El primer juez que cuestionó la constitucionalidad del confinamiento: «El Gobierno sacó normas como la de la Eutanasia sin regular bien la pandemia»

La respuesta del juez Albar es clara: los magistrados de la sala han sido consecuentes , pero también han instado al Gobierno aragonés a poner en marcha las medidas que considere necesarias para frenar el avance del Covid-19 hasta que la Justicia resuelva. No quieren detener el curso de la lucha contra la enfermedad, solo encajarla dentro del marco jurídico existente . Mientras charla con ABC, el juez recibe el recurso interpuesto por el sector del ocio nocturno y la hostelería en contra de esas medidas aplicadas, para lo que este tribunal dictará auto de medidas cautelarísimas en pocas horas, un lío jurídico en el que se encuentran enmarañados los togados en esta y el resto de las autonomías desde hace ya veintiún meses.

El sector del ocio nocturno recurre el pasaporte Covid. ¿Seguirán pidiendo el certificado o pueden no hacerlo?

De momento, se seguirá pidiendo. Los magistrados dictamos hace una semana una providencia en la que decimos que un tribunal no gobierna y no nos corresponde valorar la implementación de esta medida, habiendo dictado después otra medida la comunidad, que autorizó a los establecimientos a pedirlo. Pero sí pensamos que el procedimiento de solicitar el aval del pasaporte Covid al tribunal autonómico, como se nos ha pedido en otras ocasiones, es inconstitucional y, por lo tanto, hemos dado diez días de plazo para elevar un recurso al TC y que analice el artículo 10.8 de la LJCA, que recoge ese procedimiento.

La terna del TSJA dice en su providencia: «El artículo 10.8 de la LJCA dota a la jurisdicción de una dimensión diferente a la que le corresponde como propia, que no es otra que la de jurisdicción revisora. En esa tesitura, el juez no ejerce como juez de garantías, sino que, en puridad, participa de una función que solo corresponde a la Administración, la función administrativa o, en su caso, la reglamentaria».

Es lo mismo que ustedes desde la sala del TSJA plantearon con los estados de alarma, y al final se resolvió que eran inconstitucionales. De hecho, usted propuso cuando parecía casi una locura que el confinamiento estricto era inconstitucional...

Eso fue por cuestiones de fondo, sobre algunas de estas cuestiones el Tribunal Supremo resolvió en el sentido que propugnábamos. En cuanto al artículo 10.8, nosotros siempre hemos mantenido una posición de coherencia. Cuando un tribunal se enfrenta a una posición jurídica la mantiene. En esta pandemia se tendría que haber legislado mejor, no cabe ninguna duda.

Se les define como jueces críticos por esa coherencia contraria a las medidas que iba aplicando paso a paso el Gobierno de Pedro Sánchez. A usted se le bautizó como el ‘juez de la discordia’ por no comprar el relato de la Administración central

Se nos conoce como críticos, pero hemos sido la minoría. Discutimos y resolvemos las cuestiones, pero sabemos que estamos en minoría. Durante la pandemia, por ejemplo, hubo hasta un cambio de opinión por parte del Tribunal Supremo respecto al pasaporte Covid, supongo que porque era la sala de vacaciones y se forma un tribunal con jueces de varias salas que dieron lugar a resoluciones diferentes. Hemos descuidado claramente la normativa de pandemias y por eso soy crítico. Lo del juez de la discordia no lo había oído.

¿Por qué este caos jurídico en cada etapa de esta emergencia nacional?

Se han sacado normativas muy relevantes en medio de la pandemia, como la ley de la Eutanasia, y no se ha sacado una ley de pandemias o al menos una modificación de la Ley Orgánica 3/1986 [LO 3/1986, de 14 de abril, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública]. Legislar bien es complicado, pero con prisas y en una situación concreta como esta, más. Ahora hay mucha más experiencia, pero tampoco se hace nada. Legislativamente, en esta crisis, no se ha hecho casi nada, y lo poco que se ha hecho, se ha hecho mal. Le pongo un ejemplo: el decreto ley de transición de la desescalada, hacia la nueva normalidad [junio de 2020, tras la primera embestida letal del coronavirus]. El Real Decreto Ley 21/2020 de 9 de junio quedaba integrado por el Plan de Desescalada, y las fases se definían por éste, pero dicho Plan no se publicó en el BOE, solo lo encontré en una web de Moncloa. Nosotros tuvimos un caso en el que no pudimos considerar fundamentada la orden impugnada en él: no es normal. ¿Dónde está la publicidad de las leyes según el artículo 91 de la Constitución?

¿Pero cómo debería haberse resuelto, qué debería haberse hecho?

Nosotros hemos pedido una y otra vez modificar la ley de emergencias sanitarias, la 3/1986 que citaba antes. Si la va a leer, contiene 3-4 artículos muy simples ante una emergencia como el Covid-19. Se han negado a modificarla, se lo han quitado de encima y no se han ampliado las medidas o redactado nuevas ni modificado las normas ante una crisis de esta magnitud.

Pues si los jueces no saben qué medidas aplicar, imagínese los ciudadanos cómo están...

No me extraña la perplejidad que ha causado todo el caos de medidas y restricciones. La gente está perpleja, lo comprendo perfectamente. Los actos de las administraciones nos han convertido a los jueces en gobernantes, pero nosotros no valoramos las medidas, estamos para proteger la legalidad de las mismas. Que se pida el pasaporte Covid en unas comunidades sí y en otras no para hacer lo mismo es una cuestión que deberían haber regulado el Gobierno central y las Cortes.

Aunque sirva como herramienta para estimular la vacunación necesaria, ¿el pasaporte Covid es legal? El Supremo dictamina que solo aplicado en circunstancias temporales concretas y en espacios definidos, pero es posible que no sea lo mismo en un espacio de ocio que no deja de ser voluntario, que en elementos esenciales como el transporte.

Libertad de movimientos, si limitamos la libre circulación de esa persona... es lo que estamos elevando al Constitucional. ¿Cercena derechos fundamentales? En su día, tal y como manifestamos desde la sala del TSJA, no se le había ocurrido a nadie regular el confinamiento perimetral y se aplicó en Aragón y otros lugares. Nosotros no lo autorizamos (como en La Almunia, un pueblo de Zaragoza). El confinamiento total solo podía hacerse por estado de excepción, declaró el TC. El Gobierno de Aragón fue pionero al regular los estados de alarma en la normativa regional, aunque hemos cuestionado que tenga competencia para hacerlo y aún no se ha resuelto esta cuestión. En todo caso, el resultado de la falta de regulación global es de incertidumbre total.