Los juristas descartan por inconstitucional que Sanidad prohíba fumar en el coche

Una de las medidas que más rechazo ha generado tiene que ver con la intención de prohibir que se fume en determinados emplazamientos como los vehículos privados e incluso en entornos sensibles al aire libre, como pueden ser parques deportivos o de juegos infantiles. Los juristas no tienen claro que sea posible desde el punto de vista constitucional adoptar una decisión de tal calado como la que contempla el plan del departamento de Carolina Darias. «Solamente habría una forma posible para prohibir a una persona fumar: considerar que el acto distrae al conductor», explica a ABC Juan José Bestard , presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. Gestos como encender un cigarro, tirar la ceniza del mismo o apagarlo pueden suponer distracciones que terminen repercutiendo en la seguridad tanto propia como de otros viajeros. Desde la Sociedad Española de Medicina de Tráfico (SEMT) señalan que encender un cigarrillo conlleva 4,1 segundos, lo que implica que el conductor circulará sin concentración y sin plena atención en la carretera durante todo ese tiempo; además de que si este circula a 100 kilómetros por hora, recorrería 113 metros sin la atención plena en la calzada, con un alto riesgo de sufrir un accidente. Asimismo, fumarlo requiere unos tres o cuatro minutos, es decir, dirigir el rumbo del coche alrededor de seis kilómetros con una sola mano bien colocada en el volante.

La normativa actual de circulación no prohíbe explícitamente fumar en el coche en España, pero si los agentes consideran que esta acción está generando una distracción que ponga en riesgo la seguridad vial, el conductor puede ser sancionado, según recordaba la Dirección General de Tráfico (DGT) en el año 2018 en su revista digital. El plan contempla tanto normas materiales como legislativas, y es entre estas últimas en las que se establece la prohibición. «El problema es que una medida así tiene que estar amparada por una ley», y en este caso, «la cuestión fundamental es si esa prohibición es compatible con la Constitución», expone Alberto Dorrego , presidente de la sección de Derecho Administrativo del Colegio de Abogados de Madrid. «El hecho de fumar en un vehículo es un acto de libre disposición, no se podría negar a nadie», por lo que en opinión de Bestard solo cabría argumentarlo en base a la seguridad vial antes mencionada.

En este sentido, «cuando el legislador limita los derechos de las personas tiene que explicar muy bien por qué lo hace, y en este caso solamente lo podría hacer protegiendo otro derecho, como el de no lesionar la salud de otras personas que estén a su lado», argumenta Bestard, lo que podría amparar la prohibición de fumar en terrazas, por ejemplo, concurridas. En esta misma línea, Dorrego recuerda que «todo tipo de medidas sancionadoras» siempre tienen que tener un límite, y en este caso se fija en que «se penetre en la esfera de los no fumadores». «No se puede sancionar a nadie nunca por hechos que solo dañan a uno mismo. Solo se puede sancionar cuando se fractura el orden público o el derecho de los demás», argumenta el abogado.

Joaquín Torres, director del departamento jurídico de Legalcar recuerda que ya existen «muchas otras limitaciones instaladas en el ámbito jurídico» respecto a los conductores, por ejemplo la de utilizar el teléfono móvil o cualquier otro dispositivo que pueda distraer al conductor que ya está regulado en el Artículo 18 del reglamento general de circulación.

La medida no es nueva en otros países del entorno, aunque en ninguno se aplica de manera tan radical. En países como Reino Unido (Inglaterra y Gales), Francia, Australia, Sudáfrica o varios estados de EE.UU. está prohibido fumar en vehículos en presencia de menores. En Italia, tampoco está permitido hacerlo en unitarios en los que viajen embarazadas.