El exalcalde del PSOE de Valencina niega favores al hermano de un concejal para el bar en una zona arqueológica
Antonio Manuel Suárez, actual asesor socialista en la Diputación de Sevilla, se enfrenta a cárcel por delitos urbanístico y de prevaricación; asegura que actuó para la reposición de la legalidad y apunta a la actuación del arquitecto municipal, ya fallecido
Piden cárcel a un asesor del PSOE en Diputación de Sevilla por un delito urbanístico cuando era alcalde de Valencina
La Audiencia de Sevilla ha iniciado este martes el juicio promovido contra el exalcalde socialista de Valencina de la Concepción Antonio Manuel Suárez, actual asesor del grupo del PSOE en la Diputación, por delitos de prevaricación y contra la ordenación del territorio por su presunta actitud omisiva a cuenta y «permisividad» ante la construcción de una nave ilegal en suelos protegidos como zona arqueológica y posteriormente usada como restaurante asador «sin licencia urbanística ni de actividad». Este bar fue regentado por el hermano de un concejal socialista, si bien, el acusado ha asegurado que «en absoluto» tuvo interés alguno en beneficiar al responsable de dicho asador.
Suárez se enfrenta a una pena de cárcel. Dos años le pide la Fiscalía y tres años, la acusación que ejerce el PP. La nave en cuestión se ubica en un terreno de Valencina calificado como suelo no urbanizable de especial protección, que además figuraba en las casi 780 hectáreas de los términos municipales de esta localidad y de Castilleja de Guzmán, protegidas como Zona Arqueológica, a cuenta de los múltiples vestigios prehistóricos localizados en esta zona de la comarca del Aljarafe.
Las obras, promovidas por el hermano de un edil socialista del Consistorio entre 2004 y 2011, habrían comenzado antes de que el inculpado desembarcase en 2007 en la Alcaldía de Valencina, año en el que el Ayuntamiento declaró ilegalizables los trabajos y denegó toda licencia urbanística.
La fiscal del caso le atribuye dos resoluciones de Alcaldía de julio de 2012, declarando que el promotor de las obras y hermano de un exedil había «cumplido las obligaciones de restauración» del suelo en el marco de un expediente de reposición de la legalidad de 2008 y «permitiendo que la nave ilegal se mantuviese como nave de aperos».
Restaurante asador
Pero según el Ministerio Público, el responsable de la nave no habría «asumido el destino agrícola, ya que agentes de la Policía Local pudieron comprobar el 3 de junio de 2013 que el edificio se utilizaba como restaurante asador», lo que corroboraron en «inspecciones de julio y agosto», tras las cuales «comunicaron a la Alcaldía que había gran afluencia de personas y vehículos» a la citada nave.
Al respecto, la fiscal le ha reprochado que ya en septiembre de 2013 la Policía Local le comunicó de nuevo como alcalde que se estaban llevando a cabo «nuevas obras de construcción» en la nave; si bien él ha alegado que «en ningún momento» supo de que habían sido detectadas «obras nuevas» en la parcela y que él había ordenado la suspensión de la actividad del negocio hostelero y el precinto del mismo; especificando Suárez que los informes policiales son dirigidos «a la Alcaldía» como departamento institucional del Ayuntamiento. Ha insistido en que él nunca tuvo «informes» sobre las mencionadas nuevas obras en la finca y sobre la continuidad de la actividad hostelera sin licencia.
Tras exponer la fiscal del caso las preguntas de la oposición en el pleno sobre la situación de dicho negocio, especialmente por las «nuevas obras» y la continuidad de la actividad hostelera, el ex primer edil ha asegurado que los concejales contaban con acceso a los expedientes y decretos de Alcaldía, con lo que ante las «alertas» señaladas por la representante del Ministerio Público, él ha asegurado siempre que no le constaban tales extremos y que merced al primer informe policial de junio de 2013 habría ordenado la suspensión y precinto de la actividad.
El arquitecto municipal
La fiscal ha recordado que allá por diciembre de 2013 el exalcalde comunicó al fiscal de Medio Ambiente que investigaba estos hechos «que las únicas obras de las que tenía conocimiento eran las que habían dado lugar al expediente de 2008, finalizado con la presunta reposición del suelo», con lo que el entonces primer edil «silenció todo lo relativo a la nueva denuncia recibida, lo que derivó en el archivo de las diligencias preprocesales», según la Fiscalía.
Al punto, el exalcalde ha defendido que fue «el arquitecto municipal», ya fallecido, quien «respondió a la Fiscalía». «Yo no intercedí en nada en el informe del arquitecto», ha alegado mientras la fiscal le ha recriminado ser «corresponsable» del asunto al haber conocido supuestamente el informe, que suponía «una contradicción» con relación a los avisos de la Policía Local sobre la «nueva obra» y la continuidad de la actividad hostelera.
Según la acusación pública, el entonces alcalde no llegó a materializar «ningún precinto», dando cuenta de que el asunto incluso fue abordado varias veces en el pleno y que Suárez era «perfecto conocedor de la actividad desarrollada desde 2008» en la citada nave ilegal.
Pero el ex primer edil, a preguntas de su abogado defensor, ha aseverado que una vez recibió en junio de 2013 el «primer informe» sobre el asunto, actuó «inmediatamente» ordenando «el cese de la actividad», extremo que según la Fiscalía no fue materializado; si bien él ha esgrimido el expediente de 2008 de reposición de la legalidad en la finca, completado según ha destacado con informe al respecto del propio arquitecto municipal.
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