Una comisión decidirá si se implanta en Italia la castración química como castigo para violadores y pedófilos

En el debate sobre el Proyecto de Ley de Seguridad, la Liga introdujo con calzador en el orden del día una medida por la que el partido de Matteo Salvini lleva luchando 22 años: «Establecer una comisión o una mesa técnica sobre la castración química para los violadores y pedófilos«.

Esta comisión «debería evaluar la posibilidad de que los condenados por delitos de violencia sexual« se adhieran a »programas de atención sanitaria, tanto psiquiátrica como farmacológica, también con un posible tratamiento bloqueador androgénico«. La castración química, de hecho, consiste en la administración de fármacos (los más utilizados son el acetato de ciproterona y el acetato de medroxiprogesterona) que inhiben la liberación de hormonas que estimulan a los testículos a producir testosterona, disminuyendo así la libido).

Aunque por el momento se trata solo de instituir una comisión o una mesa técnica para evaluar el tema de la castración, se ha suscitado ya una fuerte polémica entre los partidos. Para Matteo Salvini es su caballo de batalla y se mostró eufórico: «Es una gran victoria de la Liga». Desde hace tiempo, Salvini grita a los cuatro vientos: «Castración química para pedófilos y violadores. ¡Tolerancia cero para ellos! No puede haber clemencia ante quienes cometen bestialidades de este tipo».

Pero incluso dentro del Gobierno, hay quienes se oponen. El actual ministro de Justicia, Carlo Nordio, exmagistrado de confianza de la primera ministra, Giorgia Meloni, calificó así la castración química: «Es un regreso a la Edad Media». Porque, en su opinión, además de reintroducir castigos físicos olvidados, entraba en conflicto con la función reeducativa del castigo. Además, está el riesgo de inconstitucionalidad de la medida. El artículo 32 de la Constitución establece claramente que «nadie puede ser obligado a someterse a un determinado tratamiento de salud sino por ley».

El mismo artículo añade que «la ley no puede en ningún caso violar los límites que impone el respeto a la persona humana«. Incluso la normativa europea, en la resolución 1945 de 2013, establece que »ninguna práctica coercitiva de esterilización o castración puede considerarse legítima en el siglo XXI«.

Varios diputados de centro izquierda han puesto el grito en el cielo ante la iniciativa de la Liga: «Es una propuesta que socava los cimientos de nuestro sistema jurídico«, subraya Simona Bonafè del Partido Democrático, de izquierda. Y Davide Faraone, de Italia Viva, de centro, añade: «Pensar en someter a un preso, incluso voluntariamente, a castigos corporales viola cualquier principio de humanidad y de justicia. La Liga se ha excedido, nos opondremos a esta locura». Muy crítica es también la Alianza Verdes Izquierda: «La Liga arrastra a la derecha a su obsesión represiva».

En realidad, la propuesta de la Liga, que de ser aprobada modificaría el código penal, no prevé la administración obligatoria, sino una suspensión condicional de la pena sujeta a tratamientos farmacológicos. Los condenados por delitos sexuales podrían ver reducida su condena, si aceptan someterse a la castración química.

En Italia estaría reservada para 1.870 personas, el número de personas condenadas por violencia sexual según los últimos datos del Istat. Pero las dudas científicas y de eficacia también pesan sobre la castración química, según destacan los medios italianos. Aplicada en Rusia y Polonia de manera extremadamente limitada y sujeta al consentimiento de los condenados en algunos países del norte de Europa, la castración química provoca cambios físicos y psicológicos en cascada.

También es un tratamiento reversible, en el sentido de que al finalizar la administración de los fármacos debería cesar el efecto antilibido. El diario La Repubblica, de izquierda, destaca que las feministas también se suman al coro del 'no' con otros motivos: «La violencia no tiene nada que ver con un impulso sexual imparable que se puede contrarrestar con drogas. Lo decimos desde hace treinta años: las razones de la violencia masculina contra las mujeres están en la cultura«, afirma Antonella Veltri, de la «Red de centros de mujeres contra la violencia».

Dada la fuerte polémica que ha suscitado el tema de la castración química a los violadores, han quedado en un segundo plano otros delitos que tendrán notable repercusión social, como el ya citado sobre la «ocupación arbitraria de un inmueble destinado al domicilio de otros». La pena prevista es prisión de dos a siete años.

Entre la veintena de nuevos delitos que introduce el Proyecto de ley de Seguridad, está el de resistencia pasiva, que la oposición ya ha denominado la «norma anti-Gandhi»: Cualquiera que bloquee una carretera o una línea ferroviaria en grupo se expone a una pena de prisión de seis meses a dos años. Para los extracomunitarios se establece otra norma: Los que quieran adquirir una SIM en Italia deberán presentar a los operadores telefónicos, además del documento de identidad, también una «copia del permiso de residencia».