Los mayores expertos en educación, contra la «ley Celaá»: «La escuela no está para fomentar la identidad nacionalista»
ABC ha consultado a los mayores expertos en la materia para que reflexionen sobre la polémica Lomloe
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Con gran parte de la comunidad educativa en contra, la « ley Celaá » avanza a toda velocidad en el Congreso . El próximo jueves se debatirá en Pleno, pasará al Senado y luego volverá a la Cámara Baja para convertirse en ley definitivamente.
Se trata ... de la primera norma educativa que ha prescindido de la sociedad civil. Así, arrasa con el castellano, al eliminarlo como lengua vehicular de la enseñanza y oficial del Estado ; arremete contra la concertada al quitarle el carácter de garante del derecho a la educación y desprecia el mérito al facilitar la promoción de curso. ABC ha consultado a los mayores expertos en la materia para que reflexionen sobre la polémica Lomloe.
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José Antonio Marina: «Manejar bien el castellano es muy beneficioso para su porvenir»
El escritor y filófoso José Antonio Marina continúa, a sus 81 años, escribiendo y poniéndose al servicio, con su obra, de la educación. De hecho, su último libro, «Proyecto Centauro», reúne sus investigaciones y da un paso más intentando responder a cómo dotar a las nuevas generaciones de una personalidad que les permita tomar buenas decisiones.
Mientras alimenta su prolífica obra, Marina no calla ante el panorama educativo actual y opina sin tapujos sobre el mismo. Concretamente, respecto a la polémica enmienda de PSOE, Podemos y ERC a la «ley Celaá» que elimina el castellano como lengua vehicular de la enseñanza y como oficial del Estado . El filósofo señala que, «en primer lugar, creo que es inconstitucional. Pero la pregunta importante es: ¿qué es mejor para los alumnos? Manejar bien el castellano es muy beneficioso para su porvenir. La escuela no debe utilizarse para fomentar la identidad nacionalista, sino para desarrollar las capacidades individuales, formar buenos ciudadanos y tener un futuro profesional».
Pero la «ley Celaá» ya contenía (antes de llegar al Congreso y ser enmendada por los partidos) polémicas propuestas en su origen, cuando fue elaborada por el PSOE, en 2019, cuando el partido gobernaba en solitario. Entonces, se propuso la obtención del título de Bachillerato con dos asignaturas suspensas y se añadió, en su actual camino por la Cámara Baja, una propuesta de PSOE, Podemos y Bildu para que los alumnos repitan como máximo dos veces en toda la enseñanza obligatoria. Para Marina, «es una equivocación. La repetición de curso no es útil, pero la solución no es que pase todo el mundo , sino cómo organizar la enseñanza para que no haya repeticiones».
«Patético»
Considera que la «ley Celaá» no llega en buen momento. Y, en consonancia con su inagotable vocación de servicio hacia una mejor educación pide más: «Después de haber trabajado tanto para conseguir un pacto educativo pienso que ya ha pasado ese momento. Necesitamos un pacto más ambicioso. Un "Pacto para la sociedad del aprendizaje" , en el que participen todos los agentes sociales, no solo los afectados por la educación formal. Algo parecido a lo que Finlandia hizo en los años setenta, que supuso la modernización del país ». Añade que, con los cambios que está habiendo en el mundo, se siga «discutiendo sobre la lengua vehicular, la religión, los conciertos, si se pasa de curso con suspensos o no, es patético», espeta el escritor.
A su juicio, ni es el momento de hacer una ley ni tampoco el procedimiento. « Se van a plantear los mismos problemas crónicos que impidieron que se consolidaran las anteriores leyes».
Respecto a la concertada, es más crítico: «La educación concertada es educación publica de gestión privada. Pero es pública : Los conciertos educativos, que fueron una iniciativa socialista, me parecen una buena solución mal explicada y mal realizada. Para aceptar un centro en el sistema de conciertos, el criterio definitivo es que ayuden a conseguir la excelencia del sistema, es decir, su calidad y su equidad».
A su juico, «esto puede conseguirse por diferentes vías: aportando recursos personales y financieros al sistema público; aportando modelos educativos interesantes para el sistema público, facilitando la pluralidad pedagógica; supliendo al Estado donde este tenga dificultades para llegar y facilitando la libertad de elección de los padres».
Sin embargo, « en la aplicación de los conciertos se han producido disfunciones que provocan la desconfianza de muchos ante su equidad . Los colegios concertados tienen que ser gratuitos, tener las mismas normas de admisión que los públicos, y no tener fines lucrativos. Pero desde el comienzo de los conciertos la asignación estatal por plaza en los colegios concertados fue mucho menor que en los de gestión pública. Eso condujo a que las autoridades educativas hicieran la vista gorda con el tema de las cuotas. La solución es que el Estado pague por plaza escolar concertada lo mismo que por plaza en escuelas de gestión pública, y suprimir el sistema de cuotas».
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Gregorio Luri: «La izquierda adoctrina y tema las iniciativas sociales»
El pedagogo y filósofo Gregorio Luri pone de manifiesto la contradicción de la «ley Celaá» al fomentar la autonomía de los centros y, al mismo tiempo, restringir la libertad de elección de los padres. «No tiene mucho sentido. Nuestra izquierda siempre ha querido más adoctrinar a la sociedad que recoger las iniciativas sociales. Tiene miedo a las iniciativas sociales».
Agrega que «los padres que llevan a sus hijos a la escuela pública saben muy bien que tienen que complementar la educación que reciben con extraescolares. Sin duda, este es un hecho que seguirá creciendo».
Respecto a las facilidades para promocionar y pasar de curso, Luri cuestiona a los «creadores» de la norma. «Desconocen lo que pasa en las sesiones de evaluación de los centros —opina—. La generosidad a la hora de aprobar es la norma habitual. Pero al imponer la promoción, se está mermando la autoridad de los docentes».
Respecto a la reducción a dos como máximo del número de repeticiones en toda la enseñanza obligatoria, apunta: «No es que nuestros alumnos repitan demasiado, sino que muchas veces no obtienen ningún beneficio con la repetición. Pero eso no significa que no haya puntos críticos en el sistema educativo, fáciles de identificar, que exigen unos conocimientos mínimos para promocionar de curso , porque en caso contrario se arrastra un déficit de conocimientos a lo largo de toda la escolaridad. Si se quiere reducir la repetición, hay que aumentar la atención personal».
El triunfo de ERC
En cuanto a a la enmienda aprobada que destierra el castellano, apunta que «las cosas seguirán como están, independientemente de las sentencias favorables al castellano como lengua vehicular en las escuelas que puedan dictar los diferentes tribunales. Nadie se va a atrever a modificar el "statu quo" . Eso sí, ERC ha obtenido una gran victoria propagandística que le sirve para adornar su voto favorable a la ley».
La valoración que Luri hace de la norma en su conjunto es que «en España —y este es un déficit serio de nuestra democracia— parece que sólo la alianza parlamentaria entre la izquierda y los nacionalistas está legitimada para hacer leyes educativas, independientemente de sus resultados». A su modo de ver, « la Lomce intentó introducir criterios de rigor en el sistema sin saber defender las razones por las que son necesarios . De hecho, nunca entró en vigor plenamente. En cualquier caso, confío muy poco en la capacidad de las leyes para modificar las prácticas educativas efectivas».
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Gloria Lago: «Esta ley restringe la libertad en todos los sentidos»
Gloria Lago es docente, filóloga, escritora y presidenta de Hablamos Español, asociación apartidista sin ánimo de lucro, creada por personas de diferentes lugares de España para defender los derechos lingüísticos de los hispanohablantes, señala en su página web. Si bien puede deducirse que su rechazo a la «ley Celaá» se debe al ataque al castellano, Lago asegura que esta norma « restringe la libertad en todos los sentidos ».
En lo que se refiere a los derechos lingüísticos, «supone ascender un peldaño más en la discriminación de quienes prefieren recibir la enseñanza en español. Sueño con tener una ley que perdure en el tiempo, como en otros lugares, para que los profesionales de la enseñanza puedan ir haciéndola madurar», señala. Como Marina, recurre al ejemplo de Finlandia: «Es una pena que no tomemos ejemplo de países como Finlandia, donde, por cierto, funciona muy bien un sistema de elección de lengua vehicular como proponemos desde Hablamos Español».
Eliminado en Baleares o Galicia
Recuerda, respecto a la enmienda que destierra el castellano que, «lamentablemente el español ya ha sido eliminado como vehicular, total o parcialmente, en Cataluña, Baleares, Galicia y Comunidad Valenciana . En el País Vasco, la línea en español se boicotea y se vuelve en muchos casos prácticamente inaccesible». Añade que «la enmienda introducida da una apariencia de legalidad a la inmersión obligatoria catalana y balear, da alas a la imposición lingüística en la Comunidad Valenciana y, el sistema gallego, que prohíbe la enseñanza en español en todas las asignaturas con más carga lingüística y de terminología, se convierte en el tuerto en el país de los ciegos».
En cuanto al apartado de la misma enmienda que la elimina como lengua oficial del Estado, « está en nuestra Constitución, no se puede cambiar mediante una ley, pero esta "retirada de galones" , tiene mucho de simbólico. Es un paso más en el intento de ciertos sectores para difuminar el valor del español como lengua común. A los nacionalistas ese estatus les hace sentir incómodos. No olvidemos que los nacionalismos que padecemos en España tienen odio, envidia y resentimiento. La única forma de arreglar este problema es permitir elegir lengua vehicular».
En cuanto al golpe a la concertada, apunta que «uno de los pilares de la asociación es la libertad individual y podríamos decir que hago mías las palabras de Stuart Mill cuando dijo que la humanidad sale ganando , más consintiendo que cada cual viva a su manera, antes que obligando a vivir a la manera de los demás».
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Mariano Fernández Enguita
El catedrático de Sociólogía de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y otro prolífico —como José Antonio Marina— impulsor de textos plagados de nuevas ideas educativas es el menos crítico con la «ley Celaá» pero sobre todo la original, es decir, la redactada por el PSOE. En la actual descubre un trasfondo sobre el que subyace la búsqueda de votos: «No hay eliminación del castellano como lengua vehicular de la enseñanza. La ley vuelve a la fórmula de la LOE de 2006, que simplemente no hablaba de eso. Sí es cierto que eliminar ahora ese apartado no estaba en el proyecto original del Ministerio de Educación, sino entre las enmiendas de todos los nacionalistas periféricos, y que seguramente se cede a cambio de votos, con el entusiasmo del socio Unidas Podemos ».
Desobeciencia
Añade que «con o sin ese párrafo, la cooficialidad obliga a la vehicularidad, como repetidamente han fallado el Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña». « Confío en que sigan haciéndolo, aunque la Generalitat nunca ha obedecido, como en tantas otras cosas».
Respecto a la creación de plazas públicas en detrimento de la concertada, Enguita no se muestra en contra, pero tampoco aplaude la vuelta a la «demanda social», tan pedida por el sector: « El Gobierno puede y debe fomentar la escuela pública , sobre todo mejorándola, y la concertada debe plegarse a las reglas de equidad e inclusión. Debe ser tarea compartida que todos los centros, públicos o privados, puedan acoger y acojan un alumnado de composición equilibrada, ni guetos ni burbujas. No me gustan las posibles intenciones oblicuas de la fórmula una " oferta suficiente de plazas públicas ", pero menos me gustaban las de "atender la demanda social": ambas son tramposas».
Respecto a la facilidad para pasar de curso, señala que «el debate sobre los suspensos es fetichista. En segundo de Bachillerato hay 8-9 asignaturas. Si un profesor divide la suya en 8 o 9 partes, hace evaluaciones parciales y da el pase a sus alumnos con 0, 1, 2, 3 o X partes suspensas nadie dice nada porque a nadie le interesa, pues se da por hecho que el profesor aplica un criterio global, de conjunto. En cambio, cada vez que se discute si un suspenso más o un suspenso menos se monta un gran revuelo, y esto indica que se ve cada asignatura como un cortijo y se vive mal que la responsabilidad última sobre el alumno sea del centro, sin derecho de veto para el profesor enfadado». Agrega que, en cualquier caso, «cada alumno siempre se llevará su certificado, donde conste qué ha superado y qué no».
En cuanto al momento para aprobar la norma dice que «no es bueno para nada, pero no sabemos cuándo lo será y no se puede paralizar todo». Concluye en conjunto «es mejor que la LOMCE; además no la cancela del todo (como tampoco lo hizo ésta con la LOE)».
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