Archivada la causa contra el expresidente de Abengoa por la obra del AVE Meca-Medina: no hubo facturas falsas

Mediante un auto dictado el pasado 26 de julio facilitado a ABC, la magistrada Yolanda Rueda Soriano acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de la investigación iniciada el 10 de enero de 2019 por la «inexistencia de indicios de criminalidad». En esta decisión ha pesado un informe pericial encargado por el Juzgado a la empresa Auren Audietores SP, que desmontó los hechos denunciados por la Asociación de Perjudicados de Abengoa. La investigación se centraba en los trabajos de cableado de catenaria para la alimentación del tren AVE La Meca-Medina, la construcción de subestaciones eléctricas y de edificios técnicos para albergar distintos equipos.

El análisis dejaba poco margen a la duda: «No consta que se hayan manipulado los costes incurridos en los proyectos, ni en el margen de la obra, ni del cash flow, ni con el presupuesto inicial». Tampoco ha quedado acreditado «que se hayan imputado costes» de otros trabajos, ni que se hayan hecho provisiones de costes de «obras falsas o incorrectas», ni que se haya utilizado el tipo de cambio para alterar el resultado del proyecto. Los querellantes indicaban que dos facturas emitidas el 30 y 31 de diciembre de 2013 por Nicsa, filial del grupo Abengoa, habían sido simuladas y se dudaba de la prestación de los servicios abonados. El informe pericial lo descarta: «No han sido realizadas para obtener tesorería sino por razones estratégicas de grupo y que no tienen impacto en el resultado de la obra por ser operaciones intragrupo que se eliminan en el proceso de consolidación».

La investigación también trataba de determinar si la empresa se había inventado una provisión atribuida a La Farga, proveedor de cables de cobre y que según sostiene la denuncia habría comprado Inabensa Turquía para que a su vez ésta los vendiese a Inabensa Saudí, una operación triangular que hacía sospechar un supuesto falseamiento contable que los peritos no aprecian. En realidad, según el informe pericial, se realiza así «por razones estratégicas». La auditoría desinfla las pruebas aportadas en la querella: «No hay, en definitiva, irregularidades contables relevantes, no hay fraude económico ni manipulaciones contables, cumpliéndose las normas internacionales de contabilidad como norma general».

A la vista de estas conclusiones, en un escrito remitido al juzgado el 19 de mayo pasado, la Fiscalía de Delitos Económicos apoyó la petición de Felipe Benjumea Llorente, entre otros cargos investigados, para dar carpetazo a la causa puesto que «el resultado de las diligencias de instrucción practicadas hasta la fecha, en especial la pericial contable, lleva de forma necesaria a no dar por acreditada la comisión de ningún ilícito penal».

Así lo cree también el juez que ha dictado el posterior auto de archivo. En su resolución, apela a jurisprudencia del Tribunal Constitucional para levantar las imputaciones que «contengan trazos de genericidad intolerable, que se basen en juicios normativos de tipicidad inconsistentes o en hechos justiciables implausibles».

Había 14 personas imputadas en esta causa que empezó a fraguarse en el año 2018 y que vino precedida de una investigación interna de Abengoa que dio pie a una auditoría que no observó tampoco manipulaciones contables. Además de Benjumea, estaban citados el ex director financiero José Ángel García Quilez y el ex director general de Instalaciones Inabensa SA, filial de Abengoa, Gonzalo Gómez García. Todos ellos han sido exculpados .

En opinión de Juan Carlos Alférez, de Constitución 23 Estudio de Litigación, bufete que ha defendido a varios directivos de Abengoa, la denuncia que dio origen a la investigación «se ha demostrado que no tenía el menor sustento probatorio». Para este abogado, la resolución de archivo está «impecablemente motivada» y fundamentada en una prueba pericial dirimente practicada por un perito designado por el Juzgado, quien descartó cualquier actividad delictiva. «Cuestiones que son meramente civiles y mercantiles no debieren someterse a la jurisdicción penal, el uso instrumental de la jurisdicción penal debiere erradicarse de nuestra práctica forense y en dicho contexto, siempre que se dictan resoluciones como la presente, hemos de congratularnos», afirma.