Belarra regala dietas, viajes y auditorías a las entidades que riega con 100 millones

Esta norma que la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030 pretendía que se aprobara ayer en Consejo de Ministros fue retirada por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Sin embargo, no es motivo para que no vuelva a incluirse en futuros Consejos de Ministros, como ya ha ocurrido con otras normas en otras ocasiones.

El texto legal y la memoria de impacto normativo que lo acompaña, ya redactados por el equipo de Belarra, dan bastante margen a las entidades que se benefician (sobre todo a la Fundación Cibervoluntarios, la que más dinero recibe: 63,25 millones de los 97,04 totales).

Así, de acuerdo con el proyecto de real decreto, entre los gastos subvencionables figuran: las retribuciones del personal laboral que esté vinculado al objeto de la subvención, incluyendo los gastos de Seguridad Social; de alquiler de inmuebles; costes de equipos informáticos, de nueva adquisición o arrendamiento durante el período en que se utilicen para el proyecto; gastos de actividades como alquiler, seguro del espacio formativo, servicio de limpieza, etc.; gastos de formación de personal; de dietas y viajes en territorio nacional del personal adscrito a la actividad; derivados de la apertura y mantenimiento de la cuenta bancaria vinculada al proyecto, así como gastos de comisiones bancarias relacionadas con la ejecución del proyecto; trabajos de auditoría del proyecto; gastos indirectos subvencionables y, por último, gastos de amortización de los bienes inventariables adquiridos para el proyecto.

El ministerio deja claro que el dinero destinado para los inmuebles, los equipos, el personal, su formación, así como sus viajes y dietas deben estar vinculados al proyecto subvencionado. Sin embargo, muchas cargas no dejan de ser especialmente llamativas cuando lo que se trata es de capacitar en competencias digitales a personas vulnerables.

«Las retribuciones al personal laboral a las que se refiere la norma son muy genéricas, si no se concreta se podría subir la retribución de cualquier miembro de la organización, incluyendo al personal directivo. En cuanto al alquiler de inmuebles es igual de inquietante: se puede financiar cualquier local en cualquier barrio, incluido el mejor de la ciudad. Otra vez, subvencionan generalidades. En cuanto al gasto de actividades que incluye la limpieza, la pregunta es qué tiene que ver eso con las competencias digitales de personas vulnerables», analizan fuentes jurídicas.

A dichas fuentes le llaman la atención especialmente la subvención de dietas y viajes. «Se pueden tener viajes y dietas, sí, pero hay que hacer una acotación y explicar quién viaja, por qué y si es en función a un proyecto concreto; lo mismo con las dietas», continúan las mismas fuentes que también advierten de los gastos de auditoría, «la vía más fácil para el desvío de fondos si no se controla».

Otro aspecto llamativo del real decreto es el apartado dedicado a la subcontratación. ¿Por qué? El texto normativo dice que «atendiendo a la naturaleza de los gastos, la entidad beneficiaria podrá llevar a cabo la subcontratación ajustándose a lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones».

Es decir, se permite la subcontratación de todo lo relacionado con el proyecto a realizar. Paradójicamente, la memoria que acompaña al texto legal y cuyo contenido publicó este periódico el lunes, explicaba que Belarra decidió repartir las ayudas 'a dedo' y no a través de concurrencia competitiva, entre otras razones, por falta de infraestructura de las entidades, que ahora quieren financiar.

Así la memoria del decreto dice que un «análisis [...] del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 revela que actualmente hay un escaso número de entidades del Tercer Sector que puedan llevar a cabo una formación de este tipo. De acuerdo a los objetivos establecidos en el programa, estas entidades deben tener la capacidad de llegar a los colectivos [...] vulnerables, [...] que por su propia naturaleza resultan especialmente complejos de localizar y convencer para su participación en este tipo de proyectos. Asimismo, las entidades que ejecuten este proyecto deben tener la infraestructura y capacidad técnica suficiente para proporcionar una formación especializada a un número suficientemente amplio de alumnos, que permitan cumplir con los objetivos establecidos por la UE. Todo ello, manteniendo además una estructura de costes unitaria [...] que, de acuerdo a la metodología acordada, permita alcanzar dichos objetivos con los fondos concedidos, sin multiplicar su coste».