Piden cuatro años y medio de cárcel para el portavoz de Ciudadanos en Bormujos por los contratos de las patrullas informativas en el Covid
Es la acusación presentada por el grupo municipal del PP, que actualmente ostenta la Alcaldía, contra Manuel Romero, quien fuera Concejal de Urbanismo en el anterior gobierno del PSOE y actual portavoz de la formación naranja
El Ayuntamiento de Bormujos, desde noviembre de 2020 y enero de 2021, en plena pandemia del coronavirus, puso en marcha lo que se denominó patrullas informativas o lo que es lo mismo, grupos de personas para atender las necesidades de los vecinos. Recorrían las calles para explicar a la ciudadanía el motivo de las medidas adoptadas por las administraciones frente a la pandemia y concienciar sobre la necesidad de colaborar entre todos por la salud pública. Aquella medida fue adoptada por la Concejalía de Urbanismo y Ciudadanía Consciente, que entonces dirigía Manuel Romero, actual portavoz de Ciudadanos. Los contratos de las patrullas informativas fueron denunciados por el grupo municipal del PP, hoy en el gobierno local, y ahora Manuel Romero se enfrenta a cuatro años y medio de cárcel por haber impulsado esos contratos.
La legislatura pasada en este municipio del Aljarafe estuvo marcada por el pacto de gobierno que alcanzaron PSOE y la formación naranja para darle la Alcaldía a Francisco Molina. El pacto estuvo a punto de romperse por desavenencias con los socialistas, si bien al final en un pleno en el que se debatía una moción de censura presentada por el PP contra el regidor, Romero decidió con su voto seguir adelante en el gobierno. Ambos tiene asuntos pendientes con la Justicia. Molina se sentó en el banquillo el pasado mes de mayo por prevaricación. Romero se enfrenta ahora a una petición de cárcel por las patrullas informativas.
La portavoz municipal del PP en Bormujos, Lola Romero, hoy alcaldesa, llevó a los tribunales en 2021 la contratación sin proceso de selección de patrullas informativas de voluntarios durante la pandemia de la Covid-19.
Dos facturas para un mismo servicio
El importe total de las tres facturas para este servicio superó los 42.000 euros. Y según el PP fue para colocar a afines. El Juzgado de Instrucción número 2 de Sevilla, en un auto al que ha tenido acceso este periódico, procesa a Manuel Romero por un delito de prevaricación.
En dicha resolución judicial, el magistrado expone que de las pruebas practicadas queda acreditado que Manuel Romero efectuó la contratación directa de tres facturas (10 de diciembre de 2020, 14 de diciembre y 21 de enero). Las dos primeras facturas correspondían al mismo periodo de servicio, el mes de noviembre.
Al respecto a la segunda de las facturas, el juez indica que la prestación del servicio no fue objeto de un previo expediente de propuesta de gasto, incurriendo en una duplicidad del servicio y fraccionamiento del mencionado contrato.
Sobre la tercera factura, se señala que no se pudo elaborar un contrato de emergencia al no encajar en los supuestos regulados para la contratación de emergencias, según la normativa administrativa.
E insiste el juez que hay motivos suficientes para atribuir la perpetración del delito de prevaricación al investigado. Y entre las pruebas, el instructor resalta el informe de fiscalización de 10 de marzo de 2021 a cargo del interventor municipal.
Por todo ello, dicta auto de procedimiento abreviado contra Manuel Romero por un delito de prevaricación y da traslado a las partes para que soliciten apertura de juicio oral y formulen escrito de calificación. El de la Fiscalía aún no se ha presentado. En cambio, el PP ya ha trasladado al juez el suyo. Solicita cuatro años y medio de cárcel y doce años de inhabilitación por un delito de malversación y otro de prevaricación para el actual portavoz de Ciudadanos.
El PP, en su escrito de calificación, al que ha tenido acceso ABC, expone que por estos contratos el Ayuntamiento pagó por servicios no efectuados. «No hubo contratación en modo y forma, tampoco existió propuesta de gasto previamente aprobada antes del inicio de los servicios, ni existe fiscalía y concurre vulneración de las normas esenciales que regulan la contratación administrativa».
«Todo planteado previamente»
Se contrataron a sociedades que ya venían prestando servicios para otras delegaciones municipales y a los mismos empleados para que no se quedaran sin trabajo. «Lo tenían todo ya planteado previamente», según el PP.
El interventor municipal formuló reparo de legalidad con respecto a las tres facturas por el fraccionamiento del contrato para la prestación de este servicio durante el mes de noviembre y por el importe total del servicio, 42.926,69 euros, sin que exista un procedimiento de contratación correspondiente a los límites cuantitativos legales.
«De lo actuado se constata una completa y flagrante vulneración del precepto referido, es decir: se superaron los umbrales de la contratación menor, hubo fraccionamiento del objeto de contrato y no hubo informe de contratación ni aprobación previa del gasto ni publicación», añade el escrito del abogado de la acusación del PP. Además, la contratación se efectuó de manera directa y arbitraria a determinadas empresas «con el desvió de dinero público que ello supone». Para el PP, estos hechos, constituyen un delito de prevaricación y otro de malversación. Ahora queda por saber que posición adopta la Fiscalía.
La portavoz y ahora alcaldesa del PP, Lola Romero, acusó a Manuel Romero de «inventarse un servicio para enchufar al margen de la ley».
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