Canadá convierte la eutanasia en un trámite burocrático: «Señora, si está tan desesperada, podemos ayudarla a morir»

La suya, una historia de superación que la había llevado a competir en los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro en 2016, cambió abruptamente de color el pasado mes de diciembre.

Según recoge CBC News, la exatleta recibió una carta del Gobierno de Canadá (del departamento de Asuntos de Veteranos) en la que contestaban a la petición del elevador: «Señora, si está tan desesperada, podemos ofrecerle ayuda médica para morir». Gauthier decidió hacer llegar su indignación al mismísimo primer ministro de Canadá.

Justin Trudeau calificó lo sucedido con Gauthier de «absolutamente inaceptable». Sin embargo, días después se conocía que la 'oferta' también había llegado a otros veteranos del Ejército. Trudeau añadió entonces que estaban haciendo «un seguimiento con las investigaciones y cambiando los protocolos para garantizar lo que debería parecer obvio para todos nosotros: que no es cometido de Asuntos de Veteranos de Canadá, que se supone que tiene que apoyar a las personas que dieron un paso al frente para servir a sus país, ofrecerles asistencia médica para morir».

El trabajador social que recomendó sutilmente la muerte a Gauthier fue expulsado, pero a la polémica de las cartas le siguió otra protagonizada por Les Landry, un camionero jubilado de 65 años a quien un médico 'aprobó' la solicitud de eutanasia por tener problemas económicos. Landry, según recoge 'The New York Times', llegó a decir: «No quiero morir, pero tampoco quedarme sin hogar». Lanzaba así un nuevo debate público: ¿no debería el Estado evitar que alguien deje de vivir por querer escapar de la pobreza?

La pregunta tiene aún más sentido después de que un artículo publicado a principios de este mes en la BBC apuntara que el caso de Les Landry no sería aislado y varios canadienses habrían optado por la muerte asistida por no poder acceder a una vivienda.

«Dejar que la gente tome la decisión de morir porque el Estado no está cumpliendo con los derechos humanos fundamentales es inaceptable», afirmó Marie-Claude Landry, directora de la Comisión de Derechos Humanos de Canadá, y cuyas declaraciones recoge también el citado medio británico.

Las historias de la veterana y exatleta paralímpica Christine Gauthier y del jubilado Les Landry han coincidido en el tiempo con el plan del Gobierno de Justin Trudeau de ampliar la ley de eutanasia actual y extenderla a personas con enfermedades mentales. Un debate profundo que ha suscitado la reacción de médicos críticos de todo el país y que ha terminado por posponer la entrada en vigor de la ampliación, que estaba prevista para el próximo 17 de marzo.

El Ejecutivo, ante las crecientes críticas, ha considerado oportuno pedir «estudios adicionales». No se trata, sin embargo, de la primera modificación de la norma.

Fue en el año 2016 cuando Canadá despenalizó la eutanasia para pacientes con enfermedades terminales. El programa de asistencia médica para morir, conocido en el país por sus siglas MAID, ya se había ampliado en 2021 para incluir a personas con enfermedades físicas graves y crónicas.

Canadá pasó así a estar en la línea de países europeos como Bélgica y Países Bajos, donde también es legal la muerte asistida para personas que no sufran una enfermedad terminal. Ya entonces la polémica estalló: tres expertos en derechos humanos de la ONU afirmaron que la reforma tenía un «impacto discriminatorio» en las personas discapacitadas.

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Pero, ¿cuáles son las cifras de la eutanasia en el país y qué perfiles la han solicitado? Según los últimos datos públicos, en 2021 hubo 10.064 casos, que representan un 3,3 por ciento del total de muertes en Canadá.

Un dato elevado y más aún si se compara con las 1.000 personas eutanasiadas en el país norteamericano en 2016, año en que entró en vigor la ley. Por otra parte, aquellos más favorables a los planes futuros de Trudeau recuerdan que en 2021 la edad media de los muertos por eutanasia fue de 76 años.

Y destacan, además, que el 80 por ciento del total había recibido cuidados paliativos y el 65 por ciento tenía cáncer. De esta forma, según los partidarios de que Canadá se convierta en uno de los países más 'avanzados' en cuanto a la legislación de la eutanasia, la reforma de 2021 y la prevista para este año no supondrían ninguna discriminación para los discapacitados ni ningún riesgo para los enfermos mentales. Pero hay que tener en cuenta que el perfil de canadiense que opta por la eutanasia podría cambiar con la nueva modificación.

La eutanasia goza de popularidad en Canadá y las encuestas señalan que la población apoya de forma mayoritaria el acceso al menos a una forma de muerte asistida. Sin embargo, la inclusión de la salud mental ha generado otro conjunto de preocupaciones. La principal controversia del mencionado plan de Trudeau tiene que ver con la imposibilidad de determinar si la enfermedad mental tiene o no cura a largo plazo. Ese ha sido precisamente el argumento utilizado por la Asociación Canadiense de Salud Mental, contraria a la decisión gubernamental.

Las crecientes críticas llevaron a David Lametti, ministro de Justicia y fiscal general de Canadá; Jean-Yves Duclos, ministro de Salud; y a Carolyn Bennett, ministra de Salud Mental y Adicciones, a lanzar un comunicado a mediados del mes de diciembre en el que afirmaban que «al escuchar a los expertos y a los canadienses» consideraban que la ampliación de la eutanasia para personas con enfermedades mentales prevista del 17 de marzo debía «retrasarse temporalmente».

Canadá se enorgullece de ser liberal y tolerante, dijo David Jones, director del Centro de Bioética Anscombe en la revista 'Journal of Ethics in Mental Health', «pero lo que está pasando con la eutanasia sugiere que puede haber un lado más oscuro».