La Guardia Civil señala al alcalde socialista de San Juan de Aznalfarache y a su gobierno por el fraude en las ayudas de la moneda 'Ossetana'

El Juzgado de Instrucción número 14 de Sevilla ya tomó declaración como investigado a Fernando Zamora, que optará a la reelección en las próximas municipales. En su declaración, descargó la responsabilidad de la gestión del programa en los funcionarios.

En esta causa obra un informe firmado por los cuatro habilitados nacionales del Ayuntamiento —interventor, secretaria, vicesecretario y tesorera—, en el que denuncian el presunto fraude del gobierno local socialista con la creación de dicha moneda social, que viene funcionando en San Juan desde el año 2014. Para los cuatro habilitados nacionales, con este convenio el gobierno municipal sacaba los fondos del erario eludiendo los controles oficiales para que otro miembro del PSOE los utilizara de manera discrecional.

Muchas de las conclusiones que exponían los cuatro habilitados nacionales coinciden con las recogidas por la Guardia Civil en el atestado presentado ante el juez instructor. Los investigadores apuntan que el programa social de la 'Moneda Ossetana' «no existe». 

 «Es la articulación de un mecanismo paralelo a la contabilidad y gestión del gasto municipal, algo que es absolutamente contrario a la ley, prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido», por lo que las subvenciones son «nulas de pleno derecho».

Los miembros del equipo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, responsables del atestado, han recogido los testimonios de todos los comerciantes que participaban en el programa.

En sus conclusiones, a las que ha tenido acceso este periódico, la Guardia Civil señala que para la gestión del programa social se seleccionó, sin seguir los principios de publicidad, concurrencia y objetividad, que marca la ley, a la ONG, que ejerció como «colaboradora», pero también como «beneficiaría», a sabiendas que era mera gestora.

El Ayuntamiento no desarrolló ordenanzas generales ni específicas reguladoras de subvenciones, donde debía ampararse los convenios sucesivos de este programa. Se «incumplía» la Ley General de Subvenciones. No se publicaban las bases reguladoras. Señalan los investigadores que el gobierno local, con estas ayudas encubría la actividad prestacional de la Administración, a través de los Servicios Sociales, ahorrándose horas de trabajo de las Unidades de Trabajo Sociales del Ayuntamiento.

De otro lado, los convenios del programa contaban con subvenciones nominativas a la ONG como beneficiaria, con consignación presupuestaria anual, aunque fuese con presupuestos prorrogados «todos los años». Pero las subvenciones nominativas «no se pueden prorrogar», por lo que la concesión y pago adolecerían de un vicio de nulidad plena. También existe un incumplimiento del Reglamento General de Protección de Datos con el tratamiento de los datos personales de los beneficiarios por parte de la ONG Asamblea de Cooperación por la Paz y una mercantil que desarrolló la aplicación digital para la gestión informática de las ayudas.

La Guardia Civil constata en su informe que las diferentes juntas de Gobierno local eran consciente de los incumplimientos en este programa. Hasta el punto de que en diciembre de 2021, cuando se había iniciado la investigación judicial, el Ayuntamiento aprobó la ordenanza general de subvenciones municipal, «dejando nítidamente claro que antes no estaba adaptado a la normativa, por lo que se ha venido concediendo irregularmente, no sólo las subvenciones de la moneda 'Ossetana', sino todas las concedidas en San Juan».

Tras analizar las justificaciones de las subvenciones, la Guardia Civil no observa un presunto delito de malversación, «ya que el menoscabo se produciría si se consigue demostrar el incumplimiento de facto de los fines establecidos en el convenio».

Consideran los agentes que el dinero de las subvenciones «irregulares» llegaron a las personas y familias necesitadas. En cambio sí detectan «anomalías» en el control y administración de las ayudas: desajuste de las cantidades justificadas, desajuste de los beneficiarios, facturas falsas, justificaciones fuera de plazo, facturación irregular, manipuladas por la ONG,... Aquí los agentes señalan un presunto delito de falsedad documental.

«Estaríamos ante una incorrecta utilización de fondos públicos», según la Guardia Civil, que describe hechos que podrían constituir presuntos delitos de prevaricación en concurso con un delito de tráfico de influencia, contra la intimidad y falsedad documental.

En el ámbito de la prevaricación incluye al alcalde y sus respectivas juntas de gobierno local, quienes aprobaron los distintos convenios «a sabiendas de estas irregularidades».

El Programa de la 'Moneda Ossetana' «generó un beneficio» para el responsable de la ONG, José María Ruiberriz, y para la propia ONG. Su salario era de 2.400 euros. Además, otro miembro de la entidad era concejal del PSOE en Paymogo (Huelva). Los cinco años que duró el programa recibieron 405.000 euros en subvenciones del Ayuntamiento y otras administraciones como la Junta, de los que 217.000 euros fueron a personas con necesidades, y el resto a la ONG, incluyendo salarios.

Tras analizar la gestión del programa, la Guardia Civil señala como presuntamente responsables del delito de prevaricación al alcalde socialista Fernando Zamora, once tenientes de alcalde y una concejal, además de la propia ONG como persona jurídica. Del delito contra la intimidad, al alcalde, dos tenientes, la ONG y la empresa que desarrolló la aplicación de las ayudas; y del delito de falsedad documental, la Asamblea de Cooperación por la Paz.