Cambio importante en la ley de Dependencia: el Gobierno reconocerá de forma automática un 33% de discapacidad en este caso

El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes cambios en la ley de Dependencia y uno de los más significativos es que se reconocerá automáticamente el 33% de discapacidad a quien se le conceda cualquier grado de dependencia. El Gobierno ha presentado un anteproyecto que incluye en el mismo texto la reforma de la ley de Discapacidad. Ahora tendrá que pasar por las Cortes para ser aprobado tras la introducción de las enmiendas que consideren los grupos.

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, señaló en esa rueda de prensa que se busca «un cambio de paradigma» y «agilizar los procesos administrativos, evitando sobrecargas burocráticas».

Es precisamente en este sentido una de las cuestiones que se reformarán en la ley de Discapacidad y como indica la nota de prensa difundida por el Gobierno tras la rueda de prensa del Consejo de Ministros «se va a establecer una pasarela directa» con la que «las personas a las que se le concede cualquier grado de dependencia sean reconocidas con una discapacidad del 33%».

Es por ello que las personas que tengan reconocida una dependencia serán reconocidas también con este grado mínimo de discapacidad y por lo tanto tanto ellas como sus familias podrán beneficiarse de más recursos a su disposición. Con ello se simpliflica el trámite. Aún así si es necesario contar con un grado de discapacidad mayor sí la persona sí tendrá que iniciar los trámites habituales para incrementarlo.

El ministro Bustinduy ha recalcado que el objetivo de medidas como esta es «reducir cargas administrativas, crear nuevos derechos, ampliar el catálogo de servicios y eliminar recortes». Con este pretende también «eliminar rigideces e ineficiencias».

La reforma de la Ley de Discapacidad también busca la accesibilidad universal para que sea un derecho con el que poder exigirla en edificios y servicios públicos.

En este sentido, el anteproyecto plantea la creación de un Fondo Estatal de Promoción de la Accesibilidad Universal para, por ejemplo, la instalación de rampas u otras acomodaciones.

También se quiere obligar a las administraciones a la concesión de ayudas para realizar obras de accesibilidad de en edificios de viviendas y en comunidades de vecinos si alguna de las personas residentes lo necesita. En este sentido, se flexibilizarán los requisitos para acceder a las ayudas rebajando al 70% el porcentaje de financiación de la obra a pagar por la comunidad.

En el caso de las compañías de seguros no podrán discriminar a las personas con discapacidad y el texto contempla también medidas referentes a la tecnología.

En el mismo Consejo de Ministros se aprobó también el anteproyecto para la reforma de la Ley de Dependencia con medidas como suprimir el régimen de incompatibilidades en las prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia o la eliminación del plazo suspensivo máximo de dos años que hay en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar