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Las comunidades del PP acusan a Sanidad de falta de consenso por su plan antitabaco y la ministra insinúa que han «cedido a presiones»

Mónica García asegura que la estrategia saldrá este viernes adelante aunque las autonomías no se hayan adherido al mismo

Sanidad renuncia a la prohibición de fumar en el coche en presencia de menores

Un hombre fuma un cigarrillo EFE
Elena Calvo

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El plan integral antitabaco del Ministerio de Sanidad sigue provocando fricciones entre el departamento que encabeza Mónica García y las comunidades autónomas. Este viernes la titular de Sanidad y los consejeros del ramo de las comunidades autónomas se reúnen en un pleno del Consejo Interterritorial de Salud, en el que la intención del ministerio es informar sobre la aprobación de este plan, pese a que hasta ahora no cuenta con el apoyo autonómico, pues la mayoría de las comunidades han optado por no emitir voto respecto al plan al considerar que no se han seguido los mecanismos adecuados para hacerlo.

Antes de que comenzara la reunión, la ministra ha asegurado que hoy es un «día de celebración» en España porque se decide dar un paso contra el tabaquismo, que es, según ha dicho, la principal causa de mortalidad evitable en nuestro país. «Con ambición, coherencia, orgullo y sin miedo», ha remarcado la titular de Sanidad, se sacará adelante esta hoja de ruta que marca las medidas a tomar durante los próximos años. Pero García ha lanzado también un mensaje contra las comunidades que no se han adherido -todas salvo cinco, incluida la socialista Castilla-La Mancha- al plan: «No sabemos cuál es el origen, no sabemos si es que han cedido a las presiones o se han embarcado en el negacionismo instalado, no sabemos si es fruto del obsesivo ataque al gobierno central», ha espetado.

Poco antes, los consejeros de Sanidad de las comunidades en las que gobierna el PP han lamentado, a través del consejero gallego, Julio García Comesaña, la falta de consenso para este plan, así como la premura con la que se ha llevado a cabo la presentación del plan. «Este plan llevaba 4 años finalizado, ha estado en un cajón 4 años y de repente la ministra ha querido sacarlo y ponerlo en marcha rápidamente», ha criticado, destacando que las autonomías han enviado en estos días más de 200 alegaciones, «lo cual quiere decir que al plan le faltaba trabajo».

Un diálogo con los sectores implicados

Las comunidades del PP, ha destacado García Comesaña, están a favor de un plan integral que luche contra el tabaquismo en España, pero creen que este debe conllevar un consenso entre todas las autonomías y el ministerio. «Esperamos que se pueda aprobar un plan con consenso, que es como han funcionado siempre la Comisión de Salud Pública y el Consejo interterritorial». Para ello, ha dicho, hay que escuchar y negociar «con todos los sectores implicados», como la hostelería, el ocio nocturno o incluso la propia industria tabaquera.

Sobre esto ha remarcado su posición también la consejera andaluza, Catalina García, que ha hecho hincapié en que una estrategia de tal calibre merece «ser serios y rigurosos» y contar con una dotación económica. «Si al final hay sectores que ellos creen que se pueden ver perjudicados, el ministerio tiene la obligación de escucharlo, de sentarse, e incluso de tomar medidas compensatorias para esos perjuicios que ellos dicen que pueden tener», ha aseverado.

En cuanto a la subida de precios al tabaco -una de las medidas que el plan propone para desarrollar más adelante- han sido varias las comunidades que han reclamado que el impacto sea finalista, es decir, que el dinero recaudado se utilice para prevenir el hábito tabáquico. «Lo que estamos tratando es que ese incremento del precio del tabaco redunde en los instrumentos que tengamos las comunidades para ejecutarlo», ha dicho el consejero gallego de Sanidad.

La consejera madrileña, Fátima Matute, ha reclamado por su parte «concreción» y «rigor» así como una memoria económica para «para poner en marcha esas unidades antitabáquicas de más y para apoyar económicamente ese tratamiento farmacológico y no farmacológico necesario». También ha pedido llevar a cabo «un diálogo social» con los sectores implicados para estudiar el impacto económico que las futuras medidas tendrán en ellos.

En otro orden de cosas, sobre la intención del ministerio de acabar con las guardias médicas de 24 horas Comesaña ha asegurado que la ministra no ha tratado con las autonomías ese tema en ningún momento. «Sabemos quien tiene que hacer y que tiene que hacer y lo que pedimos al ministerio. Cuando tenga a bien hablarlo con nosotros, lo discutiremos», ha dicho.

Una hoja de ruta sin medidas concretas

El plan integral antitabaco es una hoja de ruta sobre las medidas que se tomarán en los próximos años para atajar el hábito tabáquico en España. No contempla medidas específicas, pero sí planes como la ampliación de los espacios sin humo, en los que por declaraciones que a lo largo de estos meses han realizado dirigentes del ministerio se contemplarían las terrazas de los locales de hostelería o las marquesinas de transporte público, entre otros.

La estrategia también plantea la subida de impuestos para aumentar el precio de las cajetillas de tabaco, así como la creación de un impuesto específico para cigarrillos electrónicos. En esta línea, el plan integral contempla también que se equiparen los nuevos dispositivos para fumar al tabaco convencional.

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