El 'cheque climático': cómo el dinero que pagan las empresas por contaminar puede llegar a tu bolsillo

La base de la propuesta elaborada por el think tank Oikos, que se presentará en el Congreso de los Diputados el miércoles, parte de la ampliación para 2027 del sistema de comercio de emisiones (ETS, por sus siglas en inglés) en la Unión Europea. Es un sistema pensado para desincentivar y limitar las emisiones de gases de efecto invernadero. En él, las empresas compran y venden su derecho a contaminar y funciona desde hace una década en grandes sectores industriales, el sector energético y la aviación. Este sistema se va a expandir pronto a la edificación, el transporte por carretera, el marítimo, la agricultura y los residuos, ampliando también la recaudación. Y la UE quiere que parte de lo recaudado tenga un impacto social tangible.

«La población no sabe en qué nos hemos gastado el dinero del sistema de comercio de emisiones en el pasado, ni que viene más dinero, y que viene ya preasignado. Ese debate no existe», dice Toni Timoner, autor del informe. El también cofundador de Oikos insiste en el «vacío absoluto» que hay en España sobre el tema a pesar de que los estados miembros deben presentar un borrador para el Plan Social para el Clima –que repartirá parte de los fondos del comercio de emisiones– antes del 30 de junio. En ese texto, los países deben perfilar en qué medidas sociales quieren gastar el dinero que van a recibir. Y las guías planteadas por Europa son muy amplias. «Hay mucha capacidad de decisión nacional», explica Timoner. Por ejemplo, se plantean ayudas al transporte, a los hogares, si se financia la reforma de edificios o la compra de vehículos eléctricos.

Dentro de este margen, el think tank propone que parte del presupuesto se destine a repartir un 'dividendo climático' entre la población. Se trataría de «un cheque universal, único, adaptado a una realidad geográfica y de cada familia, que es básicamente dar un premio a la sociedad por el esfuerzo de descarbonizar», explica Timoner. «Al devolver estos ingresos directamente a los ciudadanos, en forma de pagos o subsidios, se mitiga, hasta cierto punto, el impacto económico regresivo que es inherente a muchas de las políticas de ajuste en transición ecológica», apunta el informe de Oikos. Y, además, es la estrategia más efectiva para ganar aceptación social. «Este enfoque permite que los beneficios sean visibles e inmediatos para la ciudadanía, lo que refuerza la percepción de justicia y equidad», argumentan.

La propuesta de la entidad hace variar la cantidad percibida por personas entre un mínimo de 50 euros –los menores cobran la mitad que los adultos– y un máximo de 200 euros para un mayor de edad que viva en una zona rural y tenga rentas bajas. En total, se necesitarían unos 4.100 millones de euros anuales. Unos mil millones saldrían directamente del Fondo Social para el Clima, que se complementarían con más ingresos procedentes del comercio de emisiones o con el hecho de que «probablemente se acabe recaudando más con el comercio de emisiones que lo actualmente estimado», dine Timoner.

Para el laboratorio de ideas, el hecho de que la medida esté implantada y tenga una gran aceptación en países como Austria, Canadá o Suiza, es muestra de que solo hace falta voluntad. En especial, teniendo en cuenta que la medida la han ejecutado gobiernos de diferente signo (conservador, progresista y una coalición multipartidista, respectivamente) con matices, en función de sus necesidades. Por ejemplo, en Canadá funciona como una tarifa plana, mientras que Austria ajusta las cantidades para que la población rural, con menos servicios públicos a su disposición, perciba más dinero. Suiza, en cambio, utiliza los ingresos para aplicar deducciones en el seguro médico.

Porque, hasta ahora, ¿dónde ha ido el dinero que pagan las empresas por contaminar? Lo más probable es que no lo sepa, y ese es parte del problema, según Oikos. El informe explica que en 2022, España habría recibido una recaudación total de 3.231 millones de euros del comercio de emisiones. De esos 3.231 millones, solo 2.020 millones han ido a acciones climáticas. En concreto, «la práctica totalidad se ha dedicado a costear el despliegue de renovables, sin haber dedicado recurso alguno a medidas de apoyo social», dice el texto.

El problema es que la inminente ampliación del sistema de comercio de emisiones tendrá consecuencias directas para el ciudadano. «Incrementará los costos de los combustibles para los consumidores en la medida en que los proveedores, que deben adquirir los derechos de emisión, trasladarán probablemente al comprador final», dice el informe.

«Nosotros queremos abrir el debate sobre el dinero que se va a ir generando», explica Timoner. «No decimos que este sea el único uso, tiene que haber un buen 'mix'. Pero esta es una buena manera de abordarlo, ya que ahora el único destino es el eléctrico».