La fiscal sólo pide 14 años de cárcel por el crimen de la menor Rocío Caíz, descuartizada por su exnovio en Estepa

Jesús Díaz

Sevilla

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17/11/2022
Actualizado a las 14:19h.

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Rocío Caíz tenía 17 años y un bebé de cuatro meses cuando fue estrangulada y su cadáver descuartizado y metido en distintas bolsas, que su asesino ocultó por distintos puntos de la localidad de Estepa. Los hechos sucedieron el 2 de junio del año pasado y ocurrieron en el piso en el que había vivido hasta semanas antes con su novio, Adrián N., con 23 años entonces. Días más tarde, cuando terminó confesando, fue arrestado. Este atroz crimen será juzgado en los próximos meses en la Audiencia de Sevilla. La Fiscalía sólo pide 14 años de cárcel por la muerte de Rocío, al calificar los hechos como un homicidio.

Esto ha supuesto un jarro de agua fría para la familia de Rocío Caíz, que reclama «justicia», tras una instrucción marcada por las distintas visiones jurídicas planteadas entre la acusación pública y las particulares, que han tenido que recurrir en varias ocasiones a la Audiencia de Sevilla para que sus pruebas fueran admitidas. Precisamente, las acusaciones particulares, en nombre del bebé que quedó huérfano y de los padres de la víctima, consideran este crimen un asesinato, en la línea del abogado de la Junta de Andalucía, y piden prisión permanente revisable para Adrián, un joven de origen rumano al que además acusan, entre otros delitos, de una agresión sexual y malos tratos habituales.

Rocío y Adrián mantuvieron una relación sentimental, viviendo en un piso en la calle Erilla Blanca de Estepa. Tuvieron un hijo en común, que hoy tiene algo menos de dos años. Antes del verano del año pasado la relación se terminó y la menor volvió a casa de sus padres en Martín de la Jara, según expone la Fiscalía en su escrito de calificación y el juez instructor en su auto de apertura de juicio oral, a los que ha tenido acceso este periódico.

La tarde del 2 de junio Rocío y Adrián habían quedado en su piso de Estepa. Ella llegó en un taxi desde Martín de la Jara, que pagó su exnovio, según las acusaciones. El taxista fue el último que la vio con vida. Habían quedado para acordar la pensión de alimentos del bebé.

En este punto del relato de los hechos es donde se originan las controversias entre las partes personadas. El juez, en su auto de apertura de juicio oral, describe que, horas más tarde y aún en el interior del piso, mantuvieron una discusión por motivos desconocidos, si bien relacionado con la negativa de Rocío a volver con él.

En el transcurso de esa discusión, Adrián cogió un cordón y, tras colocarse detrás de la menor, «sorpresivamente rodeó el cuello de Rocío con dicho cordón sin que pudiera defenderse y con ánimo de acabar con su vida, hizo presión constante en el cuello hasta que la joven se desvaneció, causando la muerte por estrangulación». Se convertía en la primera víctima de violencia de género en la provincia de Sevilla en 2021.

Las acusaciones ven este párrafo unos hechos que constituyen un delito de asesinato por la existencia de alevosía. En cambio, la Fiscalía, con este mismo párrafo, califica los hechos de homicidio, con la agravante de parentesco y de género. La explicación, según han precisado a ABC fuentes del Ministerio Público, está en la omisión, por error, de un dato relevante: la existencia de un enfrentamiento físico entre Adrián y Rocío, que el propio negó durante la reconstrucción de los hechos, pero sí señala en su declaración ante el juez.

El informe de autopsia refleja heridas en el cuerpo de la víctima, que la Fiscalía vincularía a maniobras de defensa por parte de Rocío, lo que deberá corroborar los forenses en el juicio, por lo que esto podría ser clave para que el Ministerio Público modifique o mantenga sus conclusiones.

¿Y qué pasó después de matar a Rocío? La familia de la chica denunció su desaparición. Horas después la familia recibía mensajes, a través de WhatsApp y de Facebook, de Rocío, al menos eso decía la persona que escribía, para decirle que se marchaba a Badajoz con un chico. El juez instructor señala que fue Adrián. Las acusaciones reprochan a Adrián un delito de suplantación de identidad, mientras la fiscal no aprecia delito. El mismo Adrián llamó a la familia para decirle que Rocío se había ido. No se lo creyeron.

La Guardia Civil iniciaba la investigación. Con el paso de las horas comenzaron a sospechar de Adrián. Más de una semana después, acechado por los investigadores y antes de huir, fue detenido y confesó el crimen y lo que había hecho con el cuerpo. Era el 10 de junio, el mismo día que hallaron una bolsa con el cadáver de Olivia, la menor de seis años, que junto a su hermana fue arrojada al mar por su padre en Tenerife.

Después de acabar con su vida, «con ánimo de ocultar el cadáver de Rocío e imposibilitar su identificación en caso de ser hallado, desnudó el cuerpo y haciendo uso de dos cuchillos procedió a descuartizar el mismo». Esta macabra escena concluyó con el acusado guardando los restos en bolsas, que durante los días posteriores esparció en diferentes zonas de Estepa y en su piso, congelados. La Guardia Civil logró recuperar todas las bolsas.

Es la descripción que hace de las horas después tanto la Fiscalía como el juez instructor. Por esto, la fiscal Elena Morilla pide cuatro meses de cárcel para Adrián por un delito contra el respeto a los difuntos.

El juez de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Osuna, que ha llevado el caso, en su auto de apertura de juicio estima que Adrián, en prisión provisional desde el día 13 de junio de 2021, tiene que ser juzgado por asesinato y un delito contra el respeto a los difuntos.

En cambio, las acusaciones particulares, en nombre de los padres de Rocío, que tenía dos hermanas, y del bebé, lo acusan de malos tratos habituales, dos delitos de lesiones, un delito de agresión sexual, un delito de asesinato, otro de suplantación de identidad y otro contra el respeto a los difuntos, así como el delito leve de daños.

Consideran, según han trasladado a este periódico fuentes del caso, que Rocío era maltratada durante su relación, aunque nunca denunció, y fue violada y asesinada. Exigen el mayor castigo contemplado en el Código Penal, la prisión permanente revisable.

En la causa también están personadas la Abogacía del Estado, como actor civil, y la Junta de Andalucía, como acusación popular, que pide que sea juzgado por asesinato. La defensa, en conformidad con el relato del fiscal sobre el homicidio, no se conforma con la pena pedida, aduciendo a la concurrencia de eximentes completas de su cliente, que declaró ante el juez instructor el pasado mes de enero, sin la presencia de la fiscal.