Cataluña plantea un conflicto de competencias ante el TC contra el decreto estatal que desarrolla la FP
El Govern considera que «determinados preceptos de la norma exceden el ámbito de la regulación básica estatal e invaden competencias de la Generalitat»
La FP introduce a la empresa en la ecuación educativa
Nuevo frente abierto entre el Gobierno y Cataluña. El gobierno autonómico planteará un conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional (TC) en relación a determinados preceptos del Real Decreto 659/2023, de 18 de julio, por el que se desarrolla la ordenación del Sistema de Formación Profesional (FP).
El Ejecutivo catalán considera que el texto contiene unas previsiones muy detalladas que «exceden del ámbito de la regulación básica estatal en materia de educación y que, además, en muchos casos inciden en aspectos meramente ejecutivos y organizativos que corresponde determinar a la Generalidad» .
En concreto, los aspectos principales del conflicto se refieren, entre otros, a la determinación de los horarios de las enseñanzas, a las previsiones relativas al desarrollo del currículo o los requisitos de acceso a las enseñanzas que se contienen con un grado de detalle excesivo incompatible con el carácter de normas básicas.
El Govern considera que el citado decreto también vulnera las competencias de la Generalitat sobre educación en lo que respecta a la regulación de los centros de referencia nacional en el ámbito de la Formación Profesional o en la participación del Gobierno en los procedimientos de toma de decisiones del Estado que afecten a sus competencias en materia de universidades.
El Consejo de Ministros aprobó este mes la distribución a las comunidades autónomas de cerca de 330 millones de euros correspondientes a cuatro programas vinculados a la Formación Profesional, la Educación Infantil, la enseñanza de programación y robótica y la escolarización de desplazados por la guerra de Ucrania.
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En el caso de Cataluña, el Govern recibirá concretamente 46,2 millones de euros, fondos con los que el Estado espera cumplir sus «compromisos», tal y como subrayó la ministra de Educación y FP en funciones, Pilar Alegría, al detallar la medida. Los fondos asignados permitirán crear 9.220 plazas de FP y 3.628 de educación infantil en Catalunya.
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