Una hacienda del siglo XVI en Dos Hermanas se llena de chabolas ante la inacción del Ayuntamieto

Tras la denuncia interpuesta por más de un centenar de agricultores del Bajo Guadalquivir, en junio de 2020, para frenar la construcción de chabolas en la zona aledaña a la hacienda, el juzgado de Dos Hermanas ha comunicado la finalización del procedimiento de instrucción. El abogado de los denunciantes, Enrique Fisac, recibía la notificación de que continuaba el proceso con la apertura de un juicio oral contra el anterior propietario del terreno adquirido y contra el intermediario que vendió las parcelas, anunciadas incluso en internet.

También solicitaba al Ayuntamiento una actualización económica de lo que costaría volver al estado natural de la finca y le recordaba que tiene un expediente para poder terminar con el asentamiento. Como señala el letrado a ABC, «se le informa al Consistorio que conserva las facultades de disciplina urbanística de Dos Hermanas y se trata de una obligación la restauración urbanística de ese suelo rural». En este sentido, fuentes municipales señalaron a este periódico que se está examinando el expediente por parte de los técnicos.

El portavoz de los denunciantes, Pedro Escudero, explicó que, después de la «denuncia del inicio de estas obras ilegales, el Seprona precintó el vallado y acceso a las obras». Sin embargo, éstas han continuado con el quebrantamiento del precinto hasta invadir los linderos de la hacienda de San Juan del Hornillo. Las obras, todas ellas ilegales, de ejecución de vallados, viales, construcciones chabolistas y de casetas, canalizaciones para enganches de luz y agua, arrancamiento de olivos centenarios, «son continuas en claro desacato judicial», a pesar de los diversos precintos de las parcelaciones por el Seprona, el Ayuntamiento de Dos Hermanas y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).

En julio de 2020, ABC informaba de que el por entonces alcalde, Francisco Toscano, se comprometió personalmente a resolver el asunto. En enero de 2021, el Consistorio procedió a derribar unas 500 parcelas, en presencia de Policía Nacional y Guardia Civil, aunque actualmente hay muchas más de las que se eliminaron.

Según indica el letrado, «las subparcelas eran de diferentes metros cuadrados y se hacía un documento privado de compraventa, ante notario, ya que no se podía inscribir en el Registro de la Propiedad». Además, su venta se anunciaba en diferentes portales inmobiliarios de internet y con los precios de los metros cuadrados públicos y las distintas opciones de superficie que cada particular podía adquirir.

En el expediente administrativo de hace más de tres años ya figuraba que la zona se encontraba en un espacio no urbanístico, considerado marisma y con protección medioambiental.

Esta situación se agrava aún más debido a la sequía, al aumento de costes de los insumos y a la baja producción agrícola, que refleja un panorama desolador en la lucha diaria de los agricultores. «Las parcelaciones y asentamientos ilegales expolian el agua de riego, contaminan con sus vertidos los arroyos y canales de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), se enganchan ilegalmente a la red eléctrica de ENDESA, produciendo sobrecargas y cortes de luz que impiden los riegos agrícolas ,… y así podemos seguir», afirma.

Desde el despacho Fisac informan de que en las últimas notificaciones el «fiscal del procedimiento recuerda al Ayuntamiento de Dos Hermanas que conserva las facultades urbanísticas en lo que atañe a la restauración del campo a su estado anterior». En este sentido, el portavoz de los denunciantes anuncia que «si el Consistorio sigue sin actuar, procederemos a solicitar a la Fiscalía que los inste a cumplir con sus competencias, y nos plantearemos su denuncia ante los Tribunales». «Asimismo, las parcelaciones también están denunciadas ante la Junta de Andalucía para que en virtud de la Ley LISTA, que entró en vigor en enero de 2022, adopte, de inmediato, medidas cautelares», apostilla.

El abogado asegura que el asentamiento, además de ir contra la agricultura y el medio ambiente, supone un peligro para la salud pública -ya que no hay alcantarillado y las aguas residuales no están bien canalizadas- y para las propias personas que residen en las parcelas puesto que los transformadores de la luz no soportan la alta carga y se producen cortes continuos que pueden terminar en incendios y, por ende, en desgracias.

Tanto el Seprona como el Ayuntamiento y la CHG precintaron la zona en su momento pero no dio frutos ya que los precintos fueron arrancados y ha continuado creciendo la parcelación.

Los encargados de la defensa de los agricultores explican que el fiscal ha considerado que hay delito y solicita prisión, multa económica, demolición de lo levantado y reposición al estado natural al anterior propietario de la parcela y a la persona que la vendió seccionada. Además, señalan que van más allá y creen que hay detrás un delito criminal, una banda dedicada a este tipo de actuaciones, y por eso solicitan el aumento de las penas a los responsables.

Mientras tanto, los agricultores se encuentran indefensos y ven mermadas sus producciones, olivares y de algodón, ya no sólo por el cambio climático sino por la falta de agua que provoca en sus cosechas este asentamiento por el expolio de este bien natural.