Rocío Blanco: «Renombrar un tipo de contrato no cambia la estructura productiva»

- ¿Por qué no se alcanza el número horas trabajadas de 2019 si las cifras de afiliación son buenas y tenemos el empleo en máximos?

-Estamos en niveles de la crisis de 2008. En 2023 tuvimos 8.600 millones de horas trabajadas, y 15 años atrás, 8.900. En primer lugar, se debe a que están teniendo mucho impacto en la afiliación sectores productivos que no tienen un número de horas grande, como la construcción. Existe también una tendencia de las empresas a retener trabajadores con el mínimo de horas posible porque saben que es difícil encontrar reemplazo. Eso pese a que quizás no es el personal más productivo o que la empresa no esté pasando por un pico de producción.

-¿Influye el absentismo laboral, que también está en alza?

-Es un tema delicado, que ocurre también a nivel europeo, donde las tasas se mueven entre el 20% y el 30%. En España estamos en torno al 11,5%, lo que se debe a la parcialidad que está propiciando la reforma laboral. Cuentan como un afiliado, pero esas personas trabajan menos tiempo. Por ejemplo, un contrato ordinario tiene una media de 37'2 horas, pero un fijo discontinuo tiene una media de 33 horas.

-¿Parcialidad voluntaria o sufrida?

-En los países ricos de Europa (Suiza, Alemania, Austria…) es sinónimo de estado de bienestar, porque tienes ingresos suficientes y te puedes permitir un trabajo a tiempo parcial. En España es sinónimo de precariedad: un 20% de las personas quieren trabajar menos, pero un 35% quieren trabajar más.

-Hay quien pone en entredicho la veracidad de los datos de la EPA...

-Cuando al antiguo ministro de Inclusión y Seguridad Social se le preguntaba porqué no había correlación entre afiliación y ocupados decía que la EPA no era una estadística fiable y adecuada. La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), el BBVA y todos los organismos internacionales no dudan de su solidez y calidad.

- Se cumple año y medio de la modificación de la reforma laboral. A su juicio, ¿qué efecto ha tenido?

-Desde que se aprobó, el 28 de diciembre de 2021 ha aumentado la volatilidad de los contratos. Es importante trasladar eso porque lejos de tener contrataciones seguras, ahora mismo el Ministerio se ha dado cuenta de que propiciar contrataciones fijas discontinuas no está saliendo como le hubiera gustado, porque la idea era que hubiera una transición de los fijos discontinuos a los contratos indefinidos, y eso no está pasando. Lo que está haciendo es tirar de la inspección de trabajo para que vaya contra esos contratos indefinidos. Incluso las notas de prensa del Ministerio identifican los contratos fijos discontinuos con los temporales. Los ponen el mismo saco para que al final terminen como contrato indefinido.

-¿Puede derivar esto en mayor pluriempleo?

-En 2023 hubo más de 600.000 personas en pluriempleo. Eso significa que tienen contrato a tiempo parcial o que hay una rotación enorme de altas y de bajas. Eso no es un empleo de calidad.

- Parece entonces que sólo se ha maquillado la temporalidad...

-El empleo sigue igual de precarizado. Porque tú le cambies el nombre a un contrato, no va a cambiar la estructura productiva.

-¿Por qué hay sectores para los que no se encuentran profesionales pero sigue habiendo personas en paro?

-La OCDE habla de que el 72% de las empresas no tiene los perfiles profesionales que necesita y el Banco de España cifra en un 48,3% el caso nacional. Los últimos datos de la contabilidad trimestral indican que hay unas 150.000 vacantes, de las que 20.000 corresponden a Andalucía. Y eso son sólo los datos oficiales, la realidad es mucho mayor. Tanto en construcción como en comercio, el número de población activa bajó en 2023 en 82.000 personas, cuando en el resto de los sectores ha subido. En construcción hay un déficit de profesionales del 63%, en comercio, del 34% y en el sector tecnológico, llega al 70%. Es curioso porque sectores que demandan una menor cualificación tienen un déficit similar al de otros de mayor preparación.

-¿Es todo una cuestión de percepción de la profesión?

-Por seguir con el ejemplo, en un informe de la Fundación Laboral de la Construcción dice que los jóvenes no se sienten atraídos por el sector porque tienen una imagen muy negativa, casi distorsionada -mucha siniestralidad, condiciones laborales o del puesto de trabajo que no son buenas, generalmente a la intemperie-. Otros estudios remarcan que los profesionales de menos de 30 años en la construcción han pasado de un 17% a un 9,2%, mientras que los de edades superiores a los 50 años han subido de 17,2% a un 35,3%.

-Por otra parte, el número de altas en Seguridad Social de profesionales inmigrantes está subiendo. ¿Cómo califica la tendencia?

-Ocurre en toda España. Pese a haber tres millones de parados y que 1,8 millones estén cobren la prestación o subsidio por desempleo, hay trabajos que la población nacional no quiere hacer. En Andalucía se ha incrementado la afiliación de 363.000 a 393.000 trabajadores inmigrantes. Estamos haciendo un programa piloto en Málaga con el arraigo por formación junto con asociaciones del tercer sector para personas inmigrantes que no tienen ninguna formación ni titulación -o que la tienen en sus países de origen pero no las pueden homologar- para que obtengan el certificado de profesionalidad de nivel 1 y puedan seguir trabajando.

-¿Se puede decir que la inversión en cursos de formación ha alcanzado la velocidad de crucero?

-Tenemos más de lo que había, pero menos de lo que nos gustaría. Ojalá nos hubiéramos encontrado un solar vacío sobre el que empezar a construir, pero estaba 'lleno de cascotes'. Por ejemplo, había 1.700 expedientes a expensas de reintegro, muchos a punto de prescribir; y 30.000 becas prescritas desde 2011. Decidimos resolverlas todas, porque iban destinadas a personas sin recursos, para que pudieran asistir a cursos con esa ayuda a la manutención o al alojamiento.

-¿Cómo ha cambiado el sistema?

-Al principio apostamos por el sistema de licitaciones, contemplado en la ley de Formación Profesional y la ley de contratos del Estado, porque el de subvenciones no había ido bien en Andalucía al no permitir beneficio industrial. De ahí el fraude que hubo. Con el tiempo hemos evolucionado, sin abandonar las licitaciones porque ya hay seguridad en la Dirección General de Formación, y hemos apostado también por un sistema de subvenciones pero en el que se permite el beneficio industrial y en el que hay justificación por módulos, más sencillo y rápido.

-¿Qué peso tienen las empresas en la definición de los programas formativos?

-Elevado, pues nos orientan sobre qué formación necesita el tejido productivo. De lo primero que hicimos fue montar una mesa de gobernanza para hablar con los sectores y que nos dijeran los contenidos concretos, el 'traje a medida' que nos ha permitido formar a más de 54.000 andaluces hasta la fecha. Para 2024 tenemos un presupuesto para formación de 287 millones y en el anterior ejercicio tuvimos el récord de ejecución de la historia de Andalucía: 225. Los proyectos son de todo tipo, transversales para todas las provincias o específicos para algunas, y también 'singulares', unos programas parecidos a los certificados de profesionalidad pero de corta duración para que sean más atractivos.

-¿Cree que el capital humano andaluz, y su organización, son atractivos para la inversión exterior?

-Sin lugar a dudas. Al final, la empresa lo que necesita es seguridad jurídica, transparencia, estabilidad económica y política. Si un territorio tiene paz social, como ocurre ahora mismo aquí, genera confianza y atrae la inversión. Los últimos ratios de confianza de las empresas andaluzas han subido en un 1,9%. Una fiscalidad adecuada, agilidad administrativa, reducción de la burocracia… todo eso ayuda.

-¿Cómo influye el actual modelo de financiación autonómica en las políticas andaluzas de empleo?

-La ratio deja a cada andaluz desempleado 636 euros, que son 1.200 para un catalán o 2.300 para un balear. Lo mismo sucede con el Plan de Empleo que nos da el Gobierno cada año a las comunidades con mayor tasa de desempleo. A Andalucía le corresponden 50 millones, que se traducen en 75 euros por cada andaluz desempleado. A Extremadura le asignan 15 millones, o 202 por cada persona. Y en Canarias, que recibe 45 millones, son 270 euros por desempleado. No hay equilibrio y es anticonstitucional.