Las autonomías recortan la aportación para dependencia y casi medio millón de personas esperan ayudas

Cada 10 minutos, una persona que necesita asistencia fallece mientras espera recibir la ayuda que le es debida. En la actualidad casi medio millón de pacientes — alrededor de 350,028 de toda España— están en la espera del apoyo que les corresponde. A pesar de las alarmantes cifras, el año pasado nueve comunidades autónomas redujeron sus asignaciones presupuestarias destinadas a la atención a la dependencia.

En conjunto, las comunidades autónomas aportaron 7.573 millones de euros para atención a la dependencia en 2022, un total de 98 millones menos que el año anterior, según revelan los nuevos datos publicados este miércoles por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

La aportación para la dependencia es una partida del presupuesto estatal que se destina a apoyar a las personas mayores o discapacitadas que necesitan ayuda para realizar actividades de la vida cotidiana. Esta ayuda financiera se brinda a través de servicios, atención, equipamiento y adaptaciones. Es un recurso especialmente útil para las personas que necesitan apoyo para vivir independientemente o en su propia casa, en lugar de residir en una residencia de ancianos.

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El informe revela que en 2022 la inversión pública en Atención a la Dependencia alcanzó los 10.234 millones de euros. De ellos, las CCAA financiaron el 74%, con 7.573 millones de euros (un 1,27% menos de gasto que en 2021), frente al 26% que supuso la aportación estatal, con 2.661 millones de euros.

La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales precisa que, si se contabilizasen la aportación de Navarra y el cupo vasco, la aportación para dependencia de las CCAA «todavía se reduciría más, llegando a 134 millones de euros menos que el pasado año«.

Por comunidades, en 2022 nueve gobiernos autonómicos redujeron el gasto en la atención a personas en situación de dependencia, con respecto a 2021: Cataluña (57,3 millones de euros menos) Cantabria (8,7 millones de euros menos), Asturias (10,8 millones de euros menos), Comunidad Valenciana (40,6 millones de euros menos), Andalucía (51,6 millones de euros menos), Extremadura (11 millones de euros menos), Madrid (15 millones menos), Castilla y León (7,4 millones menos) y Murcia (1 millón menos).

Los autores del informe tachan de «especialmente sangrantes» los recortes que se han producido en Murcia y Cataluña, comunidades que el año pasado ocuparon los últimos puestos de la Escala de Valoración del Observatorio de la Dependencia. Por otra parte, destacan positivamente las comunidades que más incremento realizaron: Baleares (con un incremento del 17%), y Navarra (con un incremento del 8,8%).

El gasto medio por persona beneficiaria en España se sitúa alrededor de los 8.000 euros. La comunidad que destinó mayor cantidad económica por usuario fue el País Vasco, que duplicó el presupuesto andaluz. Por otra parte, las autonomías que más han aumentado el número de personas beneficiarias son las mismas que han reducido el gasto medio por usuario. El incremento en el número de atendidos no ha venido acompañado de un aumento proporcional de la financiación.

Los datos indican que las regiones que realizan una mayor inversión en atención a la dependencia por persona potencialmente dependiente y año son: País Vasco (2.329 euros), Extremadura (1.706 euros) y Navarra (1.701 euros). Por otro lado, las regiones con las inversiones más bajas en este aspecto son Canarias (801 euros) y Galicia (615 euros).

Según el informe, desde 2015, el número de personas en situación de dependencia atendidas se ha incrementado cada año. Entre 2021 y 2022 se observa un incremento porcentual del gasto total certificado más elevado (7,1%) que el incremento en el número de personas beneficiarias (7,9%).