El Gobierno modifica la Ley de Aguas para que el Estado recupere competencias

El ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente , Miguel Arias Cañete , tiene previsto presentar hoy para su aprobación en la reunión del Consejo de Ministros un decreto de medidas urgentes para modificar cuatro leyes ambientales, según informaron a ABC fuentes del citado ministerio. En concreto, los cambios propuestos afectarán a la ley de Aguas , a la de Residuos y Suelos Contaminados , a la de Calidad y Evaluación Ambiental y a la de Patrimonio Natural .

Entre las medidas para la reforma de la Ley de Aguas está la derogación de la controvertida decisión que entregaba a las autonomías las competencias de policía de agua en las cuencas intercomunitarias, una modificación que forma parte de una política que trata de «reforzar las competencias del Estado», tal y como señaló el ministro Cañete en su comparecencia en el Senado. Y es que la anterior ministra del ramo, Rosa Aguilar, cedió las competencias en los últimos meses de legislatura (verano de 2011) sobre el control de estos ríos a Andalucía, Aragón y Cataluña . Recuperaría así el Estado las funciones de control, inspección y sanciones.

Asimismo, está previsto que la reforma de la ley de Aguas recoja una modificación del Plan Especial del Alto Guadiana para que los regantes del Alto Guadiana puedan ceder sus concesiones de agua a cambio de un precio a otros regantes cuando no la utilicen. El objetivo es reducir las extracciones de lo acuíferos , del que se nutre por ejemplo el parque nacional de Tablas de Daimiel.

En cuanto a la Ley de Residuos, la propuesta elimina la posibilidad de que en nuestro país se implante un Sistema de Depósito, Devolución y Retorno de Envases (SDDR), que había quedado abierta en el artículo 21.2 de la citada norma, aprobada en julio del año pasado, siempre que se demostrara su viabilidad económica. Sin embargo, el texto que hoy verá el Consejo de Ministros deroga ese artículo.

Las otras dos leyes que se verán modificadas por vía de urgencia son la de Calidad y Evaluación Ambiental y la de Patrimonio Natural. En la primera, los cambios tratarán de agilizar y mejorar los procedimientos, tanto en la calidad de las resoluciones adoptadas como en la reducción de plazos para resolverlos. En la segunda se pretende unificar las distintas figuras de protección en aquellos casos en que éstas se solapen.