Diana Morant fracasa en su primera propuesta de financiación de la ley de Universidades

En el primer caso, el plazo que marca la ley para hacerlo es antes del 31 de diciembre de 2024 y, en el segundo caso, la medida se debe poner en marcha a partir del curso académico actual, es decir, 2024-2025. Ambos plazos serán modificados vía enmienda usando para ello la ley de enseñanzas artísticas, actualmente en tramitación en el Congreso. Así lo señala el documento de trabajo del Ministerio de Universidades al que ha accedido ABC y que se ha debatido este jueves.

Los presentes -gobierno y comunidades- acordaron, con el rechazo de los sindicatos, el aplazamiento de la norma con este mecanismo pero no hubo el mismo acuerdo en cuanto a la financiación de la norma. Esta es necesaria, entre otros motivos, para la contratación de profesores ayudantes doctor que permitan estabilizar a los mencionados profesores asociados. Para ello, el ministerio ofreció pagar una parte y que las comunidades sufraguen otra. Y ahí es donde empezaron los escollos.

Las comunidades con las que ha tenido contacto este periódico han señalado que no es en este grupo de trabajo donde hay que ponerse de acuerdo -sino en la Conferencia General de Política Universitaria- y que la propuesta no es adecuada. «El ministerio tiene que hacer un esfuerzo mayor. Nosotros ya estamos cofinanciando, lo que están haciendo ahora es el conocido como 'yo invito y tú pagas'», criticaron fuentes de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación. El secretario general de Universidades de esta comunidad, Ramón Herrera, ha exigido al Gobierno central que asuma «toda la responsabilidad financiera».

Por su parte, la Consejería de Educación, Universidades y Empleo de la Comunidad Valenciana ha mostrado su «disconformidad» con el plan del Ministerio y «ha exigido a la ministra Diana Morant que asuma la financiación necesaria para su aplicación», señalaron en un comunicado.

«Valoramos el avance del ministerio para financiar las primeras contrataciones de este plan de implantación de la LOSU, al tiempo que le hemos solicitado que valore aumentar su porcentaje de cofinanciación en dicho plan, dado el importante esfuerzo inversor que ya está realizando el gobierno de Castilla-La Mancha en materia universitaria», han señalado fuentes de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de Castilla-La Mancha. «En este sentido, esperamos que se llegue pronto a un acuerdo entre todos que facilite la aplicación de la ley. Cabe recordar que el Gobierno regional invierte actualmente más del doble en universidades que en la etapa del 2011 al 2015, con una subvención nominativa a la universidad regional que supera en este 2024 los 215 millones de euros», añadieron las mencionadas fuentes.

En cuanto a los rectores presentes, en representación de CRUE, «la posición ha sido muy clara: para nosotros lo mejor era que la LOSU caminara en su fecha prevista, pero si por circunstancias de otro tipo no puede echar a andar entendemos que se flexibilicen algunas disposiciones de la ley, pero no participamos de esa decisión, la comprendemos pero no estamos ni de acuerdo ni en desacuerdo», dijo a ABC José Luján, rector de la Universidad de Murcia y uno de los representantes de CRUE en la reunión. «Nosotros no fijamos las disposiciones de la ley, por lo tanto, no somos los que tenemos que decir cómo modificarla, la solución no está en nuestra mano aunque entendemos que haya que resolverlo de esta manera», insistió.

Para lograr la estabilización de los asociados, como marca la norma, se propuso contratar a 4.200 profesores ayudantes doctor (además de para otros fines). Como avanzó ABC, estas plazas se van a repartir así: 2.100 en 2024; 840 en 2025; 630 en 2026 y otras 630 en 2027. Con ese esquema, el ministerio sufragaría el grueso de las plazas el primer año -dos terceras partes, es decir, 1.364- y las comunidades la tercera parte -es decir, 736- también el primer año. En los cursos sucesivos las autonomías afrontarían el pago de «las siguientes plazas que se incorporen en el resto de la duración del programa, hasta las 4.200 plazas propuestas», dice el citado documento de trabajo que se puso este jueves sobre la mesa.

De acuerdo con Luján, «la propuesta resuelve el problema; falta ver cómo llega a cada universidad pero creemos que la fórmula puede servir. El problema es que esto se va a resolver en cuatro cursos, no en uno. Sin embargo, donde no podemos entrar es en decidir si el reparto del coste sea un tercio, dos o lo que sea, no nos corresponde. He pedido que Estado y comunidades se pongan de acuerdo porque las universidades necesitamos las medidas».

La postura más firme, cuentan los asistentes, la mostraron los sindicatos, que rechazaron el cómo y el cuánto. Este extremo ha sido confirmado por CC.OO, UGT y CSIF. «Estamos en desacuerdo con el contenido de la modificación de las dos disposiciones transitorias de la ley porque supone retrasar los contratos indefinidos de los asociados y es justo conseguir lo contrario de lo que dicen pretender, se va cronificar la precariedad y va a aumentar la temporalidad«, señaló Ramón Caballero, del sindicato CSIF. «Las plazas que proponen van a ser insuficientes, no va a haber recursos ni presupuestos y no se va a conseguir poner coto a los problemas que está creando la LOSU», añadió.

«La moratoria en la aplicación de las disposiciones que contempla la LOSU (nueva calendarización) surge de las necesidades de las comunidades y universidades y no favorece los intereses del profesorado de nuestras universidades públicas, sometidas en su mayoría a porcentajes de precariedad verdaderamente insoportables», se quejó Maribel Loranca, de UGT.