La economía andaluza crece en un mundo desordenado

¿Cuáles son las claves de este avance? El turismo bate récords y la lluvia ha mitigado parte de los efectos de la sequía y ha reactivado al sector agroindustrial. El consumo de las administraciones públicas aumenta –gracias en gran parte a las inyecciones de los fondos Next Generation– y el gasto de las familias también repunta en un clima de confianza.

El mejor síntoma de este crecimiento radica en las buenas cifras de empleo: el número de afiliados a la Seguridad Social asciende en junio a 3,5 millones de personas por primera vez en la historia y el paro ha retrocedido a niveles de 2009. Como telón de fondo, se ha moderado la inflación (en este momento se sitúa en tasas del 3%) y en España han caído los precios de la electricidad más que en la media europea (gracias en parte a la masiva penetración de las renovables).

Pero este panorama no está exento de desequilibrios internos y externos. Andalucía sigue lastrada por la escasa productividad del tejido económico. Junto a ello, hay amenazas como las tensiones geopolíticas de un contexto internacional convulso y un alto nivel de endeudamiento de la economía española y global. «Gran parte de la expansión de Andalucía se ha desarrollado con actividades que son muy intensivas en empleo pero que no propician un avance de la productividad», sostiene el economista Manuel Hidalgo, profesor en la Universidad Pablo de Olavide y senior fellow de EsadeEcPol.

De hecho, ha aumentado la población activa gracias al incremento de la inmigración atraída por la pujanza del turismo y la hostelería. «Estamos en un momento récord, en el primer trimestre del año aumentó un 15% la cifra de viajeros alojados y un 25% las pernoctaciones, es cierto que la Semana Santa ha sido temprana, pero son datos espectaculares».

A medio plazo hay que poner el foco en la industria. España y Andalucía mejoran en una situación internacional en la que «está cambiando la naturaleza de la globalización, ya que las grandes áreas económicas buscan reducir su interdependencia», recuerda Alberto García Valera, economista y socio director de EY en Andalucía. «China lidera mundialmente las renovables y la automoción, y eleva su influencia en Ásia, África y América Latina como inversor en deuda pública de estos países».

En EEUU, a su vez, «se da por amortizada la llegada de Trump y su política arancelaria, y en estos años se ha seguido practicando el 'American first' con subvenciones muy relevantes para incentivar la industria nacional».

En este escenario, marcado por conflictos como la invasión de Ucrania y el conflicto en Oriente Medio, «la UE juega un papel complejo con sus países tractores como Francia y Alemania en situación de estancamiento; no olvidemos que Europa cedió su defensa a EEUU, su comercio a China y su energía a Rusia, y estos tres aliados hoy lo son un poco menos». Y en este mundo desordenado Andalucía debe jugar sus bazas.

«La UE también busca una reindustrialización y en la región se están registrando inversiones relevantes en áreas como las renovables, minería y proyectos asociados a la transición digital, singularmente en Málaga, para lo que el mensaje que abandera la Junta de seguridad jurídica, de una política fiscal que no desincentive al empresario y la simplificación es un acierto».

Hay datos que invitan al optimismo, como la inversión extranjera en Andalucía, que ha vivido un lustro de expansión con un crecimiento del 87,59% en el periodo 2019-2023 en relación a 2014-2018 (frente a la caída del 7,83% experimentada en el conjunto de España). Andalucía ha pasado de captar 2.360 millones de euros de inversión extranjera en el anterior quinquenio a casi 4.500 millones desde 2019. «La Consejería de Industria de Industria, Energía y Minas está lanzando un mensaje muy potente a los inversores internacionales», incide García Valera.

El gran desafío es diversificar la economía con más industria y tecnología para evitar la alta dependencia de sectores en los que el valor añadido es menor. Es la clave para mejorar los niveles de convergencia con los territorios más avanzados de la UE, un ámbito en el que Andalucía avanza de manera lenta, con pequeños pasos adelante seguidos de abruptos retrocesos.

El PIB andaluz por habitante era en 2022 –último año publicado– el 75% de la media europea. Esto se traduce en 21.000 euros por habitante (7.000 menos que la media española). Como contrapunto positivo, el informe del Consejo Económico y Social remarca que «ha existido una cierta convergencia de Andalucía en los últimos cinco años cuyo PIB per cápita español, pasando de una distancia de 24 puntos en 2017, a una diferencia de 21 puntos tanto en 2020 como en 2021». Pese a ello, la brecha con la media de la UE-27 se acrecienta, debido en parte al impacto mayor que tuvo el Covid en las economías mediterráneas (por su mayor dependencia del turismo y los servicios).

En el ámbito de la inversión pública también hay luces y sombras. Los fondos Next Generation son un estímulo notable, pero tienen fecha de vencimiento. Según los cálculos de Manuel Hidalgo, Andalucía ha recibido ya casi 4.200 millones de euros, de los que han salido a licitación 2.200 millones y se han asignado en torno a 1.000 millones. «El desafío de estas partidas era acelerar la recuperación de la economía y propiciar la transformación del tejido productivo; lo primero ya ha ocurrido, pero el impacto real que tendrán en el cambio estructural de la economía solo se podrá valorar en los próximos años», subraya.

El impacto de esta inversión pública está limitado a los próximos dos años, y cuando termine su influencia permanecerá una realidad: «El nivel de endeudamiento de las grandes economías, y de España singularmente, es elevado», recuerda García Valera. Los Estados tienen que retomar la senda de la disciplina presupuestaria, y en 2024 han vuelto a entrar en vigor las reglas fiscales».

Como colofón, Andalucía –junto a Valencia y Murcia– padece un lastre sobreañadido para recuperar terreno con las regiones más dinámicas: el sistema de financiación autonómica, caducado hace diez años sin que haya una fecha concreta para su renovación, provoca un déficit para costear los servicios básicos como la sanidad, la educación y las políticas sociales.

Un andaluz recibe del Estado 170 euros menos al año que la media española, 222 euros menos que otro catalán y 624 euros menos que un residente en Cantabria. Y 1.409 millones es la cantidad que debería recibir como compensación extra por pertenecer en el club de las comunidades autónomas peor financiadas, según el cálculo que ha realizado la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que analiza la asimetría en el reparto de recursos estatales entre los diferentes territorios. El Consejo Social de Andalucía también denuncia en su último informe que existe una inversión menor a la media por parte del sector público.