informe de la comsión general de las CC. AA. en el Senado
La Lomce no invade competencias de la Comunidades Autónomas
El informe salió adelante con los votos del PP, pero Cataluña, Canarias, Asturias, País Vasco y Andalucía anunciaron que denunciarán la Lomce ante el Constitucional
La Comisión General de las Comunidades Autónomas que se ha desarrollado este martes en el Senado aprobó un informe -con el voto del PP- que concluye que la Ley Orgánica de mejora de la Calidad Educativa (Lomce) no invade las competencias de las comunidades autónomas.
Durante el transcurso de esa comisión, el ministro de Educación, José Ignacio Wert , anunció que la Lomce entrará en vigor el próximo curso escolar, pero contará con un calendario de aplicación algo más escalonado al inicialmente previsto.
Ante las críticas de la oposición que ven «insuficiente» el plazo de dos años para poner en marcha la Lomce, Wert señaló la disposición del Ministerio de Educación «de entablar, en el marco de la discusión de esta cámara y a través del Grupo Popular, la revisión del calendario de aplicación que no afectaría en ningún caso a la entrada en vigor de la ley, pero que podría plantear un escalonamiento algo distinto».
Pese a que el ministro no habló de plazos, el portavoz de Educación del PSOE en el Senado, Vicente Álvarez Areces, sugirió que el proceso de aplicación de la norma se lleve a cabo en cinco años, tal como ocurrió con la LOE. «Me sugiere una enmienda porque es un plazo razonable», comentó el senador, pese a que su partido ha anunciado que derogará la Lomce cuando llegue al Gobierno.
Frente a las críticas del PSOE, CIU, PNV, Entesa y Amaiur sobre que la reforma educativa invade competencias, Wert recordó que la Lomce «no ha residualizado el ámbito competencial de las comunidades autónomas». «Tienen un ámbito de acción más extenso que lo que permitía hasta ahora la ley vigente», explicó el ministro, cuya ley se tramitará las próximas semanas en el Senado, después de que este jueves se cierre el plazo de presentación de las enmiendas de los distintos grupos.
Los consejeros opositores, entre ellos, la catalana Irene Rigau, criticaron al ministro la invansión de competencias autonómicas en la definición de los currículos, en los exámenes externos de evaluación a nivel nacional y las garantías que ofrece la ley para que los alumnos puedan aprender en castellano en las comunidades que cuenten con lengua cooficial propia.
Según recordó el ministro, el informe del Consejo de «no incluye ninguna observación de carácter crítico sobre el modelo competencial». En concreto, explicó que «no existe ninguna intromisión competencial» tanto en el País Vasco como en Cataluña en el ámbito lingüístico. «En materia de utilización de la lengua, lo que hace la Lomce es garantizar el seguimiento estricto de la doctrina constitucional y el derecho que asiste al alumno de recibir la enseñanza en la lengua cooficial común como lengua vehicular». Una oferta, que según recordó, se recoge en la ley «con carácter subsidiario y temporal».
Pese a los intentos del ministro por buscar consensos, los consejeros de Educación de Cataluña, País Vasco, Andalucía, Asturias y Canarias anunciaron en una rueda de prensa conjunta que en cuanto la norma se apruebe presentarán recursos ante el Tribunal Constitucional.
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