La Policía investiga una trama fiscal en el Ayuntamiento de Bormujos

ABC ha podido constatar que este concejal ha estado presentando los modelos 347 ante Hacienda de empresas como Innovaled, que desde que él llegó al gobierno municipal ha pasado de facturar al Ayuntamiento apenas 6.482 euros en 2016 a 100.578 en 2018. Díaz, que no quiso atender ayer a este periódico para explicar estas gestiones, tenía una empresa de asesoría fiscal desde el año 2012, llamada Segean, que liquidó para crear otra en 2019, Asedi, ya en solitario. En 2015 llegó al Ayuntamiento y desde entonces ha compatibilizado ambas labores, pero el problema ha saltado al comprobar que sus clientes en la asesoría comenzaron a obtener más contratos del Ayuntamiento.

El delegado de Economía y Hacienda validó el pago a muchas de estas empresas posteriormente ordenando levantar los reparos que ponía a muchos de los contratos el interventor. ABC ya le cuestionó por esto cuando saltó la polémica de la contratación del exdirector de Mercasevilla, Juan Carlos Recio , y el gabinete de comunicación municipal adujo que «los reparos de las facturas son todos procedimentales, ninguno suspensivo. Y se han levantado sin problema ninguno, conforme establece el procedimiento administrativo. Igual que ocurre en el 99% de los ayuntamientos de este país».

Sin embargo, la Ley Reguladora de Haciendas Locales es muy clara al explicar que sólo el presidente de la entidad municipal, es decir, el alcalde, tiene potestad para para levantar un reparo del interventor. El delegado de Hacienda no es competente para eso.

Pero este periódico tiene en su poder decenas de justificaciones para quitarle el reparo a las facturas que firmó Díaz . En total, este concejal dio permiso en 2019 para abonar un total de 1.001.344,56 euros a distintas personas sin el visto bueno del interventor, mientras que en 2020 la cantidad ascendió a 1.244.432,78 euros.

Este es un procedimiento muy habitual en los ayuntamientos, como explica el delegado a través de su gabinete de prensa, pero sólo los alcaldes pueden hacerlo legalmente. En total, Díaz ha aprobado el pago de al menos 2.345.776 euros con un procedimiento que podría ser irregular. Y a esto hay que sumar ahora que muchas de las empresas que pudieron cobrar por este método tras ser contratadas por el Ayuntamiento formaban parte de su clientela.

Estos hechos están siendo investigados actualmente por la Policía, que ya tiene en su poder documentación que acreditaría la presentación por parte de Rafael Díaz de los modelos 347 ante Hacienda de estas contratistas municipales, algo que podría ser incompatible. Díaz es el vicesecretario de organización del PSOE de Bormujos y llegó al Ayuntamiento en 2015 . En las elecciones de 2019 fue el número tres de la lista socialista a las elecciones locales y desde entonces ha firmado todos los expedientes de reparo del interventor contra facturas adscritas a contratos considerados irregulares por el alto funcionario.

En todos esos documentos, a los que ha tenido acceso este periódico, este concejal alega que es él quien firma y no el alcalde, Francisco Molina, «en ejercicio de las competencias que me han sido conferidas en virtud de la delegación efectuada por la Alcaldía de este Ayuntamiento mediante resolución de 25 de septiembre de 2019» . Es decir, él se escuda en que el alcalde se lo encomendó. Pero esta delegación está expresamente prohibida por la Ley Reguladora de Haciendas Locales, que dice lo siguiente: «La competencia para resolver la discrepancia corresponderá al presidente de la entidad local, siendo su resolución ejecutiva. Esta facultad no será delegable en ningún caso».

La Policía investiga ahora por qué Molina delegó en su concejal de Hacienda esta potestad suya y si éste obtuvo algún beneficio particular al compatibilizar su labor como asesor fiscal y miembro del gobierno municipal que aprobaba el pago a sus clientes. Por cierto, cuando ABC desveló que los reparos los levantaba Díaz y no el alcalde, la situación cambió de manera inmediata en el Ayuntamiento de Bormujos. Los últimos expedientes ya vienen firmados por el primer edil, Francisco Molina, que se encuentra en una situación muy delicada por su procesamiento por prevaricación, que se juzgará el próximo mes de junio.