Las empresas que quieren comprar Abengoa no acreditan su solvencia económica y financiera
informe de la admnistración concursal
EY Abogados critica que Urbas y Cox no pongan precio de compra y a Ultramar le reprocha que no mantenga los contratos de alta dirección
Urbas y Nox se comprometen a mantener 4.700 puestos de trabajo, mientras que RCP habla de mantener el nivel de empleo actual
La administración concursal ha presentado informes muy críticos con las cinco ofertas de compra de la totalidad de Abengoa formuladas por Urbas Grupo Financiero, Nox/Terramar, RCP/Sinclair, Cox Energy y Ultramar. A partir de ahora se abre un plazo de tres días para que ... los interesados mejoren sus propuestas antes de que el juez mercantil Jesús Ginés Gabaldón tome una decisión.
La administración concursal, en manos de EY Abogados, ha encontrado numerosas 'debilidades' en estas ofertas, entre las que se cita no presentar un precio de compra en dos de las cinco propuestas o no acreditar la solvencia económica ni financiera para la adquisición, para inyectar liquidez a la empresa o ejecutar su plan de negocio, según se recoge en los informes de la administración concursal a los que ha tenido acceso ABC.
Algunas de esas empresas intentan quedarse con los activos de Abengoa libres de cargas sin contar con la autorización de los acreedores privilegiados o no aportan dinero para pagar los gastos que se han generado con el concurso, lo que con llevaría la imposibilidad de mantener la actividad de las unidades productivas.
Urbas Grupo Financiero
La oferta de Urbas Grupo Financiero, presidida por Juan Antonio Acedo, compromete el mantenimiento de la actividad durante tres años pero «no contiene precio». Hace una estimación económica del pasivo que asume o asumirá en el futuro, así como las necesidades de financiación, pero la administración concursal objeta que realmente ese esfuerzo para afrontar las deudas de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria, entre otras, tendrá que ser afrontado por cualquier empresa que se quede con Abengoa.
Eso, dice, impediría valorar con igualdad de criterios ofertas de adquisición de unidades productivas que sí han presentado un precio real. «Por todo ello, esta estimación del pasivo a asumir se refiere por tanto al esfuerzo financiero a realizar, pero en modo alguno puede entenderse como precio».
Otra salvedad que presenta la administración concursal a esta oferta radica en que «no adjunta acreditación de la solvencia económica mediante cualquier forma que pueda mostrar su capacidad de cumplimiento íntegro de la propuesta presentada, ni tampoco se aportan referencias específicas sobre los mecanismos de financiación» para obtener fondos necesarios para la compra y dotar a la nueva Abengoa de «liquidez suficiente para la viabilidad financiera y de su plan de negocio». Además, tampoco especifica la forma legal de llevar a cabo esa compra, sin olvidar que se reserva la posibilidad de ceder su posición de venta a una participada.
En cuanto al perímetro de la unidad productiva, EY Abogados dice que «la propuesta sigue adoleciendo de cierta imprecisión que genera dudas respecto a la inclusión o no de ciertos bienes», advirtiendo que incluye activos de propiedad industrial (licencia o derechos de uso sobre marcas) que son titularidad de la matriz de Abengoa, ahora en liquidación.
Su oferta está condicionada a la transmisión de todos los bienes y derechos de la unidad productiva libres de cargas, pero como Urbas plantea la adquisición de algunos sobre los que se han constituido garantías favor de acreedores, la administración concursal advierte de que «será necesaria la conformidad a la transmisión por los acreedores con privilegio especial».
Urbas incluye la asunción de 4.700 trabajadores con mantenimiento de las mismas condiciones laborales, categorías profesionales y antigüedad laboral, aunque la administración aclara que dicho compromiso «se refiere al 100% de los puestos de trabajo a la fecha de adjudicación», de modo que tendría que asumir un incremento si se hubiera producido.
Al igual que sucede con otras ofertas, EY Abogados plantea que Urbas quiere comprar los bienes y servicios de Abengoa, y quedarse con la totalidad de la plantilla, sin pagar los créditos que se han generado desde la declaración del concurso, lo que la «abocaría a una situación de actividad muy reducida o nula, así como a cualquier solución convenida razonable».
Nox/Terramar
La oferta de Nox Engineering, cuyo administrador único es Miguel Zurita, expresidente de Deloitte en España, tiene como socio financiero al fondo de inversión norteamericano Terramar Capital, que presenta una carta de apoyo. Sin embargo, la administración concursal destaca que «no se especifica la forma bajo la que ese apoyo se prestaría ni se cuantifica el mismo». Tampoco incluye el modo legal en que hará la compra de la unidad productiva.
Por otra parte, Nox hace una oferta sobre los «proyectos en marcha», sin especificar líneas de negocio o geográficas. EY Abogados resalta que «la oferta no adjunta acreditación de solvencia económica» ni de Nox ni de Terramar que pueda mostrar su capacidad de cumplir la propuesta presentada, ni tampoco aporta referencias específica sobre los mecanismos de financiación para obtener fondos necesarios para la venta, para dotar de liquidez a la unidad productiva y ejecutar su plan de negocio.
Zorita compromete el mantenimiento de la actividad durante un mínimo de tres años en la oferta, que está sujeta a recibir la unidad productiva «en condiciones normales» hasta la toma de controla de la misma, así como a la transmisión libre de cargas y sin garantías de los bienes y derechos de la unidad productiva.
Nox indica que el grupo Zima, presidida y controlada por Zurita, asegura la viabilidad de la compañía. Nox, que cuenta con 2.500 profesionales y 40 años de experiencia, está presente en todo el territorio nacional, Francia y Chile, según destaca la administración concursal, siendo sus principales áreas de negocio la naval, la siderúrgica, la industrial, energética y medioambiental.
Esta oferta incluye la asunción de 4.700 empleados de la unidad productiva y un precio de compra en efectivo de cinco millones de euros, y la inyección de 85 millones de euros con posterioridad a la compra. Nox también asume pasivos y las futuras necesidades de financiación, pero la administración concursal rechaza que ello pueda considerarse parte del precio.
Nox contempla el pago de 1,5 millones de euros para hacer frente a los créditos que se han generado a raíz del concurso, entre ellos los de la administración concursal, pero como incluye acciones y participaciones de las sociedades cabecera de las principales líneas de negocio, esa cantidad no permitiría satisfacer todos los créditos en caso de que se produzca la venta, lo que «impediría la continuidad de la actividad» de Abengoa.
RCP/ Sinclair
La portuguesa RCP y el fondo Sinclair sí han incluido en su oferta un precio de compra (18 millones de euros), aunque no detallan de manera correcta el precio de cada una de las sociedades, por lo que incumpliría la Ley Concursal, según EY. En cuanto a la solvencia económica, la oferta no acompaña acreditación ni mecanismos de financiación para obtener los fondos necesarios para la transacción y para dotar la empresa de liquidez, y tampoco explica la fórmula legal que usaría para llevar a cabo la compra.
La administración concursal señala que «la oferta no especifica en detalle los activos y pasivos que se adquieren de cada concurso, lo que impide efectuar una valoración individualizada de los mismos», sobre todo para «determinar el valor de los créditos privilegiados».
Además, la oferta incluye la adjudicación de todos los activos de la matriz de Abengoa, en liquidación (entre los que se incluye un cuadro de Murillo, terrenos, una residencia de verano o un atraque) o de Simosa IT (en cumplimiento de convenio), pero la administración concursal señala que no es posible porque están al margen del concurso de las 33 sociedades operativas del grupo Abengoa.
La compañía RCP, cuyo director en España es Robert Mondéjar, se compromete a mantener el nivel de empleo actual por un período no inferior a los tres años siguientes, subrayando la administración concursal que «la oferta sólo es válida en su conjunto, teniendo por tanto carácter indivisible».
EY Abogados alerta de que RCP condiciona la compra a que los activos se le adjudiquen libres de cargas, gravamen, carga o responsabilidad personal, por lo que por lo que «el precio que se abone corresponderá a los acreedores privilegiados» de forma proporcional, de forma que si no cubre el 75% del pasivo necesitará de su autorización. Tampoco establece un dinero para los créditos que se han generado a raíz del concurso, por lo que entiende que si se vendiera, la unidad productiva se vería abocada a una situación de actividad reducida o nula.
Ultramar
La principal crítica del administrador concursal a Ultramar ha sido que su oferta no delimita el perímetro porque en ella se indica que lo es por «todas las unidades productivas» y, sin embargo, hay 14 sociedades de las 33 en concurso que no están englobadas. Es decir, esta propuesta persigue hacerse solo con 19 de las filiales.
Otro de los puntos negativos ha sido que su propuesta no se compromete expresamente a continuar con la actividad de la unidad principal por un periodo mínimo de tres años. En cuanto a la nómina de empleados, le reprocha que no se especifica si se mantendrían las mismas condiciones laborales y, sobre todo, ve dudas sobre los contratos de alta dirección, «ya que se manifiesta que no se mantendrían».
La oferta plantea como condición esencial la venta unitaria y, por lo tanto, la oferta es indivisible, la transmisión sería sin mantener las garantías y será necesario el visto bueno de los acreedores con privilegio especial. Su precio de compra es de 20 millones y hasta 10 millones más adicionales para el crédito puente de la concursada y de Abener Energía.
El administrador concursal indica que se acompañan intenciones de futuros posibles socios, pero que ninguno es parte actual del proyecto, siendo Ultramar el único oferente. En cuanto a la solvencia económica, se indica que hay cartas de apoyo financiero de Castlepines Equity y de Siemens. Sin embargo, pasa desapercibido que esta última compañía entregó un escrito al juzgado desvinculándose de la oferta de Ultramar, según adelantó este medio.
Cox Energy
La administración concursal valora que el Grupo Cox está presente en todos los eslabones de la cadena de valor del sector energético y que se compromete a mantener con actividad a la unidad productiva al menos tres años y a que su centro principal de intereses se mantenga en Sevilla.
Por contra, la crítica que EY hace de su oferta es que «adolece de cierta imprecisión que genera dudas respecto a la inclusión o no de ciertos bienes». Se trata de una propuesta indivisible, aunque estaría dispuesta a valorar la exclusión de alguna unidad concreta «en beneficio del concurso» si un tercer oferente mejora las condiciones de sus acreedores.
Por otro lado, le reprocha que incluya bienes y activos de Simosa IT y de sociedades que no están en concurso. A diferencia del resto, esta oferta precisa que no se subroga en litigios y arbitrajes ya existentes.
Su oferta, al igual que la de Urbas, no tiene precio. Además, no acompaña acreditación de la solvencia económica del interesado mediante cualquier forma que pueda mostrar su capacidad de cumplimiento íntegro de la propuesta presentada.
Cox prevé financiar su operación mediante el pool bancario del grupo Abengoa y, a continuación, EY asegura que no se incluye el modo de instrumentalización legal de la compra de la unidad productiva.
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