Al menos 500 empresas andaluzas deberán presentar informes de sostenibilidad con hasta 1.100 indicadores

José Pérez Paniagua, socio responsable de Auditoría & Assurance de Deloitte en Andalucía y Extremadura, recuerda que «en 2018, el Gobierno aprobó la Ley en materia de información no financiera y diversidad, que es el inicio de la información de sostenibilidad, y afectaba a las empresas cotizadas y también a las que tuvieran más de 250 trabajadores y uno de estos dos requisitos: 22,5 millones de activo y una cifra de negocio de 40 millones de euros».

En diciembre de 2022, la UE sacó adelante la CSRD, la Directiva sobre información corporativa en materia de sostenibilidad, «que viene a homogeneizar todos los criterios en materia de sostenibilidad a nivel europeo. Los Estados miembros tienen que trasponerla antes de diciembre de 2024. Las empresas tendrán que presentar dentro su informe de gestión otro de sostenibilidad pero con más información y desglose de indicadores que antes».

Para la trasposición de esta Directiva, «el Consejo de Ministros ha aprobado en octubre de 2024 el proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad. El Gobierno lo está tramitando por vía de urgencia en el Congreso de los Diputados. Tiene un mes para aprobarlo y el Senado tendría 20 días. Vamos a llegar muy justos a diciembre de 2024».

¿Qué empresas estarán obligadas a presentar ahora el nuevo informe de sostenibilidad? Según Pérez Paniagua, «la Directiva europea afecta a las cotizadas y a las compañías que cumplan dos de estos tres requisitos a partir del 1 de enero de 2025: tener durante dos ejercicios consecutivos más de 50 millones de euros de facturación, más de 250 trabajadores o 25 millones de euros de activo consolidado. Ahora habrá compañías que no llegan a 250 empleados pero sí podría afectar a otras que pueden tengan activos por más de 25 millones y ventas de más de 50 millones.

La Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que modifica el Código de Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas, afectará al menos a medio millar de empresas aproximadamente. En Andalucía hay sólo hay 464 empresas que tienen 250 trabajadores o más, en tanto que las que tienen un activo superior a los 25 millones de euros son 1.308. Las que tienen una facturación superior a 50 millones de euros son 438, según la empresa de información comercial, financiera, sectorial y de Marketing Informa D&B.

«Había muchas empresas que no estaban impactadas en temas de sostenibilidad o no le daban importancia a la información no financiera pero ahora se verán sometida a ella», advierte José Pérez. Si sale adelante en el Congreso y el Senado, la Ley se aplicará ya a las cuentas de 2024 de las empresas que cotizan en el mercado continuo y en el BME Growth, aunque sea en marzo del siguiente año cuando las formulen. Entre las cotizadas andaluzas afectadas estarían Inmobiliaria del Sur, Ezentis, Unicaja, Secuoya...

Para las empresas no cotizadas que cumplan dos de los tres requisitos antes mencionados relativos al número de trabajadores, activo o ventas, la Ley de Información Empresarial comienza a aplicarse en 2025, por lo que tendrá que presentar el informe de sostenibilidad dentro del de gestión cuando se formulen las cuentas en marzo de 2026.

«Pasaremos de reportar un centenar de indicadores en materia de sostenibilidad (medio ambiente, social y gobernanza) a un máximo de 1.100. Se trata de un análisis con doble materialidad: desde el punto de vista financiero y de cómo afecta a la cadena de valor, a los clientes y proveedores», explica el socio director de Auditoría & Assurance de Deloitte en Andalucía, quien recomienda a las empresas afectadas que comiencen a trabajar ya para identificar qué indicadores reportarán para ir capturando toda la información, de modo que cuando llegue diciembre de 2025 la tengan toda recopilada para el cierre de cuentas.

Como ejemplo, la UEFA está requiriendo a todos los equipos de fútbol que tengan un representante de sostenibilidad. Betis y Sevilla han venido presentado esos estados de información no financiera y ya trabajan en la directiva europea para identificar los nuevos indicadores que tendrán que reportar: huella de carbono, sueldos medios por categoría, brecha salarial, consumos energéticos, tonelaje de residuos tratados, mapa de riesgos de negocio de la sociedad...

«Las grandes compañías tienen responsable de sostenibilidad y las medianas están descargando esa tarea en el jefe de RRHH o financiero, pero la cantidad de información y regulación que requiere esta nueva Ley exigirá una persona especializada en esta materia, por lo que hay empresas que están subcontratando ese análisis», declara José Pérez que «los informes de sostenibilidad tienen que ser auditados por un verificador inscrito en un registro oficial»

Añade que «hay fondos de inversión y bancos que dan acceso a financiación verde que no sólo hacen 'due diligence' financieras y comerciales, sino también medioambientales y de sostenibilidad. Algunos fondos tienen el compromiso con sus inversores de realizar una parte de sus inversiones en compañías sostenibles. Otras empresas no quieren tener riesgo reputacional porque un cliente o proveedor esté realizando una práctica fuera del ámbito legal en materia de sostenibilidad», aclara.