Sanidad negocia «in extremis» medidas comunes para todo el país

Durante varios días se ha sometido a revisión el «plan de actuaciones de respuesta coordinada para el control de la transmisión de Covid-19», que se ha gestado para ser eso precisamente, un sistema común de mínimos, unificado y conjunto para todo el país. Pero las primeras voces se salían ayer de esa directriz unánime:Canarias y Baleares pidieron ser excluidos de un hipotético toque de queda porque en su caso no tienen la transmisión comunitaria que requiere la toma de acción.

Además de Isabel Díaz Ayuso, que utilizó la fórmula «cierre de la actividad nocturna» para evitar hablar de «toque de queda», por las dificultades que va a tener el Gobierno central para encontrarle un encaje legal; otro presidente autonómico, Iñigo Urkullu, se subía al debate sobre esa posible implantación a la «francesa o belga». Según Urkullu, el Gobierno vasco aceptaría esta propuesta después de haber estudiado todas las alternativas factibles antes. El servicio vasco de Salud (Osakidetza) pidió ayer «limitar en lo posible las visitas a las casas».

Este va a ser el segundo punto clave de la reunión de hoy entre Salvador Illa y los consejeros, aunque va ligado al afán de limitar los movimientos y el ocio nocturno. El encuentro fue pospuesto 24 horas para que diese tiempo a estudiar las alegaciones de las comunidades más díscolas y llega precedida de una negociación que tendrá lugar cuatro horas antes, a las 12.00, entre los técnicos de la Comisión de Salud Pública para aproximar lecturas de las medidas que se deben tomar. Es más que previsible que el borrador del plan conocido hace una semana se pula y sufra múltiples modificaciones. Si pasa este primer filtro, el patrón de actuaciones se someterá a votación.

Es de esperar que las comunidades esgriman sus impedimentos respecto al posible cierre expeditivo de servicios, como bares y establecimientos de hostelería que contempla esa estrategia para los escenarios de riesgo extremo, un nivel al que se salta cuando los territorios superen una tasa de incidencia acumulada de 250 casos por 100.000 habitantes en 14 días. Ahora habría doce autonomías y las dos ciudades autónomas que aparecerían en granate (riesgo extremo) dentro de los cuatro umbrales de alerta prefijados.

Castilla y León adelantó que mantendrá su postura a favor de implantar el toque de queda porque «puede tener un impacto positivo», con la premisa de que sea efectivo en toda España y cuente con el soporte legal suficiente. Desde esta Comunidad, que tiene confinadas cuatro capitales (Burgos, León, Palencia y Salamanca), se insistirá en que las medidas sean homogéneas para todo el país. Se trata de «acabar con el espectáculo deplorable que estamos dando en el mundo», en palabras del vicepresidente Francisco Igea, con un mar de criterios dispares y sin ser capaces de consensuarlas entre las autonomías.

En el documento inicial se definen 5 escenarios, cuatro de ellos de alerta, en los que el Ministerio regula unas respuestas mínimas de restricciones. El color verde se reserva para la nueva normalidad, zonas con menos de 20 casos por 100.000 habitantes . Entre 20 y 50, el riesgo es bajo y el color amarillo tenue; entre 50 y 150 es un nivel medio; alto de 150 hasta 250 y, superior, de riesgo extremo, el último peldaño. En estos momentos ningún rincón de España se encontraría en los dos escalones inferiores. Esos escenarios se condicionan a siete indicadores más, enmarcados dentro de dos bloques, el epidemiológico y el asistencial. Cuando se disparan dos parámetros del primer bloque y uno del segundo, se sube de escalón y se endurecen las medidas.