La juez del fraude del reciclaje en Estepa amplía la investigación para practicar más pruebas

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Estepa ha acordado, en un auto de 20 de noviembre, al que ha tenido acceso ABC, la ampliación en seis meses del plazo para la instrucción de esta causa, donde se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraudes y exacciones ilegales, y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

La juez en funciones de sustitución que está al frente de dicho órgano de Instrucción ha tomado esta decisión tras consultar a las partes personadas en la causa, la Fiscalía, el Consorcio, el PP e IU, como acusaciones, y a las defensas.

Según ha podido conocer ABC, están diligencias de investigación necesarias después de las últimas declaraciones, entre ellas las de los dos últimos cabecillas de la trama, y del informe sobre daños de la Intervención General de la Junta de Andalucía, avanzado por este periódico, donde se recoge que el importe total del perjuicio económico causado al Consorcio de Medio Ambiente Sierra Sur Estepa es de 571.755,61 euros por la trama de la basura en torno a la empresa Magno Ambiental de Levante, cuyos dueños, José Antonio Mañas y Manuel Ibáñez, eran a su vez interventor y jefe de la planta de la entidad pública.

Además de Mañas e Ibáñez, y Magno, está investigado el exalcalde de Casariche, el socialista Basilio Carrión, quien fuera presidente del Consorcio de Medio Ambiente Estepa-Sierra Sur desde 2014 hasta 2019, cuando sucedieron los hechos bajo sospecha.

La Guardia Civil ya señaló que los contratos firmados entre el Consorcio y la empresa de los dos cabecillas para que presuntamente prestara servicios a los municipios del organismo, como la cesión de camiones de recogida de basura, son fruto del entramado empresarial montado por los dos acusados, de la que también participan sus mujeres, para realizar «autocontratos» con fondos públicos y enriquecerse de forma ilícita.

En este informe se destaca de forma reiterada la ausencia de licitación pública en el Consorcio para finalmente adjudicar los contratos a Magno, la empresa del jefe de la planta de reciclaje y del secretario interventor, lo que provocó un perjuicio económico al Consorcio. Para la perito, febrero de 2019 «marca de forma indubitada» el inicio de la corriente de pagos directos del Consorcio a Magno existiendo «una confusión de intereses» en los Mañas e Ibáñez por la doble condición que ostentan como socios y administradores de la empresa y a su vez interventor y jefe de planta del Consorcio. «Así, desde el Consorcio se pagan a Magno facturas no existiendo contrato de servicios entre ambas partes a cuya ejecución respondan estas facturas».

En definitiva, sus conclusiones exponen, una vez más, la ausencia de un procedimiento de licitación presidido por los principios de igualdad, transparencia y libre competencia, para la adjudicación de los contratos de arrendamiento de vehículos formalizados en 2016 y 2018, lo que provocó un perjuicio económico al Consorcio, que se ha calculado teniendo en cuenta todos aquellos gastos que «indebidamente» supusieron una salida de fondos del Consorcio cuando realmente se trataba de deudas cuyo abono correspondía asumir a la empresa Magno, ascendiendo el importe de estos gastos a 571.755 euros.

Pero además insiste en que desde que Mañas e Ibáñez se hicieron cargo de Magno, causa de prohibición para el Consorcio de contratar con dicha empresa y con los investigados, quienes forman parte de la entidad pública, por incompatibilidad. Aquí también evidencia todos aquellos pagos correspondientes a facturas expedidas por Magno, que no responden a ningún contrato de servicio previamente formalizado entre el Consorcio y Magno cuyo deudor resultase ser el Consorcio, y todos aquellos gastos por prestaciones de servicios (fundamentalmente facturas de reparaciones de vehículos propiedad de Magno ) que, al igual que en el primer periodo eran de asunción de Magno y que sin embargo se sufragaban por el Consorcio.

En su declaración, Ibáñez explicó que, junto con Mañas, compraron Magno en febrero de 2019 porque peligraba que la empresa pudiera prestar los servicios contratados para el Consorcio y los municipios adheridos a este organismo público. Tres meses después, la empresa pasó a las mujeres de los dos cabecillas.