Un Juzgado de Cádiz 'perdona' una deuda de 2,7 millones a un hombre que avaló a su padre cuando tenía 20 años

Los hechos se remontan al año 2000, cuando tenía 20 años y estaba estudiando un módulo de Formación Profesional. Su abogado, José María Puelles, experto en Derecho Concursal, afirma que el padre del joven, su esposa y su hijo avalaron todos los préstamos y pólizas que renegociaron las dos empresas familiares, cada una de ellas con una media de 15 empleados.

Antonio se avino a avalar a su padre por miedo a que los bancos cerraran el grifo y dejaran de financiar las dos empresas. La renegociación de deudas no fue suficiente para salvar a las dos compañías y ocho años después las empresas entraron en concurso, y las entidades financieras ejecutaron los avales renegociados años antes. El resultado fue que con menos de 30 años Antonio pasó a deber casi tres millones de euros, asegura Puelles.

Poco después «descubrió que las entidades bancarias habían vendido su deuda a fondos inversión que adquieren deudas por cantidades irrisorias, «aunque la deuda de Antonio aumentaba cada día». A pesar de todo ello, José María Puelles declara que «por mucho que se le explique una y otra vez, Antonio no termina de saber qué es un fondo de inversión, no sabe que es una póliza y sigue sin saber lo que es un aval».

«Viviendo en esas circunstancias -explica su abogado- no ha podido tener una vida normal desde que tiene 28 años. Le embargaban el saldo de su cuenta sin respetar el Salario Mínimo Interprofesional. Por eso, la noche que cobraba se iba al cajero a las 12,01 minutos para poder sacar el dinero con el que cubrir sus necesidades mínimas. Hasta ahora ha tenido que pagar todo en metálico porque el dinero que entra en su cuenta corriente desaparece por los numerosos embargos de los bancos. Eso le impedía tener una tarjeta bancaria para hacer pagos electrónicos».

Antonio, casado y con dos hijos, vive a actualmente con su esposa de alquiler en una localidad de la provincia de Cádiz. «Cuando encuentra trabajo es electricista pero con dificultad llega al salario mínimo interprofesional», añade.

Su letrado recuerda que Antonio tampoco puede tener un teléfono móvil propio porque cuando lo ha tenido uno esos fondos de inversión que han comprado su deuda le llaman a todas horas reclamándole el pago. «Usa el teléfono de su mujer para poder mantenerse conectado al mundo y, sobre todo, para poder trabajar porque en ningún momento ha dejado de hacerlo».

En ese bucle, «Antonio se ha sentido como un marginado, como un apestado social». Para poder salir de esa espiral y empezar una nueva vida sin ser esclavo de sus deudas, Antonio se acogió a la llamada 'segunda oportunidad', que desde 2015 permite exonerar total o parcialmente las deudas de personas de buena fe que reúnen los requisitos. Según la directiva europea 1023/2019 se pasa a considerar ese 'perdón' de deudas como un derecho.

«Sabía que la 'segunda oportunidad' era la única forma de iniciar una nueva vida porque ni en cien vidas podría pagar las deudas que avaló a su padre», añade este experto en Derecho concursal. Así, solicitó en el Juzgado de Primera Instancia 1 de El Puerto de Santa María el concurso de acreedores comunicando que no tenía bienes y dando cuenta de todas sus deudas, fundamentalmente los avales efectuados en su día a las empresas del padre. En estos casos, indica José María Puelles, los acreedores optan voluntariamente por no comparecer en los procesos concursales si entienden que el deudor es honesto, permitiendo así la exoneración de sus deudas.

Finalmente, el Juzgado de El Puerto de Santa María ha decidido 'condonar' esa deuda, permitiendo a Antonio a iniciar una nueva vida, que incluye tener una tarjeta bancaria para hacer pagos electrónicos, por ejemplo, o disponer de un teléfono móvil. Antonio, que aún se recupera de la depresión que le provocó convertirse en un 'zombie' social, ya puede consultar su saldo sin temor a que le hayan embargado el sueldo, explica su letrado.

En cuanto a las voces que se han alzado contra la 'segunda oportunidad' por entender que se está abusando de este mecanismo en supuestos fraudes, irregularidades o picarescas, este experto en derecho concursal subraya que en el procedimiento se da la posibilidad de intervención a los acreedores y hay un juez que fiscaliza la actuación del deudor, al tiempo que afirma que el fraude en nuestro país puede calificarse de marginal, en línea con otros países de nuestro entorno, así como EE.UU.