La Justicia española pone punto y final al proyecto inmobiliario Costa Doñana

El Constitucional ha examinado el recurso presentado por las empresas Costa Doñana, Duna Playa y Financiación Básica, y ha decidido no admitirlo por «defecto insubsanable» al no haberlo aportado «una argumentación específica y suficiente», dando por archivada la causa. Sin embargo, la negativa del Constitucional no parará a Echevarría, un empresario que IU vinculó con Felipe González cuando éste era presidente del Gobierno; su cuñado Francisco Palomino; el abogado Jesús Bores y Jacinto Pellón, que después fue consejero de la Expo 92. Echevarría anuncia querellas contra los responsables políticos andaluces que firmaron el acuerdo de intenciones para permutar los suelos, entre otros. Asegura además que acudirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que la permuta se lleve a cabo.

Así las cosas, Juanma Moreno será el quinto presidente de la Junta, después de José Rodríguez de la Borbolla, Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz, que tendrá que decidir si finalmente interesa a la Administración quedarse con esos suelos, ya sea comprándolos o permutándolos. Todo ello cuando el Gobierno central acaba de lanzar un plan de 356 millones de euros para restaurar Doñana, para recuperar fincas y derechos de agua y reconectando la marisma con el río Guadiamar, con el fin de restablecer su dinámica natural, perdida hace 50 años.

Preguntada sobre si está interesada en esos suelos, la Consejería de Sostenibilidad Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, al frente de la cual está Ramón Fernández Pacheco, ha respondido que «hay abierto ahora un procedimiento de deslinde de la zona por parte del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico y hasta que no finalice, la Junta no adoptará ninguna decisión». Los propietarios de las 700 hectáreas aseguran que ese deslinde ya se hizo en el año 2000. A pesar de ello, hace cinco años acusaron a la Junta de Andalucía de «incautar esos suelos al vallarlos sin ser de su propiedad ni tener autorización para ello».

En 2018, cuando José Fiscal era consejero de Medio Ambiente en el Gobierno de Susana Díaz, la Junta estimó que esos suelos valían cuatro millones de euros por tratarse de suelos forestales, mientras que los propietarios estimaban su valor entre 17 y 20 millones. Como no tenía presupuesto para la compra planteó la posibilidad de una permuta, que nunca llegó a puerto.

El origen de este conflictivo proyecto hunde sus raíces en los años 70 del siglo XX, cuando la empresa alemana World Hotel promoción un gran proyecto inmobiliario en esas 700 hectáreas pero terminó tirando la toalla por las trabas que la Junta de Andalucía puso al proyecto. Para salir del embrollo, la sociedad germana vendió los suelos a un grupo de empresas que conformaban Costa Doñana y que habrían pagado 9 millones de euros por ellos.

En 1989 se aprobó el Plan Director Territorial de Coordinación de Doñana, que indicaba que 243 de esas 700 hectáreas podían ser urbanizables programadas pero el resto quedaba como urbanizable de 'protección especial'. Costa Doñana programó entonces invertir 60 millones de euros en esas 243 hectáreas para crear 32.000 plazas turísticas en hoteles y urbanizaciones, un espacio ecuestre, campos de golf, instalaciones para deportes acuáticos...

En 1989 el Pleno del Ayuntamiento de Almonte (Huelva) aprobó el proyecto, pero finalmente volvió a celebrarse otro para anularlo, lo cual fue todo un escándalo político que sacudió al PSOE y que hizo correr ríos de tinta. Un año después, un comité de once expertos creado por la Junta de Andalucía y la Unión Europea emitió un informe desaconsejando la construcción de Costa Doñana en las inmediaciones del parque nacional, lo que fue la puntilla para el proyecto.

Para no pagar indemnización a los promotores de Costa Doñana, la Agencia de Medio Ambiente (AMA) de la Junta de Andalucía, que entonces presidía Fernando Martínez-Salcedo, firmó en 1993 con los propietarios de los suelos un protocolo de intenciones para permutar esos suelos por otros terrenos públicos entre Almonte y Moguer, en la provincia de Huelva. «Nos representó en las negociaciones Antonio Ponce, presidente de la Federación Onubense de Empresarios, porque Manuel Chaves no admitía hacerlo conmigo por temas políticos», explica Salvador Echevarría.

En el desarrollo del acuerdo de intenciones se dijo que a cambio de esas 750 hectáreas, los propietarios recibían 1.400 hectáreas: 750 junto a la aldea del Rocío, en Almonte, y 650 hectáreas en Moguer, desde el parador hasta Mazagón y cerca de la carretera Matalascañas-Huelva, En 1994, Fernández Martínez Salcedo ratificó el acuerdo y valoró en 10.000 millones de las antiguas pesetas el valor de los suelos de Costa Doñana. El propio presidente de la AMA informó del acuerdo de intenciones a los medios de comunicación y en el Parlamento.

En los terrenos de El Rocío, los promotores anunciaron el proyecto inmobiliario de la Ciudad del caballo, mientras que en Moguer diseñaron otro que bautizaron como Castillo de Moguer. Ninguno de esos dos proyectos llegó a ejecutarse porque la permuta sólo se realizó de forma parcial.

En base a ese acuerdo de intenciones, la sociedad Duna Playa entregó 132 hectáreas en Almonte y la Junta le dio 142 hectáreas cerca del parador nacional de Mazagón, en Moguer y limitando con la playa, acuerdo que fue firmado por la Agencia de Medio Ambiente. «Nos hicieron una permuta pequeña de 131 hectáreas que nos hizo creer que la Administración cumpliría con su palabra y por ello las reclamaciones las empezamos demasiado tarde. Todo ha sido un engaño desde el principio hasta el final», asegura Echevarría. Esos suelos fueron finalmente vendidos por Echevarría a Serurbán, una filial de El Monte.

En 2003 se aprobó el Plan de Ordenación Territorial del Ámbito de Doñana (Potad), que dejó sin vigencia la recalificación de suelos por parte del Ayuntamiento de Almonte, quedando los suelos como rústicos, «aunque -dice Echevarría- en el Registro de la Propiedad de Almonte siguen figurando las 700 hectáreas como suelo urbanizable no programado».

Cuando las empresas propietarias del suelo exigieron a la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía el cumplimiento del resto del acuerdo de intenciones, recibió el silencio administrativo, lo que llevó a los dueños de las 656 hectáreas que le quedaban a recurrir ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.

El Alto Tribunal andaluz no admitió en 2019 el recurso por falta de fundamentación suficiente, ya que el acuerdo alegado era un acuerdo de «meros deseos, 'intenciones', dependientes de acontecimientos futuros», añadiendo que quien lo firmó -el presidente de la AMA- no era el órgano competente. Además, explicó en su sentencia que las empresas Duna Playa o Financiación Básica no fueron las firmantes del acuerdo de intenciones de 1993 cuyo incumplimiento se denunciaba.

No contento con esa sentencia, Costa Doñana y las otras empresas propietarias de las 700 hectáreas presentaron un recurso de casación ante el Tribunal Supremo, que tampoco lo admitió a trámite. La negativa espoleó a Echevarría, que pidió amparo al Tribunal Constitucional, que no ha admitido también a trámite el recurso por defecto insubsanable al no haberlo argumentando suficientemente.