con 12,5; Galicia, con 13,1; Cantabria, con 13,5; País Vasco, con 14; Extremadura, con 14,3; Cataluña, con 15,1; Castilla-La Mancha, con 15,3; Asturias, con 15,9; y Aragón, con 17,6.

Los porcentajes de denuncias presentadas en función de quién fue el denunciante mostraron variaciones mínimas durante el trimestre analizado. Así, una vez más, en dos de cada tres casos (36.735, el 72,69 %), las denuncias fueron presentadas por la propia víctima bien en el juzgado bien en comisaría.

Muy inferiores en número volvieron a ser las denuncias presentadas por el entorno de la víctima (867), que apenas alcanzaron el 1,72 % del total. Aumentaron levemente las derivadas directamente de atestados policiales (8.027), que representaron el 15,88 por ciento del total. Las originadas por parte de lesiones recibido en el juzgado fueron 3.330 (6,59 %), mientras que las presentadas por terceros sumaron 1.577 y representaron el 3,12 % del total.

El porcentaje de víctimas que se acogieron a la dispensa de la obligación legal de declarar volvió a experimentar un aumento significativo: un 9,26 % más que en el mismo periodo de 2023, lo que supone que tomaron esta decisión 11,23 de cada cien mujeres víctimas de violencia de género. En el trimestre analizado fueron 5.181 las mujeres víctimas que renunciaron a declarar contra su agresor; de ellas, 2.792 (el 53,88 %) eran españolas y 2.389 (el 46,11 %) tenían otras nacionalidades.

Dos de cada tres mujeres (6.738, el 63,5 %) que pidieron protección eran españolas y 248, el 2,3 % del total contando españolas y extranjeras, eran menores de edad.

Los órganos judiciales acordaron también, derivadas de las órdenes de protección y de otras medidas cautelares, un total de 16.566 medidas judiciales penales de protección de las víctimas (mujeres y menores). En el ámbito penal, las más frecuentes fueron las órdenes de alejamiento (6.147), que representaron el 70,33 % del total de órdenes de protección y medidas cautelares acordadas, y la prohibición de comunicación (6.103), un 70,06 % del total.

Asimismo, los órganos judiciales dictaron 5.095 medidas cautelares civiles, cuya finalidad es la protección de la mujer y de los menores en tanto se resuelve el proceso penal. Las más frecuentes fueron las relacionadas con la prestación de alimentos (1.535), que representaron el 20,29 % del total de medidas civiles adoptadas, y las relacionadas con la atribución de la vivienda (1.164), el 15,77 % del total. En ambos casos, los porcentajes descendieron levemente con respecto a 2023.

Durante el segundo trimestre de este año también se acordaron 1.076 medidas civiles de suspensión del régimen de visitas y 588 medidas civiles consistentes en la suspensión de la guardia y custodia, cifras que representan el 14,08 % y el 7,96 % del total de medidas civiles acordadas en el periodo analizado, respectivamente. Asimismo, se acordaron 24 medidas específicas de protección del menor para evitar un peligro o perjuicio y, en 145 casos, se suspendió la patria potestad.

El número total de sentencias dictadas en el trimestre fue de 16.962, un 10,19 % más que en el segundo trimestre de 2023. De ellas, 13.615 (el 80,27 %) fueron condenatorias y 3.347 (el 19,73 %), absolutorias.

Por su parte, entre abril y junio de este año los juzgados de menores enjuiciaron por delitos de violencia sobre la mujer a 95 menores de edad (hace un año fueron juzgados por estos órganos 87 menores de edad). Se impusieron medidas en 90 casos, de los que 72 eran relativos a menores españoles. En los otros cinco procedimientos no se impusieron medidas.