Caso ACM
La Fiscalía pide enviar el caso ACM al Supremo ante los indicios «poderosos» de la implicación de Limones
El criterio del Fiscal es que el Alto Tribunal debe hacerse cargo de toda la causa
La Fiscalía ha pedido al juzgado que investiga el caso de la empresa pública del Ayuntamiento de Alcalá, ACM, que remita el asunto al Tribunal Supremo , por la presunta implicación en el mismo del alcalde de la ciudad, Antonio Gutiérrez Limones , que tiene además la condición de aforado, al ser miembro del Congreso de los Diputados por el PSOE. Una implicación sobre la que el Fiscal indica en su escrito que «existen indicios más que poderosos».
El documento remitido por el Fiscal, Arturo Nicás, al Juzgado número 2 de Alcalá con fecha del 21 de marzo, asume la tesis de la Guardia Civil que investiga el caso y que en un extenso informe apunta a la responsabilidad de Gutiérrez Limones en lo que considera una presunta trama para la malversación de dinero público . Un sistema al que la propia Guardia Civil llega a adjudicar el calificativo de «mafioso».
El Fiscal considera que las conclusiones de los investigadores sobre el alcalde son «palmarias» y cita de forma expresa una de sus conclusiones «que se ha puesto claramente de manifiesto y sin ningún género de dudas la directa responsabilidad en los hechos investigados, del alcalde de la localidad, Antonio Gutiérrez Limones ».
La argumentación de la fiscalía es que la existencia de estos indicios sobre una persona que tiene la condición de aforado impiden que el Juzgado de Instrucción siga con las actuaciones ya que le corresponde al Tribunal Supremo hacerse cargo de ellas . Además entiende el Fiscal que podrían producirse eventuales nulidades en caso de seguir adelante las actuaciones en sede del Juzgado de Instrucción.
El escrito de la Fiscalía también fija su criterio acerca de si el Supremo debe hacerse cargo de toda la causa o sólo de la parte que corresponde a Limones. Su criterio es que el Alto tribunal debe asumirla de forma íntegra y respecto a todos los investigados , al entender que el conocimiento de los hechos exige la valoración conjunta «del proceder de todos los investigados en el desarrollo del plan urdido para la comisión del presunto ilícito que se investiga». Esta fórmula, apunta además, va a favor de los principios de celeridad y economía procesal.
El caso de la empresa municipal ACM da de esta forma un nuevo paso hacia el Tribunal Supremo y Gutiérrez Limones sigue sumando argumentos en su contra en el procedimiento judicial, a pesar de que como él mismo ha reiterado «de nada se me acusa».
En este estado de cosas, lo siguiente debe ser la decisión del magistrado sobre si enviar la cuestión al Supremo o no. Si lo hace será porque estima que Gutiérrez Limones tiene responsabilidad en las presuntas ilegalidades y así deberá argumentarlo en el escrito que eleve al tribunal de Madrid. Si no lo hace será por entender que las responsabilidades, si las hubiere, se limitan a la dirección de ACM.
¿Y qué hará? Parece que lo más probable será remitir la causa al Supremo, ya que el juzgado alcalareño llegó incluso a iniciar esta tramitación al pedir al Congreso que certificara la condición de diputado y con ello de aforado de Limones . Este trámite está aún pendiente ya que el Congreso respondió indicando que dicha petición debe llegarle por otra vía, algo que ha retrasado la respuesta.
Los datos y testimonios recogidos por la Guardia Civil en sus atestados apuntan a la responsabilidad de Gutiérrez Limones en dos sentidos. Por un lado, en una grabación al contable de la empresa, Javier Luque, que da origen al caso, el alcalde aparece como beneficiario de las irregularidades en la empresa pública . Según el contable se habría pagado con dinero público gastos particulares como viajes y regalos.
En los informes de la Guardia Civil se relatan diversas fórmulas para, presuntamente, desviar fondos públicos . Entre ellos aparecen obligar a los proveedores a facturar por trabajos no realizados, contratar a dos trabajadores para realizar un mismo trabajo o incrementar el precio del servicio desproporcionadamente. Uno de los proveedores llega a contar como después de cobrar acudía al banco, retiraba parte del dinero que le habían ingresado y se lo entregaba en mano a uno de los responsables de ACM que lo había acompañado.
Por otro lado, en el último informe remitido al juzgado en marzo de 2015 por la Guardia Civil, los agentes afirman que Limones conocía los hechos y que los consintió . La conclusión de los investigadores es que tanto el alcalde como el presidente local del PSOE, Bernabé Gómez fueron informados de lo que sucedía y no hicieron nada. En este informe figura también la falta de mecanismos de control sobre los fondos municipales que se inyectaban a la empresa pública.
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