Constructoras e ingenierías alertan del daño al tejido empresarial andaluz que causa la contratación pública masiva a Tragsa

Ambas patronales han formulado un mismo pliego de alegaciones al proyecto de Real Decreto que desarrolla el régimen jurídico de estas empresas públicas y que consideran «un intento de blanquear muchas de las actuaciones que Tragsa y Tragsatec vienen desarrollando en los últimos años, irregularmente, ofreciendo cobertura jurídica a lo que hasta ahora se venían haciendo por las vías de hechos», exponen en un comunicado.

Las alegaciones se suman a las iniciativas adoptadas por el sector y por la CEOE en defensa de la competencia en los ámbitos nacional y europeo y al recurso que los ingenieros andaluces ya realizaron cuando el Gobierno anunció la adjudicación directa del proyecto de puente de la SE-40 a otra empresa pública como Ineco. Todo responde a la preocupación que genera el cambio de rol de estas empresas públicas pertenecientes a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) como beneficiarias de encargos de las administraciones en ámbitos que exceden al ámbito de actuación para las que fueron creadas. En el caso de Tragsa fue fundada en 1977 con el objetivo inicial de cubrir situaciones de emergencia y asistencia técnica en el ámbito rural. Sin embargo, en la fiscalización que hizo el Tribunal de Cuentas de los ejercicios 2021 y 2022, cuyas conclusiones se avanzaron el pasado mes de marzo, se especifica que además del medio ambiente, la empresa había asumido contratos en edificación y arquitectura, agua e infraestructuras; ambitos que en la actualidad se han ampliado a otros sectores como la Sanidad y la Tecnología.

Sólo en esas dos anualidades el Grupo Tragsa se hizo con tres mil contratos de entidades de la administración pública, lo que suponía un incrementó de este tipo de adjudicaciones del 77 por ciento, triplicando su facturación hasta alcanzar en esos dos años los 2.631 millones de euros. Sólo un 8 por ciento de los contratos se justificó por emergencia.

El informe advertía además de que en el 34% de los expedientes analizados no hay correlación entre el contenido de los encargos y la cualificación del personal asignado a la ejecución. Al tiempo que destacaba la altísima temporalidad de su personal que contaba en 2023 con 26.000 profesionales, cuando obtuvo un volumen de negocio de 1.720 millones de euros, según datos difundidos por el propio grupo.

El Tribunal de Cuentas concluía que Tragsa asumía actividades de encargos que exceden de su cometido y recomendaba el grupo ceder a entidades más cualificadas los encargos que no le encajen.

Esta circunstancia es la que lleva a las patronales de la construcción y las ingenierías a asegurar que estas empresas públicas están generando competencia desleal con las empresas privadas del sector, provocando distorsiones en el mercado, ya que estas empresas públicas no están sujetas a los mismos requisitos de competencia y procedimientos de licitación, lo que les otorga una «ventaja injusta», sostienen las patronales, que acusan a estas entidades de adjudicarse proyectos que no corresponden a situaciones de urgencia, sino a obras y servicios «que bien podrían ser ejecutados por empresas privadas a través de procesos competitivos y transparentes».

Lejos de asumir las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, el Gobierno está decidido a dar mayor cobertura jurídica a estas empresas públicas para ampliar el ámbito de captación de contratos y evitar los numerosos recursos que reciben las adjudicaciones por parte de las empresas privadas agraviadas. Para las constructoras e ingenierías andaluzas, esta estrategia de la Administración «pone en riesgo la viabilidad de muchas empresas privadas, especialmente pequeñas y medianas, que no pueden competir en igualdad de condiciones».

El Real Decreto que dará esa cobertura jurídica, cuya exposición pública concluyó el pasado 23 de octubre, viene a ampliar a los Ayuntamientos la capacidad para la adjudicación directa de obras y servicios a estas empresas públicas, elevando también al ámbito urbano el radio de actuación de las mismas, flexibilizará la subcontratación por éstas elevándolo sobre el limite del 50% y les dará la posibilidad de hacerse directamente con obras que hayan quedado desiertas modificando precios.

«Se trata de hacerle un traje a medida para estas empresas para consolidar las prácticas ilegales que en la actualidad se vienen dando», opina Ignacio Sánchez de Mora y Andrés, presidente de ASICA, para quien esta estrategia erradica el criterio de eficacia en la Administración, «ya que se adjudica sin valorar más opciones que podrían ser de menor coste y mayor cualificación».

Además, advierte este ingeniero, con esta estrategia, se está alterando en los últimos años el objetivo comunitario de recuperación del tejido empresarial de los fondos Next Generation, ya que el sector público los está redirigiendo a sí mismo.

Las alegaciones presentadas por constructoras e ingenierías andaluzas han contado con el asesoramiento del catedrático de Derecho Administrativo Juan Antonio Carrillo Donaire, y se centran en destacar los aspectos del proyecto de Real Decreto, que ahondaban en los procedimientos que Fadeco y Asica llevan años denunciando como «ilegales».

Entre otras se advierte que no se alude en este régimen jurídico al mecanismo de control «encargo a encargo», exigiéndose que el documento de formalización del encargo acredite, obligatoriamente, la mayor eficiencia, en términos de rentabilidad económica, de la decisión de encargar directamente frente a licitar.

Se reclama una regulación más precisa de las funciones y modelo de representación de la Comisión de Control Conjunto previstas en el proyecto de Real Decreto, pues la propuesta de regulación no garantiza el control efectivo sobre la actividad de Tragsa y su filial como medio propio y de los encargos que recibe; Control efectivo que solo existiría si la Comisión tuviera la función de aprobación previa de los encargos y de control del cumplimiento de estos.

Las patronales exigen la eliminación de la regulación de dos supuestos de presunción de urgencia no previstos en la Ley de Contratos del Sector Público respecto a los cuales, además, no se hace referencia a que la declaración de urgencia, necesariamente, debe estar adecuadamente motivada.

Se añade el carácter irregular de la regulación masiva de las tarifas de aquellos encargos que no están comprendidos en el objeto social de ambas empresas públicas para que, conforme se sucedan los encargos, las tarifas aprobadas abarquen más y más ámbitos de actuación; además de que el método de aprobación y regularización de estas tarifas «especiales», es contradictorio con el procedimiento general de aprobación de estas.

Asimismo, denuncian la ilegal regulación de los convenios de aportación establecida en el proyecto de Real Decreto, por ser contraria al ordenamiento jurídico nacional y comunitario. Es ilegal que una Administración que no controla a Tragsa ni a Tragsatec reciba y pague sus servicios porque otra que sí lo controla le «preste» su medio propio mediante un convenio de colaboración.

Por último se advierte la contradicción que supone permitir sobrepasar el límite del 50% de subcontratación de las prestaciones parciales de los encargos con lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público si no se especifica en el articulado una motivación reforzada.

En definitiva, el l sector de la construcción e ingeniería insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del que dependen Tragsa, a tomar medidas para garantizar «un mercado justo y competitivo, con reglas claras y equitativas, preservando así la salud del tejido empresarial y el empleo en el sector». Y para ello piden que se redefinan los límites de actuación de las empresas públicas «para que su intervención se circunscriba exclusivamente a situaciones de emergencia o necesidades extraordinarias, tal como fue concebido originalmente».