El Gobierno promete a Abengoa una línea de avales de al menos 150 millones
El presidente de Cox anuncia que creará un plan de trabajo antes de los primeros 100 días
Cox se queda con los restos de Abengoa
El Gobierno de España pondrá a disposición de Abengoa una línea de avales de al menos 150 millones de euros para que la compañía pueda afrontar su nueva etapa después de que el juez decidiera el miércoles adjudicar sus filiales al grupo español Cox Energy.
Así lo ha anunciado este jueves en Palmas Altas el ministro de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez, en una convocatoria en la que estuvieron presentes tanto la exministra del ramo, Reyes Maroto, como el consejero de Política Industrial de la Junta, Jorge Paradela, y el alcalde de Sevilla, Antonio Muñoz. También asistieron directivos de la compañía, representantes de los trabajadores y decenas de empleados.
«Es un paso más que hemos dado, pero queda camino por recorrer», reconoció el ministro en una cita que tuvo lugar solo un día después de que el juez emitiera su auto eligiendo al comprador que ha considerado más idóneo para la compañía andaluza.
Cox quiere un plan en los primeros 100 días
El presidente de Cox, Enrique Riquelme, se dirigió por primera vez a los trabajadores y directivos en un alegre y concurrido salón de Palmas Altas en el que no hace demasiado tiempo tenían lugar tensas juntas de accionistas.
Su objetivo es elaborar un plan «en las próximas semanas» y antes de los primeros 100 días para estructurar el trabajo a corto, medio y largo plazo. El presidente de Cox pidió mirar hacia delante «para entre todos ver cómo mejoramos y avanzamos tecnológicamente para poder volver a poner la pica de Abengoa como referente mundial» en sectores como el agua o la energía.
«Espero devolveros el esfuerzo que habéis hecho, ahora nos toca a otros arrimar el hombro y conmigo vais a contar para todo lo que necesitéis», concluyó.
Por parte de Abengoa tomó la palabra Álvaro Polo, quien comenzó su intervención bromeando con que «contra todo pronóstico, esta potencia de fuego sigue viva» y asegurando es una firma «operativa, a pesar de estar pseudoquebrada». Visiblemente emocionado, Polo explicó que, tras conocerse la decisión del juez, en las instalaciones de Palmas Altas se vivió un día «bárbaro» de «jolgorio, fiesta y alegría».
De su lado, el consejero de Política Industria, Jorge Paradela, subrayó cómo la compañía ha sobrevivido a «estos casi diez años de incertidumbre». «Abengoa volverá a ser santo y seña de la ingeniería y la energía a nivel nacional e internacional», auguró el consejero, al tiempo que resaltó las sinergias que Cox y Abengoa pueden desarrollar en materia de energías renovables.
El alcalde de Sevilla aprovechó la ocasión para compartir algunas anécdotas, como aquella vez que se encontró en su domicilio una carta manuscrita por parte de dos trabajadoras en la que le rogaban que diera un paso adelante para salvar a la compañía. En cuanto a los trabajadores, tomó la palabra el secretario general de UGT FICA Sevilla, Manuel Ponce, reconoció que «nunca habían imaginado llegar a un día como hoy».
Los acreedores
El juez decidió el miércoles que Cox Energy era la propuesta más idónea para hacerse con los activos de Abengoa. Ahora la pelota está en el tejado de los acreedores con especial privilegio.
Cuentan con un plazo de cinco días para dar su beneplácito a esta adjudicación. En concreto, es necesario que al menos el 75% de el 'sí quiero' a la operación, un porcentaje que se superaría con el visto bueno de Caixabank, Santander y Credit Agricole. Todo apunta a que estas tres entidades, entre las que suman más del 80% de los acreedores con especial privilegio, se van a pronunciar favorablemente.
Tres de los cuatro interesados restantes, RCP, Ultramar y Cox, han asegurado a ABC que no presentarán recurso de reposición ante la decisión del juez, mientras que el otro grupo español, Urbas, ha declinado ofrecer una respuesta por el momento. Aunque aún quedan diversos trámites, como una autorización por parte del Ministerio de Defensa, el proceso se acelerará considerablemente al ser el comprador un grupo de capital español. La operación de venta de la unidad productiva no tendrá que pasar por el Consejo de Ministros, algo que podría haberse demorado en hasta seis meses si el adjudicatario hubiese sido un comprador extranjero.
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