Se acabó la 'fast fashion': Francia planta cara a Shein para proteger el medioambiente

La Asamblea Nacional (AN), primera cámara del Parlamento francés, aprobó por unanimidad, la tarde del jueves, un proyecto de ley muy restrictivo y penalizador contra las empresas que venden 'fast fashion' a los precios más asequibles, esperando apoyar a la industria francesa y sus artículos más caros pero presuntamente «más ecológicos».

Tras el voto de la AN, el proyecto de ley debe ser aprobado o revisado en el Senado, segunda cámara del Parlamento nacional, para entrar en vigor con relativa celeridad, a finales de este año, si no aparecen obstáculos imprevistos.

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El proyecto de ley ha sido presentado por 'Horizontes', un pequeño partido que forma parte de la mayoría simple que apoya a Macron en la AN. La redactora del proyecto, Anne-Cécile Violland (conservadora nacionalista), tiene una visión coercitiva con vocación ecologista de carácter administrativo, que ella resume de este modo: «Nuestra ambición es reducir las pulsiones al consumo excesivo, que tiene muy malas consecuencias ecológicas, sociales y económicas». Dicho de otro modo: »Hay que consumir menos, para ser mejor ecologista».

A juicio de la diputada macroniana, la industria textil representa, globalmente, el 10% de las emisiones mundiales de gas. Según ella, «la mejor manera para recortar esas emisiones es penalizar a las empresas menos virtuosas en beneficio de las empresas que tienen mejor comportamiento ecologista». Quizás no sea un azar, completamente, que la industria textil francesa tenga muy malas posiciones en la 'ropa de usar y tirar', pero tiene muy buenas posiciones en la moda más cara y presuntamente más «responsable ecológicamente».

La industria textil y la distribución de ropa francesa entró en crisis hace años, cuando los grandes de la 'moda rápida' se convirtieron en temibles rivales. Anne-Cécile Violland espera que la futura Ley «permita limitar la diferencia de precios entre las empresas del textil más o menos virtuosas ecológicamente».

Cuando la ley entre en vigor, los productores estarán obligados a informar del origen de la fabricación y el «impacto medio ambiental de sus prendas». Por vez primera, en un país no comunista, el gobierno dictará criterios propios para determinar y fijar el concepto exacto de 'fast fashion', según los volúmenes de producción, distribución y «velocidad» de venta de las prenda destinadas al consumo de la clientela joven.

El proyecto también tiene una dimensión coercitiva en el terreno publicitario: quedará total o muy parcialmente prohibida la publicidad de la 'pronta moda', impidiendo dar a conocer sus precios comparativos. Varios gabinetes de defensa de los consumidores se han apresurado a subrayar que esos criterios corren el riesgo de penalizar a los consumidores más modestos y sensibles a los precios.

A partir de esos «baremos», sin precedentes en ningún país industrial avanzado, el gobierno podrá penalizar con un recargo o impuesto de 5 euros (10 euros, a partir del 2030) por prenda a las empresas distribuidoras de artículos de 'moda rápida'. Solo habrá un techo: el incremento forzoso ordenado por la administración francesa no podrá ser superior al 50% del precio de la prenda.

En teoría, los ingresos de esas tasas de nuevo cuño, con vocación «ecologista», se usarán «para subvencionar a los productores de ropa sostenible, para poder competir más fácilmente». La primicia ecológica mundial, en el terreno de la 'fast fashion', también tiene una dimensión patriótica y nacionalista.

Las grandes empresas que ocupan una posición dominante en el sector amenazado son muy mayoritariamente extranjeras: Zara, H&M, Shein y Temu, entre otras, hace años que conquistaron en París y toda Francia el sector estratégico de la 'moda rápida' y más económica. Serán las empresas más afectadas por la futura legislación.

Por el contrario, Francia sigue siendo un líder mundial en la moda cara. Los grupos franceses, Louis Vuitton, Chanel, Hermès, Dior, Cartier, y sus filiales destinadas a la gama media, son uno de los pilares de la economía nacional, sin trabas ecologistas o presuntamente ecologistas de ningún tipo.