Varias empresas andaluzas emitirán bonos verdes para financiar sus proyectos

Leopoldo Parias, director de Deloitte en Andalucía, explica que «hay apetito en el mercado por emitir bonos verdes conforme a los principios de ICMA (Asociación Internacional del Mercado de Capitales) y ESG (sociales y sostenibles). Varias compañías del sector renovables en España han emitido deuda con el formato verde en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF) y algunas compañías andaluzas lo están estudiando en este momento. El destino de los fondos de estas emisiones, debe ser para fines verdes pero se podría considerar variado, aunque siempre enfocado al desarrollo de nuevos proyectos de renovables».

«Se espera que en los próximos meses haya más actividad y se llegue a convertir en tendencia. Estas emisiones de bonos verdes tienen la ventaja de que, si la compañía va cumpliendo su plan de negocio, pueden ir renovándose a vencimiento con nuevas emisiones, por lo que son muy eficientes en términos de servicio de la deuda», añade el socio director de Deloitte en Andalucía, consultora que en estos casos realiza un análisis de la viabilidad de la emisión de los bonos verdes; elabora la documentación necesaria y prepara el proceso de obtención de rating, identifica y presenta a inversores, negocia con entidades colocadoras, presenta a reguladores y asesora en la documentación legal.

Los bancos o intermediarios financieros actúan como colocadores de los bonos, que sondean el mercado para ver si hay demanda y piden un rating, en base al cual pueden dar una información al emisor del coste que puede tener esa deuda. Además, hay empresas evaluadoras de sostenibilidad, que controlan que los fondos obtenidos con esos bonos verdes están destinados a un proyecto con un impacto ambiental.

Las agencias de calificación de los bonos certifican en términos de solvencia al emisor no sólo teniendo en cuenta si hay riesgos financieros, sino también observando criterios ESG (medioambiente, sociedad y gobernanza). «A mayor rating, menor el coste que se paga en términos de interés, explican desde Axesor, una agencia de rating, que indica que «hay veces que los propios bancos colocadores se quedan con los bonos verdes porque la regulación bancaria va en ese sentido: que los bancos tengan identificado los riesgos de su cartera crediticia».

Antonio Madera, responsable de rating soberanos e instituciones financieras de Axesor Rating , explica que «hay hambre de bonos verdes por parte de los emisores. La demanda es amplia y creciente. De hecho, en el futuro los bonos que no sean verdes tendrán que pagar una prima adicional para pagar inversores». Según Madera, «se busca financiar toda aquella actividad que favorezca el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la reducción de las emisiones de CO2. Con estos bonos, el emisor tiene muy claro el objetivo de su inversión porque hay un cambio de paradigma. Ahora ya no sólo le interesa la rentabilidad financiera, sino también la rentabilidad medioambiental».

Adolfo Estévez, director de Axesor Rating , advierte que «por el hecho de que sea un bono verde no significa que sea de bajo riesgo. Un bono verde sólo te dice que el uso de fondos son para proyectos que ayudan al medioambiente». «Antes se colocaban esos bonos más por un tema reputacional pero no era realmente una forma de conseguir mejor precio. Como cada vez hay más inversores persiguiendo los bonos verdes ahora, su colocación se realiza a unos tipos más atractivos», añade este directivo, quien subraya que cuando se trata de una primera emisión por parte de una empresa tiene una prima, pero en segundas y terceras emisiones ese precio se va reduciendo.

Ignacio Fernández-Montes, presidente de la delegación andaluza del Instituto Español de Analistas Financieros , ha declarado que «la sostenibilidad no es una moda pasajera a la que tener en cuenta por parte de las empresas y los consumidores. Será un factor disruptivo en nuestra economía que podrá, en un plazo muy breve, hacer obsoletos compañías ó sectores completos por falta de financiación». Sin embargo, subirse al carro de estos instrumentos financieros exige formación, a su juicio. «Su complejidad exige una formación progresiva tanto de los consejos de administración, directivos y personal clave de la dirección financiera en materia de análisis, contabilización e información financiera del impacto de la actividad de las empresas en los diferentes estándares ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo)».

«La formación -dice- será muy necesaria en entidades financieras, bancos, compañías de seguros, cooperativas pero también empresas que tendrán que medir su grado de cumplimiento de objetivos medioambientales, sociales y de gobernanza para poder optar a fuentes de financiación pública (fondos Next Generation, financiación y garantías de entidades públicas y semipúblicas como las Sociedades de Garantía Recíproca, Banco Europeo de Inversiones, Fondo Europeo de Inversiones) como la financiación privada (bancaria, mercados y fondos de inversión y de private equity)».