«El catalán en Baleares es la lengua del poder, incluido el PP, pero no del pueblo»

Arana, que lleva 30 años ejerciendo la docencia, enfatizó en que si bien sólo el 18% de la población vasca tiene el euskera como lengua materna, el alumnado escolarizado en este idioma es superior al 80%. En su opinión, estas cifras son el resultado de una «ingeniería social» que necesita de una «red de mentiras» como que «la escuela no pinta nada en el aprendizaje de una lengua, ya que se puede aprender fuera de las aulas» o que «los resultados de los alumnos vascos en lectura son iguales o superiores a los de las comunidades monolingües».

Este tipo de mantras, dijo, son repetidos por grandes pesos pesados de la Universidad del País Vasco, filólogos y, por supuesto, por políticos, pero la realidad es que en el último informe PISA, el País Vasco quedó el penúltimo en comprensión lectora, si vienen paradójicamente los estudiantes parten allí de un índice sociocultural más alto que en otras comunidades. Pero, en última instancia, los alumnos del País Vasco no aprenden castellano, pero tampoco euskera: «Sólo un tercio termina con un nivel B2, teniendo muchos de estos origen vascohablante».

Por su parte, Font se preguntó si la situación del catalán en Baleares había cambiado algo desde el vuelco electoral en la comunidad, con el que se puso fin al mandato de la socialista Francina Armengol: «El Partido Popular no ha cambiado ni una coma de la normativa lingüística. Aquí el catalán es la lengua del poder, incluido el PP, pero no del pueblo». Font expresó que los partidos «dicen una cosa en Madrid y otra en Baleares, pues allí aunque no todos son soberanistas, sí son catalanistas». Desde que las competencias en Educación fueron transferidas, dijo, los padres han visto sus derechos lingüísticos atropellados y recuerda que en más de 140 centros educativos omitieron la casilla en la que se puede elegir el castellano.

Recogiendo el espíritu de las jornadas, tanto Arana como Font hicieron hincapié en que en País Vasco y Baleares los centros entran en contradicción con la doctrina del Tribunal Constitucional. En este sentido, José Domingo, de la asociación Impulso Ciudadano, anunció que impulsarán la creación de una comisión permanente en el Senado sobre los derechos lingüísticos de los españoles. Domingo habló también de la necesidad de una ley para la protección de estos derechos que, entre otras cuestiones, incluyera el castellano como lengua vehicular en los colegios de toda España. «Con esta ley, el ciudadano no tendría que esperar a la interpretación de un tribunal».