Casar a los hijos menores contra su voluntad: una forma de trata que aflora en España

«Es muy complicado dar con estos casos, es un gran hándicap que tenemos, pero aunque creemos que es propio de otras culturas, siguen ocurriendo en nuestro país», dice la teniente, que aporta el precio que se les pone a las vidas de estas mayoritariamente niñas: «Entre 3.000 y 15.000 euros».

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De hecho, la teniente cuenta a este periódico que solo en el caso de confesión por el o la menor (hasta ahora, en España los casos son femeninos) o de detección por parte del entorno se puede llegar a frustrar un enlace de este tipo, tipificado en nuestro Código Penal y amplificado como forma de trata desde 2015. La teniente recuerda el caso de un dependiente de un comercio que pudo abortar la boda forzada de una niña porque escuchó a su padre en la caja del supermercado recordarle que no iba a ir más al colegio porque su casamiento estaba planificado. Los directores y profesores en los colegios son los otros grandes detectores de este delito, cuando escuchan comentarios o denuncian la falta continuada de las niñas a la escuela. Este patrón se repite en casi todos los casos, como es lógico, porque la intención de los progenitores o familiares que conciertan la boda es desescolarizarlos y que estrenen otra situación económica junto a su nuevo esposo.

Solo hay un Cuerpo policial en España con un recuento especial de estos casos, los Mossos d'Esquadra. Su balance roza los 200 desde 2009, siendo así Cataluña donde más se registran. Sobre todo, entre la comunidad pakistaní, tal y como constata Huma Jamshed. En su asociación, en el corazón del Raval (Barcelona), tiene acogida a Bisma, una joven de 20 años, a quien, tras rechazar una unión concertada, su madre rapó la cabeza «como castigo para que la vean fea», explica Jamshed. Pero ese no fue el motivo que la llevó a formalizar una denuncia ante la Policía, sino que la pareja de su progenitora violase a su hermana menor.

El individuo se encuentra en prisión provisional y ahora ella trabaja en un supermercado. Es una de las mujeres que ha encontrado refugio en Acesop –donde la llevaron los mismos Mossos–. Lugar en el que, el pasado julio, Huma auxilió a Anisa, también de 20 años, tras haber sido forzada por su padre a contraer matrimonio en Pakistán, bajo amenazas de muerte. En los bajos de la calle de las Flores de Barcelona estuvo escondida cinco días. La única condición de Huma para ayudar a estas jóvenes es que denuncien. «Si no, no sirve de nada», apunta. Tras años de experiencia, sabe que no es fácil. «Desde pequeñas les inculcan que deben obedecer». Un mantra que interiorizan y que, unido al aislamiento, por el mero hecho de ser mujeres, dificulta que pidan auxilio. También por la falta de recursos. A veces las trasladan engañadas a Pakistán –la excusa es un viaje– y allí las obligan a casarse bajo la amenaza de un 'crimen de honor', que perpetran varones de la misma familia al considerar que la han deshonrado, como ocurrió con las hermanas Abbas de Tarrasa. «A veces –la boda– es por simple clientelismo, un negocio, por dinero o tierras», sostiene Huma.

Desde las asociaciones que trabajan de cerca con este delito al que llaman «desafío social» como Plan Internacional y Amnistía Internacional, añaden que en numerosos países con profundo arraigo en España el matrimonio infantil forzado se sigue produciendo con total impunidad. Tres ejemplos: Perú acaba de prohibirlo, el pasado noviembre, junto a la República Dominicana, donde estos enlaces sin el consentimiento de menores de 18 años eran recurrentes; desde esta semana Colombia aborda por novena vez una propuesta para prohibirlo. Sigue sin salir adelante. Cada año 12 millones de niñas (28 niñas cada minuto) son emparejadas a edades precoces en lugares como Brasil, Bangladesh, Etiopía, India y Níger con el consiguiente riesgo por embarazos a edades muy bajas, según la alianza mundial Girls Not Brides; Unicef estima que 115 millones de varones contrajeron matrimonio en su infancia, 23 millones antes de los 15 años.

AYUDADA POR LA ONG ESPAÑOLA PLAN INTERNACIONAL

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Hadiza tiene hoy 14 años

Un dato más: según el Banco Mundial, cada año adicional de estudios reduce la probabilidad de matrimonio antes de los 18 años en un 5%; de ahí que ONG españolas como Plan Internacional incidan en la educación como herramienta para esos futuros contrayentes. Lo ha hecho con Hadiza, en Nigeria, y Anna, en Tanzania (a la última la liberó de la mutilación genital, el primer paso antes de que en su comunidad se entregue a una niña a su futuro marido). Hadiza rememora que desde la entidad «hablaron amablemente» con su madre, que la preparaba para su matrimonio a los 12 años. «Perdí la esperanza. Tenía miedo de casarme porque quería perseguir mis sueños. Mi hermana mayor se casó hace dos años, con 13. Ya la han echado de casa de su marido», relata.

En su país, el 30,3% de las niñas se casan antes de cumplir los 18 y el 12,3% antes de los 15, exacerbado el matrimonio por las normas sociales y los bajos niveles de educación. La venta de niñas como Hadiza reducen la carga económica en hogares como el de Fanna, su madre, que tiene otros seis hijos. «Pedí a mi hija que dejara la escuela y mi intención era casarla con cualquier hombre interesado en ella», reconoce. Fanna aceptó que pudiese volver a la escuela y ser ayudada por Plan. La profesora de Hadiza, Hamsatu Umar, cuenta que «le impresionó la determinación de la joven para decir que no quería» una boda sin su consentimiento.

Huma es una referente de la comunidad pakistaní que acoge y auxilia a jóvenes que rechazan matrimonios concertados por sus familias, bajo amenazas de muerte

Precisamente así nació 'Valientes y Acompañadas', la primera asociación de España en combatir los matrimonios forzosos, después de que una menor de 16 años y origen gambiano, residente en Gerona, se negase a la unión que había concertado su familia. La petición de auxilio se la hizo a Carme Vinyoles , que tenía relación con su padre, tras haber realizado, en su faceta de periodista, una serie sobre población migrante. La adolescente confió así en ella y la hizo partícipe de una problemática, por entonces –2014– aún invisible en nuestro país. «Ni policías, jueces o profesores tenían idea del tema», recuerda ahora Carme, cuya entidad ha evitado desde entonces la unión forzada de 260 jóvenes. La mayoría no llegó a formalizar una denuncia contra sus progenitores. «Aunque los padres son los que ejercen esta forma de violencia machista, lo hacen porque creen que es lo correcto, como una manera de 'protegerlas' al casarlas con alguien de la familia. Además, también temen que sus madres paguen las consecuencias», explica.

En su mayoría, son las propias afectadas las que piden ayuda. «Nacidas o criadas aquí, rechazan esta práctica», detalla Vinyoles. El problema viene después, porque tras la petición de auxilio se necesitan recursos. Un alojamiento temporal cuando escapan de casa, atención psicológica o sufragar una educación que permita que esas jóvenes sean un día mujeres independientes, pero las ayudas siendo prácticamente inexistentes, constatan desde la asociación.