Los jueces frente a los desahucios

El drama social de los desahucios ha calado como pocos en la sociedad española en el año más duro de la crisis. El movimiento cívico que ha salido a la calle en contra de los desalojos, convocados por las redes sociales bajo el formato 15-M, ha vivido un fervor inusitado y ha tenido en los jueces uno de sus principales sostenes.

La repercusión mediática del trabajo de la Plataforma Afectados por la Hipoteca (PAH) en ciudades de toda España, con exitoso resultado en la paralización de desalojos, tuvo un punto de inflexión con el suicidio de dos personas en Granada y Bizkaia en un margen de dos semanas, entre octubre y noviembre. Y la judicatura no fue menos.

«Los jueces hemos salido al espacio público, muy sensibilizados, por un drama social que se ha cobrado víctimas mortales. Nuestro situación es singular, ya que hemos vivido en primera persona una contradicción entre justicia y ley, de ahí el discurso crítico por una situación que no está bien regulada», reflexiona Joaquim Bosch , portavoz de Jueces para la Democracia.

La muerte de la exconcejal socialista de Barakaldo, Amaia Egaña , provocó una gran conmoción social y fue el punto de no retorno para que los jueces dieran un puñetazo encima de la mesa. Se unieron y reclamaron la paralización de todos los desalojos hasta que el Gobierno no interviniera. Al final, el Ejecutivo aprobó en noviembre un decreto exprés que suspendía los desahucios dos años para los casos extremos.

Sin embargo, para la oposición política, los «afectados por la hipoteca» y las asociaciones judiciales fue una reforma insuficiente, ya que no tocaba la ley hipotecaria y mantenía los intereses de demora para quien se acogiera a la medida.

«Es insuficiente, pero esperemos que en el trámite parlamentario se extienda a más personas afectadas. El caso es que las personas que se suicidaron no habrían entrado en el decreto del Gobierno. Un dato clave es que la insolvencia de las hipotecas es muy baja en España, apenas del 2%, por lo que se podría hacer más», defiende el magistrado Bosch.

En la judicatura existe la sensación de que las entidades bancarias tienen importantes ventajas porque la legislación se lo permite y por ello se deben acordar fórmulas de protección a los consumidores. La paradoja, opinan los jueces, es que la ley hipotecaria española es una de las más restrictivas de Europa y hasta septiembre los desalojos crecieron un 134% con respecto al pasado año. Una cifra récord.